La denuncia de la semana: la agenda de Pandora
Las visitas al Presidente en cuarentena dura, a la luz pública y bajo la lupa judicial.
El final de la presentación hizo desistir de su publicación la semana pasada apenas leída, sobre todo al pensar en un eventual rápido archivo judicial por desánimo del juez al que le tocara el caso ante las palabras allí utilizadas. En definitiva, otra denuncia contra un Presidente en ejercicio de su cargo a partir de una publicación periodística y con un remate quizás innecesario y prejuicioso. Pero a la luz de la repercusión del caso, el fondo de la discusión, el anclaje en datos de registros públicos oficiales y las respuestas posteriores desde altos estamentos del Poder Ejecutivo y sus candidatos electorales, cambiamos de idea y la publicamos, por más olor de campaña electoral que tenga y que fuera hecha en plena feria judicial de invierno.
Críticas de los jueces por una nueva idea presidencial
La federación que los nuclea acusó a Fernández de debilitar su independencia.
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) expresó este domingo su «categórico desacuerdo» con la opinión pública del presidente Alberto Fernández sobre la duración del mandato de los magistrados al acusarlo de debilitar con sus palabras la independencia judicial y «sembrar dudas» sobre las garantías establecidas en la Constitución Nacional en torno a sus funciones. La FAM se convirtió así en la más rápida voz institucional contra el nuevo comentario presidencial sobre un paño que se supone conoce bien de cerca y que ya generó más de una vez al menos sorpresa en su mandato, sobre todo en el mundo del Derecho.
¿Precandidatos con antecedentes penales?
Gollan y otros de la lista oficialista tienen legajos en el Registro de Reincidencia.
La noticia que dio vueltas fue que el segundo precandidato a diputado nacional en la lista oficialista del Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, el hasta esta semana ministro de Salud en ese distrito Daniel Gollan, no reunía los dos años de residencia mínimos en ese territorio exigidos por ley para su postulación. Un problema que, según sus voceros, se encuentra en vía de solución y que también alcanza a otros referentes de la oposición, valga la aclaración. Sin embargo, en el mismo informe actuarial de la Justicia Electoral consta que tanto él como otros nueve postulantes de su agrupación «tienen legajos en el Registro Nacional de Reincidencia», según pudo constatar Juez y Parte. Esto significa que alguna vez debieron «tocar el pianito», como le dicen en la jerga judicial/policial al proceso de registro de huellas dactilares. Y aquí el problema de Gollan sí que se resolvió en tiempo y forma.
Samid y su condena: de carne somos (¿o éramos?)
El matarife ya no tendrá salidas laborales tras ser descubierto en una parrilla.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 (TOPE1) revocó este martes el permiso de salidas laborales que le había otorgado el año pasado al mediático empresario matarife Alberto Samid luego de ser descubierto una semana atrás en una parrilla por comensales informados de su condena a cuatro años de prisión por evasión de impuestos e indignados con su libertad. Pese al pedido de la fiscalía y la querella el tribunal decidió mantenerlo con el régimen de prisión domiciliaria y no devolverlo a la cárcel en virtud de su estado de salud.
Denunciaron a Macri por omisión maliciosa en su DDJJ
Es por las acciones de una firma agropecuaria y el «fideicomiso ciego».
El ex presidente Mauricio Macri fue denunciado penalmente este jueves por la gubernamental Oficina Anticorrupción (OA), a cargo del fiscal Félix Crous, a partir de una investigación presentada ante ese organismo por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por presunta «omisión maliciosa» de datos en la primera declaración jurada de bienes que debió presentar al asumir la Presidencia de la Nación. La denuncia está relacionada con presuntos delitos en la constitución del llamado “fideicomiso ciego” creado por el ex presidente para deslindar sus negocios como empresario de su actuación en la función pública al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en diciembre de 2015.
¿Fumata blanca para postergar las elecciones?
Este lunes saldría el decreto de las PASO con la fecha original pero luego habría ley.
Todo se encamina a que la edición de este lunes próximo del Boletín Oficial incluya el llamado a convocatoria del Gobierno a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para agosto por el inexorable cronograma electoral que la Justicia puso en marcha en tiempo y forma. Pero eso será pour la gallerie, según pudo saber Juez y Parte. Esta noche oficialismo y oposición acordaban el envío de un proyecto de ley posterior por parte del Poder Ejecutivo para modificar esa fecha y llevarla un mes adelante y, por ende, la de la elección posterior para cargos legislativos. Así, de cumplirse con lo acordado, las PASO serán el 12 de setiembre y no el 8 de agosto original, y las generales, el 14 de noviembre y no el 24 de octubre.
La denuncia del día: Rosario Lufrano y unos gastos
Pidieron investigar si hizo compras para ella con dinero público.
Hemos escrito en esta sección ya varias veces sobre los denunciantes «crónicos» o habituales de los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py. Pues uno de ellos, Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, pidió este jueves investigar a la titular de la estatal Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTE), la periodista Rosario Lufrano, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y defraudación en perjuicio de la administración pública. Es por una serie de gastos personales que habría afrontado el año pasado supuestamente a costa de las arcas públicas y revelados el miércoles por el también periodista Eduardo Feinmann en el canal de televisión La Nación+.
El largo trecho entre lo primero dicho y luego no hecho
El presidente Alberto Fernández habilitó el regreso del juez Farah a Comodoro Py.
En la quiniela el 53 significa «el barco». El presidente Alberto Fernández parece embarcado en una travesía que dijo no haría. Esto es la influencia de los servicios de inteligencia en la Justicia. Lo afirmó al asumir el cargo hace más de un año, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso el año pasado y varias veces más y a través de diversos medios. Pero ya se conocen los dos refranes populares. Del dicho al hecho hay mucho trecho y ya ha pasado mucha agua bajo el puente.
Vacuna rusa, Coca-Cola yanqui o el secreto de sus dosis
El secretismo sobre la Sputnik-V parece de película y en exceso para una fórmula.
No es la fórmula de la Coca-Cola aunque también se entiende al tratarse de una solución a la muerte en una lucha geopolítica comercial para mitigar una pandemia que ya lleva un año declarada como tal. Pero el secreto alrededor de la llamada «vacuna rusa» contra el coronavirus Covid-19 pareciera exceder el sentido común y pasar al campo del secretismo. Al menos en este blog la saga inició con el precontrato entregado a la Justicia bajo siete llaves por un laboratorio en concurso de acreedores y que aún no está del todo claro si permanece en el negocio. Pero luego escaló a pedidos de informes al Poder Ejecutivo en el Legislativo y hasta denuncias penales en Comodoro Py.
La denuncia del día: la Procelac vs los Calcaterra
Esta vez no adjuntaremos la denuncia, como solemos hacer, no solo por no tenerla sino por razones «procesales», ja. No sea cosa de advertir a los denunciados, según nos explicaron las fuentes con absoluta lógica. Le tocó al juzgado a cargo de Daniel Rafecas, el procurador general propuesto al Senado por el presidente Alberto Fernández pero aún trabado en los devenires de la política. Con intervención del fiscal Federico Delgado. Sí, se trata del primo del ex presidente Mauricio Macri, Angel Calcaterra. Es el principal denunciado y por eso llamó nuestra atención.
La denuncia del día: contra todos los jueces de la Corte
La presentó un abogado por lo de Boudou y los magistrados trasladados por Macri.
Una semana después de la carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con fuertes cuestionamientos a la Corte Suprema, un abogado no conocido en el «mundo Comodoro Py», Tomás Pérez Bodria, ex concejal justicialista en Pilar, presentó una denuncia penal contra los cinco jueces del máximo tribunal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento.
Alberto Maques y la Justicia porteña
El presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Maques, renovó días atrás su cargo por decisión de sus pares y dialogó con Juez…
AFIP había desistido de su reclamo a CFK en julio
Era por una deuda de Ganancias y esta semana avaló su denuncia de persecución.
En algunos medios se lo presentó como una nueva denuncia. En realidad se trataba de la vieja demanda planteada en febrero por la en aquel entonces flamante vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en sede administrativa y de un escrito presentado en sede judicial. Lo había hecho en su domicilio fiscal, jurisdicción del juzgado federal de Río Gallegos, porque allí la había demandado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la sede central de este organismo, que lo transformó inmediatamente en una denuncia penal ante los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py. La novedad es que ahora el organismo recaudador de impuestos llevó las conclusiones de su investigación interna a los tribunales de Retiro y de esa manera amplió su presentación inicial. Se acusa por «hostigamiento» a las autoridades de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri en perjuicio de la ex presidenta. Lo que no se dijo, ni antes ni ahora, es que entre una cosa y otra, hace tres meses, la actual conducción de la AFIP desistió de aquel juicio -una ejecución fiscal- planteado por el mismo organismo en la Patagonia en 2019.
Gil Domínguez, Corte, CFK y Alberto: «son vías distintas»
El miembro de la «comisión Beraldi» trazó diferencias entre el Presidente y la vice.
Aunque a la luz de los hechos posteriores quizás pueda pensarse algo distinto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, trazó diferencias procedimentales entre la propuesta de la comisión que asesoró al presidente Alberto Fernández sobre reformas en el Poder Judicial y la carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con fuertes cuestionamientos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al sistema en sí.