Luego de tener que dar explicaciones esta semana ante el Consejo de la Magistratura por la vieja denuncia que pesa en su contra por la detención que ordenara a la Policía respecto de una prosecretaria letrada del tribunal, el juez Juan Carlos Gemignani renunció este viernes a continuar al frente de la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal.
La dimisión, sin dar expliciones ni motivos y en apenas dos líneas, fue aceptada por sus pares y a partir del lunes la presidencia del máximo tribunal en materia penal del país será ocupada por Carlos Mahiques, electo a fines del año pasado por sus colegas como vicepresidente 1° para el período 2019. Ahora este lugar será ejercido por Daniel Petrone, elegido a fines del año pasado como vicepresidente 2°.
Fuentes judiciales explicaron a Juez y Parte que el paso al costado dado por Gemignani fue decidido tras gestiones realizadas por algunos de sus pares antes de la reunión con sus colegas en los que se trataría su situación y a la que llegaría sin el respaldo necesario para sostener su posición.
Gemignani, que ahora regresará a su puesto natural en la sala IV de la Casación Federal, se había defendido por escrito el miércoles ante la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que lo había citado para ejercer su defensa en una vieja denuncia de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por la detención transitoria de María Amelia Expucci.
La prosecretaria se había negado a realizar un inventario de una serie de elementos existentes en una sala en la que precisaba Gemignani realizar una audiencia y al descubrir una pantalla de televisión que había sido remitida por el el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para asistir al tribunal. Gemignani sostenía que eso podía constituir una suerte de influencia sobre el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, sobre el tribunal ante el que él estaba involucrado en diversas causas.
La investigación contra Gemignani, sobreseído en una causa penal por este tema, fue reactivada en el Consejo por la senadora radical Inés Brizuela y Doria a partir de la incorporación de la figura de «violencia de género», lo que fue negado por el magistrado.
Lucio Fernández Moores