Luego de decretar la inhibición general de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández por negarse a identificar bienes embargables en la causa por el dólar futuro, el juez federal Claudio Bonadio avanzó ayer un casillero y ordenó la inmovilización de los fondos que ella pudiera tener en cuentas bancarias de todas las entidades del sistema nacional.
El juez basó su decisión en datos reunidos en otra causa que la tiene a la ex presidenta como imputada, la conocida como «Los Sauces». Allí constan pruebas de la existencia de cuentas a nombre de Cristina Fernández -fuere como titular o cotitular- en al menos cuatro entidades bancarias. Ellas son el Banco Patagonia, el Banco Galicia, el Banco Santa Cruz y el Banco Nación.
Pero el juez, criticado y denunciado por la ex presidenta, también quiere saber si tiene cuentas en otros bancos y para ello remitió un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA). El «objeto» es que se cumpla con la misma medida ordenada a los cuatro bancos identificados «en caso de poseer la nombrada productos en otros bancos del sistema financiero del país». Desde ayer, por ejemplo Cristina podrá utilizar sus tarjetas de crédito, pero cuando quiera pagar o debitar el monto del saldo los bancos responderán que las cuentas están bloqueadas.
La ex presidenta estuvo el miércoles en el juzgado a cargo de Bonadio, en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py para notificarse personalmente del procesamiento que se le había impuesto en mayo en la causa por la venta de dólares a futuro por la presunta comisión del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
Al momento de ser notificada del embargo correspondiente, por 15 millones de pesos, dijo no tener benes para «satisfacer» esa decisión de Bonadio. Fue entonces cuando el juez decretó la inhibición general de sus bienes, lo que no incluía cuentas bancarias.
Ayer, a través del Centro de Información Judicial (CIJ), Bonadio difundió aquel decreto del miércoles, que dice así:
«Habiendo comparecido Cristina Elisabet Fernández, quien fue intimada precedentemente por el Oficial de Justicia “ad hoc” de este Juzgado, manifestando no poseer ni dar bienes ni dinero para a embargo, DECRÉTASE LA INHIBICIÓN general de bienes respecto de la nombrada, hasta cubrir la suma de pesos QUINCE MILLONES ($ 15.000.000). A tal fin ofíciese a los Registros respectivos, para que se proceda a la anotación de la presente medida.»
Esa medida afectó, principalmente, a las sociedades comerciales que integra o de las que participa accionariamente la ex mandataria, como las relacionadas con la explotación de los hoteles de su propiedad o de su familia. Pero también a los autos, casas, departamentos, barcos o aviones que pudiere tener a su nombre.
Con esa decisión de Bonadio, que tiene una vigencia de cinco años mientras no se presenten bienes a embargar, la ex presidenta se ve impedida de vender esas propiedades o bienes ni sus acciones en las empresas en las que figura. En su última declaración jurada de bienes al abandonar la Presidencia de la Nación, Cristina Fernández había declarado un patrimonio de más de 77 millones de pesos.
Tal como habían sugerido fuentes judiciales ese día, ayer Bonadio dio un paso más adelante y resolvió «inmovilizar» los fondos existentes en las cuentas de cuatro bancos identificados en la causa «Los Sauces», donde se investiga a la ex presidenta por presunto delito en el alquiler de propiedades a empresarios muy vinculados con su gobierno, como el detenido Lázaro Báez y el también patagónico Cristóbal López.
La resolución también difundida por el magistrado a través del CIJ. Allí recordó Bonadio que la ex presidenta, de acuerdo con la causa «LOs Sauces», «registra productos bancarios, financieros y valores en distintos bancos del país», a los que luego enumera: Galicia, Nación, Santa Cruz y Patagonia.
«Procédase a inmovilizar los mismos», agrega el juez renglón seguido. Y a continuación ordena la medida a esos cuatro bancos, «quienes deberán en el día de la fecha dar curso inmediato a la medida dispuesta, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho», es decir ser procesadas sus autoridades por el delito de desobediencia si no cumplen con lo dispuesto.
Y finaliza su resolución Bonadio con la orden al BCRA para que cumpla la misma medida con los otros bancos o financieras en los que la ex presidenta tenga cuentas o bienes.
Fuente: Clarin