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La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del médico Carlos Kambourian, que trabaja en las campañas electorales de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, por haber utilizado fondos del Hospital Garraham para gastos personales.

Kambourian -que actualmente trabaja en Pinamar con Martín Yeza- fue presidente del Consejo de Administración del hospital durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora está investigado por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. También fue procesado el exdirector Administrativo del Garrahan, Alan Norton.

En el fallo, los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah sostienen que Kambourian y Norton «utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al Hospital pero en beneficio propio».

La causa se inició con una denuncia del expresidente del Consejo de Administración del Hospital, Guillermo González Prieto, quien advirtió sobre las irregularidades en el manejo de los fondos de su antecesor. Tras una instrucción de la fiscal Alejandra Mangano, el juez federal Luis Rodríguez procesó a Kambourian.

La Justicia acusa a Kambourian de haberse amparado en la figura de los «gastos de representación, gastos operativos de oficina, actividades protocolares y movilidad», para utilizar indebidamente fondos públicos asignados al desenvolvimiento operativo regular del hospital en exclusivo beneficio personal.

La acusación sostiene que entre mayo de 2018 y enero de 2020 los imputados se valieron de tarjetas corporativas Visa emitidas por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para solventar gastos personales.

En un breve recuento de gastos injustificados, el tribunal citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de algún miembro de su familia, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron «torta de invitación».

«Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto», señalaron los jueces.

El médico del PRO salió a defenderse por redes tras la confirmación del procesamiento y buscó arrastrar a Macri. «En el Garrahan había una caja negra: todos los gastos de las autoridades eran en efectivo. Y yo terminé con eso. Me costó muchísimo: violencia física de forma permanente, me rompieron a las patadas las oficinas. El presidente Macri me apoyó, me dijo que vaya hasta las últimas consecuencias», escribió en Twitter.

Empezó con un genérico informe de gestión y luego vinieron las preguntas centradas en el narcotráfico en Rosario, con una agenda que coincide con la de Juntos por el Cambio.

Aníbal Fernández estuvo este jueves en la Cámara de Diputados para responder preguntas. Fue en la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos. El ministro de Seguridad comenzó con una exposición en powerpoint para mostrar resultados de su gestión durante el 2022. Números genéricos, programas con todo tipo de nombres presuntuosos. Luego de un rato empezó el bullicio y la ofuscación de las y los legisladores presentes, que pretendían hacer preguntas sobre lo que está ocurriendo en Rosario con el narcotráfico.

Las y los diputados de Juntos por el Cambio querían protagonismo más que escuchar el informe y los datos que traía Aníbal Fernández. Insistieron entonces con comenzar la ronda de preguntas. Luego de unos pequeños cruces, el ministro cedió.

Las preguntas de la oposición de derecha se concentraron en debatir en la cancha de la agenda del ministro y el presidente Alberto Fernández: la cantidad de fuerzas federales, el presupuesto destinado a seguridad, tasas de homicidios, los cargos de jueces vacantes, si el gobierno anterior tuvo mejores cifras que este.

Lopez Murphy (JxC) se quejó de la medida de enviar al Ejército, pero porque «van desarmados». El presidente Alberto Fernández anunció que la participación del Ejército será para “tareas de urbanización”.

En la vereda de enfrente, el diputado de la izquierda Nicolás del Caño, cuestionó el anuncio desde la experiencia de otros países y el nuestro. Recordó que cuando intervino el Ejército en México y militarizó el país para supuestamente combatir a los narcos el resultado fue peor: 350.000 asesinatos y 72.000 desaparecidos. “¿Cuál es el fundamento para decir que el Ejército no va a ser corrompido por el narcotráfico?” le preguntó a Aníbal Fernández a propósito de casos de gendarmes detenidos por estar vinculados al delito organizado. Agregó: “¿Por qué ahora sería distinto si es la 8° vez desde el 2014 que se envían fuerzas federales y no bajó la criminalidad?”.

El ministro eligió no meterse a responder sobre estos fracasos y experiencias planteados por la izquierda. Fue la manera de coincidir con lo que pedía Juntos por el Cambio: centrar el debate casi exclusivamente en reforzar con más presencia policial y de fuerzas federales. Casi como un slogan electoral que se repite a los dos lados de la grieta, desde Patricia Bullrich hasta Daniel Scioli. Y eso aunque sean las propias fuerzas de seguridad quienes han terminado involucradas en el negocio narco. Hay comisarios y gendarmes presos.

Cristian Ritondo (JxC) le preguntó “¿qué podemos hacer para colaborar en el Congreso?”. Aníbal Fernández aprovechó para pedir por la ley de prevención y control de lavado de activos. La misma que había pedido Sergio Massa para cumplir con recomendaciones de organismos internacionales y el pedido del propio FMI. Se había empezado a debatir su actualización a fines del 2022, pero se trabaron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por la disputa judicial que se agudizó y algunas diferencias sobre la Unidad de Información Financiera.

Aunque es de hace varios años, ya existe una ley de control de lavado de activos, pero no pareciera que se esté utilizando mucho para combatir al narcotráfico. Aníbal Fernández reconoció en varias de sus respuestas que “la cocaína se paga en dólar billete”, así como la necesidad de buscar “la ruta del dinero”. Una frase que quedó vacía cuando tuvo que responder sobre nombres propios.

Fue Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, quien puso sobre la mesa nombres. “En septiembre de 2022 se encontraron 1.300 kg de cocaína en Terminal Puerto Rosario, donde Vicentin es una de las propietarias. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué van a hacer con los 200 puertos privados que hay en esa zona?”. En el mismo sentido denunció: «¿Por qué los puertos siguen siendo privados y no se nacionalizan? Porque esas empresas son las que tienen el poder para que entre y salga cualquier cosa del país”.

El ministro de Seguridad tomó la pregunta para decir una generalidad: “Lo están analizando los especialistas, nuestros investigadores sostienen que es el camino del estupefaciente. Queremos meternos mucho más”.

Es curioso que hayan estado tantos años para sacar una conclusión tan elemental. Del Caño apuntó, además, contra las “inmobiliarias, constructoras, bancos, financieras, el agron”; los negocios legales por donde circula el dinero del narcotráfico.

El diputado santafesino Enrique Estévez (socialismo), sí mencionó los 800 km de Hidrovía y las rutas nacionales que conectan con países fronterizos, pero se concentró sobre todo en los cambios en el sistema judicial de la provincia. Este miércoles avanzaron los acuerdos entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal para dictaminar sobre un proyecto que deje sentada las bases para que Santa Fe avance en la implementación del sistema acusatorio que agilizaría las causas separando las tareas de investigación (fiscales) y sentencia (jueces). Puede ser el tema para una próxima sesión «de consenso» en la Cámara Baja.

Aníbal Fernández se vio obligado a responder sobre la desaparición de Julio Lopez y el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillan, a partir de la intervención de Myriam Bregman. La diputada del PTS-FITU sostuvo: “Seguimos exigiendo justicia por Maxi y Dario y porque hace 16 años nos dijo que Julio Lopez podía estar en la casa de la tía o abajo de un puente. Y no. Sigue desaparecido, ministro”. Romina del Plá, también diputada del FITU, le recordó además su rol como funcionario, cuando la Policía liberó la zona para que actúe una patota matando a Mariano Ferreyra.

Sobre Kosteki y Santillán, el ministro se deslindó, afirmando “yo estaba fuera del país” y “solo leí un parte que escribió otro”. Lo mismo repitió sobre Mariano Ferreyra. Al turno de responder sobre Julio Lopez, miró a Del Caño y le dijo “por lo que dijo su compañerita”, en referencia a Myriam Bregman que había dejado la sala con aviso. El murmullo no tardó, Del Caño le gritó que estaba hablando de la abogada de Julio López, y el ministro tuvo que pedir disculpas y corregirse: “Su compañera”. Pero evitó hablar de sus desafortunados dichos de aquel entonces. Solo se excusó, afirmando que investigaron como siempre.

Myriam Bregman también apuntó a los servicios de inteligencia: “Habló mucho de inteligencia ministro, y hay un órgano de inteligencia, el cuerpo de informaciones de la Policía Federal. Conocidos como Los Plumas. No se les conoce haber descubierto a ningún narco, pero sí mucho espionaje político”. Recordó que el próximo martes comienza el juicio oral por un espía de ese cuerpo, Américo Balbuena.

Fue curiosa la respuesta de Aníbal Fernández: “No existe eso de Los plumas. Eso del espionaje es del siglo XVI, nosotros solo tenemos inteligencia criminal”. Se escuchó la voz de Nicolás del Caño que le recordó el “Proyecto X”, el espionaje de gendarmería sobre la protesta social y organizaciones sociales y sindicales. Una fuerza de seguridad recordada por el “gendarme carancho”. La misma que ahora muchos vuelven a insistir que sería la solución al problema del narcotráfico en Rosario.

El camarista Eduardo Farah, cercano al kirchnerismo, dispuso que la causa donde se investiga al viaje al Lago Escondido de un grupo de jueces, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y exagentes de inteligencia deje de tramitarse en la justicia federal de Bariloche y pase a los tribunales de Comodoro Py, como pretendían los involucrados.

El juez de la sala II de la Cámara Federal porteña hizo lugar a un planteo realizado por el juez del fuero penal económico Pablo Yadarola, uno de los integrantes de la comitiva que se hospedó en la estancia del magnate Joe Lewis.

Ese viaje salió a la luz a partir del hackeo del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo ‘Alessandro. A partir de esa maniobra, se difundieron los chats de un grupo conformado por los viajeros, que comenzaron a diseñar estrategias para ocultar que les habían pagado el viaje y el hospedaje, lo que podía configurar el delito de dádivas.

La causa había recaído inicialmente en la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, que en principio no movió el expediente, pero a partir de la filtración de los chats empezó a profundizar la investigación y en diciembre imputó a los participantes del viaje.

Pero ahora los involucrados en el viaje a Lago Escondido, que temían ser llamados a indagatoria en Bariloche, lograron que el expediente pase a Comodoro Py, donde la mayoría de los integrantes del grupo conocido como «Los Huemules» tiene gran influencia. Pero además en los tribunales de Retiro ya hay un antecedente muy fuerte en contra de promover una causa basada en pruebas obtenidas mediante espionaje ilegal, en la denuncia derivada de los chats de D’Alessandro y el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles.

Lo paradójico es que el beneficio lo terminó concediendo un juez como Farah que supo ser muy cercano al kircherismo y que durante el gobierno de Mauricio Macri terminó pidiendo el traslado de su cargo de camarista a un tribunal de primera instancia, denunciando presiones del Gobierno. Farah era apuntado por el macrismo por haber firmado la liberación de Cristóbal López. Recién en diciembre de 2020 y a partir de un fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de jueces, Farah pidió su regreso a la Cámara.

Farah justificó su decisión afirmando que «todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito» de la Ciudad de Buenos Aires, como también «todos los asuntos que, conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante» en la capital. «Si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí», agregó. 

El camarista aseguró que «a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado», en línea con lo que había sostenido el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe. «En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio», sostuvo Agüero Iturbe.

Además de los mencionados Yadarola y D’Alessandro, en el viaje también estuvieron los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el publicista Tomás Reinke.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron el pedido de juicio político que el presidente Alberto Fernández impulsa contra los jueces de la Corte Suprema. Consideraron que no se cumplen los requisitos constitucionales para avanzar contra los ministros del alto tribunal y que la iniciativa es un hecho de gravedad institucional que atenta contra la independencia judicial.

Las dos asociaciones destacaron que el Gobierno busca destituir a los ministros de la Corte por su disconformidad con el contenido de los fallos que dictaron y por las supuestas comunicaciones -no verificadas, coinciden- entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte.

El Colegio Público, presidido por Ricardo Gil Lavedra, dio a conocer un comunicado en el que manifestó su “profunda alarma por el deterioro institucional” que implica este pedido del Presidente y un grupo de gobernadores, y afirmó que la propuesta “no cumple con la Constitución”.

“La manera en que los jueces deciden los casos que se les llevan -afirmó el comunicado- nunca puede ser motivo de mal desempeño para apartarlos de su cargo, pues si así fuera estarían siempre condicionados en la interpretación y aplicación del derecho, para tratar de agradar a quien tiene la potestad de removerlos.”

“Es lisa y llanamente inadmisible sostener el pedido de remoción en la discrepancia acerca de la interpretación de normas de la Constitución Nacional, pues precisamente la Corte Suprema es el único y exclusivo órgano al que le compete esa función”, afirmó el documento del Colegio Público. Y sostuvo: “Además, la total ausencia del indispensable consenso político resta toda seriedad a la iniciativa que parece perseguir un propósito censurable, exponer públicamente a los miembros de la Corte al trámite de investigación de la Comisión, lo que traerá aparejado un innecesario desgaste institucional y socavará la independencia de los jueces”.

El Colegio de la Ciudad, en paralelo, exhortó al Congreso de la Nación a rechazar el planteo del Presidente y sostuvo: “El juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar la función pública debido a faltas graves, debidamente comprobadas y en la medida en que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, o crímenes comunes, en el marco del art. 53 de la Constitución Nacional. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es menoscabada cuando las autoridades del gobierno de turno promueven la remoción de jueces, al margen de las causales que lo habilitan, porque no comparten las decisiones que ellos toman en el marco de casos concretos”.

En su comunicado, el Colegio de la Ciudad recordó su intervención en otro caso que resolvió la Corte el año pasado. En esa línea, argumentó: “Para comprobar que estamos ante una nueva agresión a la independencia de la rama judicial es suficiente advertir que no se invoca ninguna de las causales mencionadas por el citado art. 53. Por el contrario, una de las principales causas de remoción que se esgrime para fundamentar el pedido de remoción de los jueces de la Corte Suprema es el haber dictado sentencia en la causa ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento’ (Fallos: 344:3636). Dicha decisión, adoptada en una causa iniciada por este Colegio en el año 2006, es ajustada a derecho, y es compatible con sentencias anteriores pronunciadas en casos análogos por la propia Corte Suprema y por otros de tribunales extranjeros de diversos países del mundo, especialmente de los Estados Unidos”.

“Pretender que los jueces sean removidos por dictar un fallo justo porque el Gobierno lo considera inconveniente es incompatible con el Estado de Derecho y constituye una afrenta directa a nuestro sistema constitucional. Además, es una muestra de una clara vocación autoritaria en la medida en que se busca conmover la estabilidad de jueces que se limitaron a cumplir su deber, al hacer respetar la Constitución que había sido violada por la ley 26.080. En idéntico sentido, la pretensión de remover a los jueces de la Corte Suprema por el dictado de una medida cautelar en el marco de la causa iniciada por el gobierno de la CABA constituye un despropósito institucional que, una vez más, violenta la división de poderes y la independencia de la judicatura. Esa medida cautelar fue recurrida a instancias del Presidente de la Nación y la revocatoria presentada, junto con la recusación de los cuatro ministros de la Corte, se encuentra en pleno trámite. En ese contexto, la presentación de un pedido de juicio político, mientras se encuentra pendiente el tratamiento de un recurso contra la medida, es un intento de presión grave y directa sobre los jueces. Se trata de una maniobra condenable ya que es impropia de un Estado de Derecho e implica un verdadero alzamiento contra un poder creado por la Constitución Nacional”, continuó.

Finalmente, instó a los gobernadores a dar marcha atrás con el respaldo al Poder Ejecutivo en este pedido para remover al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Resulta también preocupante que se intente remover al Presidente de la Corte Suprema, quien además es Presidente del Consejo de la Magistratura, por supuestos intercambios de mensajes de un colaborador suyo, que no lo involucran directa y personalmente al Ministro y que, por otro lado, son actualmente objeto de investigaciones en sede penal. Hechos de esa naturaleza, utilizados livianamente sin aguardar los resultados de la investigación en curso, se erigen en un nuevo atropello a las instituciones de la república. La independencia del Poder Judicial, y en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de ese poder del gobierno federal, resulta imprescindible para respetar la vigencia de la estructura institucional que impone la Constitución Nacional, así como para proteger los derechos, garantías y libertades que corresponden a todos los habitantes de la República Argentina. Sería edificante que el Presidente y los gobernadores que con él firman la solicitud de juicio político depongan sus ataques a la Justicia y demuestren a la sociedad que ellos también están sometidos al imperio de la ley y acatan sin restricciones las decisiones judiciales”.

Juez y Parte 22-12-2022

Juez y Parte 17-11-2022

Juez y Parte 27-10-2022

El Diputado Nacional Jorge Enríquez pide la remoción de la diputada Fernanda Vallejos y la derogación de la ley previsional vigente. He presentado un proyecto de exclusión de la Cámara de Diputados de la diputada Fernanda Vallejos, por inhabilidad moral sobreviniente en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional. Las palabras pronunciadas por esa legisladora en unos audios que tomaron estado público son de una gravedad inusitada, no sólo por su lenguaje soez, impropio de quien ejerce una función pública relevante, sino por el grado de cinismo que exhiben al revelar que sus discursos públicos de defensa del gobierno eran opuestos a lo que verdaderamente pensaba y por la inmoralidad de reconocer que votó una ley previsional a sabiendas de que perjudicaba enormemente a los jubilados. No hacía falta que ella lo dijera para saber que así es, pero ante ese reconocimiento infame he presentado junto a los diputados Juez, Ritondo, Wolff; entre otros, un proyecto de derogación de la actual fórmula de movilidad y el restablecimiento de la anterior, notoriamente más favorable a los beneficiarios previsionales. La permanencia de Vallejos en la Cámara de Diputados sería un escándalo que afectaría la credibilidad del Poder Legislativo y socavaría todavía más la confianza pública en las instituciones. También lo es la permanencia de una norma previsional deliberadamente destinada a hambrear a los jubilados.