La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso del fiscal y dejó firme el fallo que había desvinculado de responsabilidad penal a la dirigente radical por el manejo de un subsidio otorgado al municipio chaqueño de Quitilipi.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de la ex diputada nacional Aída Ayala en una causa que investigaba presuntas irregularidades en la entrega de un subsidio nacional al municipio de Quitilipi, en Chaco.
La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia. De esta manera quedó firme el fallo que había absuelto a la dirigente radical y a los otros imputados, Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte.
La investigación se originó en un convenio firmado en 2016, cuando Ayala se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. A través de ese acuerdo se otorgó a la comuna de Quitilipi un subsidio de 998.537 pesos destinado a la compra de herramientas y maquinaria.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el financiamiento habría sido direccionado hacia una empresa proveedora mediante una operatoria irregular que habría provocado un perjuicio económico al Estado.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Resistencia había determinado en julio de 2025 que no se había probado la existencia de un delito y dictó la absolución de todos los acusados. El fiscal del juicio había solicitado una condena de cinco años de prisión para Ayala.
Tras la apelación de la fiscalía, la Cámara de Casación revisó el caso y concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar la responsabilidad penal de los imputados. Los jueces de la mayoría consideraron que la evaluación de las pruebas realizada por el tribunal oral fue razonable y que no se comprobó un direccionamiento deliberado de los fondos.
Aída Ayala, de 72 años, es una dirigente histórica de la Unión Cívica Radical en Chaco. Fue intendenta de Resistencia durante tres mandatos consecutivos y luego diputada nacional entre 2017 y 2021.
En 2024 recibió una condena a tres años de prisión en suspenso en otra causa por irregularidades vinculadas al servicio de recolección de residuos en la capital chaqueña.