Por partida triple el ex ministro y actual diputado nacional Julio De Vido debió presentarse ayer en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py para ser indagado en dos causas y para ser notificado en otra de su primer procesamiento penal a raíz de su desempeño en la función pública. Pero la peor noticia se la llevó al salir de Tribunales y enterarse que el fiscal Federico Delgado había pedido su segundo procesamiento por el delito de cohecho, es decir por haber supuestamente cobrado coimas.
Delgado acusó a De Vido de haber formado parte de “un pacto ilegal” mediante el cual el gobierno del fallecido presidente Néstor Kirchner decidió “comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes a empresas amigas en conceptos de ‘asesoramiento técnico’ que en realidad ocultaban sobornos”. Fue en el marco de la causa que lo tiene preso al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y que investiga presunto delito en la compra de vagones y locomotoras usadas a España y Portugal.
El fiscal sostuvo que el Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional, lanzado por Kirchner al poco tiempo de haber asumido la Presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 2003, “fue el pacto original que funcionó como una pantalla para justificar el saqueo de las arcas públicas”. Es decir, según Delgado, el objetivo del kirchnerismo no fue la recuperación del ferrocarril sino aprovechar la oportunidad de realizar negocios propios para hacerse de dineros públicos. Por eso no sólo imputó a De Vido por el delito de cohecho -eufemismo legal de las más populares coimas- sino también del de peculado, castigado con hasta diez años de prisión.
El fiscal basó su pedido de procesamiento en los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y lo que dijo en declaración indagatoria el ex asesor “en las sombras” de Jaime, el español Manuel Vázquez. “Jaime no iba al baño sin pedirle permiso a Kirchner y a De Vido, porque lo que decía el Presidente el ministro de Planificación lo acataba”, había dicho Vázquez, hoy con prisión domiciliaria por su estado de salud mientras el multiprocesado y hasta condenado Jaime permanece en el complejo penitenciario de Ezeiza.
De Vido se había presentado más temprano en los tribunales de Comodoro Py junto con un grupo de diputados nacionales kirchneristas identificados con la agrupación La Campora, como Andrés “Cuervo” Larroque y Eduardo “Wado” De Pedro. Al igual que Jaime, a quien responsabilizó por el uso de los fondos destinados por la compra del material ferroviario a España y Portugal, De Vido, ahora diputado, reivindicó la política kirchnerista de haber comprado “más barato” y que el material usado permitiría reactivar los talleres ferroviarios.
Luego de visitar el juzgado a cargo de Sebastián Ramos, para intentar explicar por escrito por qué no cometió delito al no renegociar contratos con empresas concesionarias de servicios públicos -sostuvo que sí lo hizo en 44 de 51 casos-, el ex ministro subió un piso para declarar ante el juez julián Ercollni, también por escrito, sobre las compras de trenes a España y Portugal y dirigirse a la oficina de enfrente, para ser notificado por Claudio Bonadio sobre su procesamiento en la causa por la “tragedia de Once”, donde murieron 51 personas y lo embargaron por $ 600 millones.
Al salir de Tribunales De Vido se enteró de un allanamiento ordenado por el juez Luis Rodríguez en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito a la administración del barrio privado en el que tiene una casa en las afueras de la ciudad bonaerense de Campana.
Por otro lado, ayer De Vido fue “invitado” por el legislador Julio Raffo a renunciar a sus fueros de diputado para que la justicia pueda allanar su casa como parte de las causas abiertas en su contra.
Apelación del procesamiento por la tragedia de Once
Julio de Vido apeló apeló ayer su procesamiento en la causa por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas, mientras la Oficina Anticorrupción fue aceptada como querellante en el proceso que investiga la responsabilidad del ex funcionario kirchnerista en ese hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012.
La defensa del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional apeló por “arbitraria” la decisión que adoptó hace una semana el juez federal Claudio Bonadio.