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Fue condenado por hostigar sistemáticamente en redes sociales a la periodista Marina Abiuso. Deberá realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de formación contra la violencia de género. Se trata de su segunda condena: el mes pasado había recibido otra por discriminación.

El mismo youtuber y tuitero quien solicitó la probation y se ofreció a cumplir con las tareas comunitarias, además de realizar un taller sobre Género y Violencia Intrafamiliar del Programa de Educación en Derechos Humanos. Así evitó la elevación a juicio.

En el fallo, la justicia porteña, además, le prohibió al condenado nombrar a Abiuso por cualquier medio, lo que abarca redes sociales, teléfono, carta, pancarta o incluso a través de terceras personas. Danann también tiene prohibido acercarse o tener cualquier tipo de contacto con la comunicadora.

El hostigamiento se llevó a cabo principalmente en X (ex Twitter), desde cuentas de influencers o perfiles anónimos con numerosos seguidores, cuya tarea fue replicar el contenido. Gorostiaga, por ejemplo, la instó a “callar la boca” respecto del crimen de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa.

De esa manera, Danann se convirtió en uno de los principales autores de una campaña que tuvo por objeto desacreditar públicamente y silenciar a la periodista, una referente de las agendas que promueven la igualdad y que por entonces era editora de Género en un canal de noticias. A partir de ello, Abiuso comenzó a recibir amenazas de violación y de muerte.

“Este caso se inserta en un contexto local de una escalada de discursos que incitan a la violencia y a la discriminación hacia periodistas que cubren las agendas de género y diversidad, con el propósito de deslegitimar y silenciar a las principales voceras de estas agendas, generando un profundo deterioro del debate público”, señaló Amnistía Internacional Argentina, tras conocer la resolución judicial.

“Este precedente contribuye a enviar el mensaje de que la violencia de género en redes no es tolerada. Se deben adoptar medidas reparadoras para que mujeres, niñas y adolescentes del país puedan confiar en la Administración de justicia y se atrevan a denunciar”, agregó la ONG.

Al igual que Amnistía Internacional Argentina, otras entidades, como la Agencia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), manifestaron públicamente su rechazo al escrache, las acusaciones falsas y el hostigamiento hacia Abiuso.

Desde la ONG alertaron que esta modalidad de violencia, que afecta principalmente a mujeres y diversidades con voz pública, se caracteriza por ser continua y sistemática, perdurar en el tiempo indefinidamente, dada la imposibilidad de borrar por completo la huella digital, con consecuencias que pueden ser devastadoras para las personas que la padecen.

Si bien las acciones se iniciaron a través de redes sociales, estas tienen su correlato en la vida pública. “Marina Abiuso ha tenido temor de salir a la calle y hablar públicamente, y el hostigamiento sistemático en redes ha afectado su desarrollo profesional, su salud mental y su libertad de expresión. Es por ello que la periodista decidió cerrar su perfil de X y autocensurarse, pese a que las plataformas sociales son un espacio fundamental para difundir y amplificar su trabajo como comunicadora”, resaltaron las consecuencias desde la organización.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que el país, junto a la crisis económica y social, “tiene una alta tasa de pobreza inmoral” e incertidumbre en tribunales sobre las leyes a aplicar por el mega DNU del presidente Javier Milei.

Gil Lavedra señaló que “hay una palabra que resume todo esto: Incertidumbre. Incertidumbre sobre lo que nos va a ocurrir el día de mañana, y también incertidumbre acerca de cuál es el régimen jurídico aplicable”. ´

“El gobierno nacional está impulsando cambios profundos votados por gran parte del pueblo, pero -hasta ahora- no encontró los instrumentos jurídicos adecuados para plasmarlo”, analizó.

“Esto lleva a que al día de hoy -en muchos casos- no se sepa qué está vigente y qué no. Las discusiones de todos los días, qué pasa con las normas del DNU, (algunas están, otras no están, hay cautelares, etc). Proyectos que no sabemos si van a plasmar o no. En estas circunstancias tan difíciles, las controversias tampoco ayudan a establecer previsibilidad”, alertó.

Lo dijo al trazar un balance de los 640 días que lleva al frente de la institución que nuclea a los profesionales del Derecho, en el reinaugurado salón restaurante del primer piso de Corrientes 1441, y ante una concurrencia que superó las cuatrocientas personas.

El excamarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura agradeció –en primera instancia- a todos sus compañeros de la lista Unidad, y tuvo un especial párrafo de reconocimiento para el personal de la institución que acompañó el acto.

Gil Lavedra confesó que se trató de su primera experiencia al frente del Colegio. “Cuando nos hicimos cargo, estaba cerrado, abandonado, sin organización, sin estructura, con superposición de funciones”, relató. “Hemos atravesado, y estamos atravesando una crisis económica fenomenal, y que hayamos podido realizar todas estas obras en este lapso demuestra una administración súper eficiente de los recursos”, subrayó.

Frente al escenario planteado, reiteró que “es muy importante la tarea de los jueces y de los abogados”. “Este es un momento en la Argentina, en que -como nunca antes- hay que fortalecer la independencia de la justicia, para que pueda convalidar lo que hay que convalidar o que invalide lo que haya que invalidar”, subrayó.

En este sentido, añadió que “el abogado, que es por lo más un auxiliar de la justicia, cumple una tarea central. Nuestra herramienta de trabajo es la ley, es nuestro instrumento de tarea diariamente”. “Y los abogados y las abogadas somos los primeros defensores del Estado de Derecho y de la garantía de todos los habitantes”, agregó.

En un tono más íntimo, el presidente del CPACF sostuvo que “nos corresponde a nosotros también garantizar la vigencia de todos estos grandes principios”. “Lo que le da integridad, lo que le da estabilidad a una sociedad es la vigencia de la Constitución y las leyes, porque esas son las que marcan los límites, las que trazan el rumbo, las que ponen el camino dentro del cual se debe desenvolver cualquier política de gobierno”, puntualizó

Finalmente, Gil Lavedra aseguró que “el Colegio que viene tiene que ser un Colegio serio, profesional, prestigioso, que defienda las incumbencias como lo hemos hecho nosotros, y que defienda también la Constitución y la ley”. Subrayó que “no es tiempo para aventuras personalistas de poca monta o regresar al pasado”. “Tenemos que continuar este sendero. Y el desafío sigue siendo enorme”, concluyó el excamarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura.

Entre el numeroso público, se entremezclaron la consejera de la Magistratura, Jimena de la Torre; el ministro del gabinete porteño, Roberto García Moritán; la titular del Tribunal Superior de Justicia local, Inés Weinberg, y sus colegas, Luis Lozano y Marcela de Langhe; y los consejeros de la Magistratura porteños, Rodolfo Ariza Clerici, Javier Concepción, y Lorena Clienti. También estuvieron el juez Mariano Borinsky, y el decano de Derecho UBA, Leandro Vergara.

También pudo verse al presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle; el exministro de Justicia, Germán Garavano; y el exsecretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas.

El Gobierno de la la Ciudad de Buenos Aires presentó en las últimas horas una denuncia penal para que se investiguen los incidentes y destrozos provocados en las inmediaciones del Congreso de la Nación tras la aprobación de la Ley Ómnibus. Así, se buscará individualizar a todos los responsables, más allá de las personas que resultaron detenidas.

La presentación fue realizada por los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y su par de Seguridad, Waldo Wolff, por pedido del jefe de Gobierno, Jorge Macri, ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El mandatario pidió en sus redes «hacerles pagar por los daños que causaron y seguir los procesos penales correspondientes».

“Dijimos que íbamos a iniciar la denuncia y lo hicimos. Les reclamaremos el costo de todos los daños porque no vamos a permitir que unos pocos vándalos y delincuentes destruyan la Ciudad”, aseguró de manera enérgica el actual Jefe de gobierno porteño.

En la presentación, los funcionarios instaron al fiscal a que promueva la correspondiente investigación penal preparatoria y se dispongan todas aquellas medidas conducentes para el esclarecimiento del hecho y la identificación de sus responsables.

En tanto, Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad, sumó: «Solicitamos se investigue la comisión de los delitos y contravenciones cometidos el día 2 de febrero del año en curso y se identifique y sancione a sus responsables”.

Según precisó la denuncia presentada este sábado, se “vandalizaron diversos bienes públicos de la Ciudad, se prendieron fuego vallas de madera sobre la vía pública, como así también tachos y contenedores de basura, se rompieron baldosas de las veredas, para así arrojar objetos contundentes al personal policial”, consignaron en el escrito.

Además, se “obstaculizó la circulación vehicular, se agredió de diversas maneras al personal policial y de otras fuerzas de seguridad que se encontraban abocados a la tarea de asegurar el orden público, y se obstaculizó la salida del edificio del Congreso de diversas personas».

Y se agregó: «Todo ello puede fácilmente observarse en las diversas fotografías y filmaciones que, respecto de lo ocurrido, han aparecido en varios medios de comunicación”.

Además, en dicha presentación se solicitó que a “medida que sean identificados los responsables de los diversos hechos ilícitos que son objeto de esta denuncia, se les formule la correspondiente intimación de los hechos. Y, a su vez, que se haga saber fehacientemente su identidad a los presentantes, a los efectos de poder iniciar los reclamos pecuniarios pertinentes en razón de las diversas afectaciones al erario público de la Ciudad que han provocado sus conductas”.

A través de un posteo en sus redes sociales, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad nacional informó que eran 18 las personas detenidas y advirtió: «Vamos a ir a fondo en la causa, investigar a cada uno de los involucrados y pedir la expulsión de los dos chilenos partícipes de este desastre. El que las hace, las paga», consignó.

En la publicación, detalló que hay dos chilenos involucrados en los desmanes, uno de ellos con antecedentes de violencia en su país, y que pedirán su deportación.

Los hechos de mayor vandalismo se registraron horas después de que los diputados dieran media sanción a la Ley Ómnibus, discutida durante varios días en el Congreso.

Los costos para la Ciudad, más de 100 millones de pesos

Según informaron funcionarios de la Ciudad, «la limpieza, reparación del mobiliario urbano y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación, implica un costo para la Ciudad de $106.890.000«, detallaron.

«Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”, instó Jorge Macri.

la Justicia Federal de La Plata dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió «preventivamente» el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el Ejecutivo en diciembre pasado, el cual deroga la llamada Ley de Tierras que restringe la venta de campos a capitales extranjeros.

La resolución fue emitida por el juez federal Ernesto Kreplak -quien ya tomó medidas similares, como con respecto a las tarifas de los colectivos.

El magistrado, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, hizo lugar a un planteo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que denunció «la inconstitucionalidad y nulidad» del DNU.

En el fallo se hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo, quien objetó al Ejecutivo nacional la posibilidad de derogar la ley 26.737 de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, así como todo acto jurídico realizado desde la fecha de su entrada en vigencia.

«Por ley 26.737 se limitó la adquisición y posesión de tierras a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera y se vedó la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes», se reseñó en la presentación.

En ese aspecto, se advirtió que se «indica que la norma aquí impugnada, al derogar la anterior, libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces».

El CECIM sostuvo que «el DNU importa una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo, más si se tiene en cuenta que dicha norma contradice abiertamente la voluntad que los legisladores plasmaran al sancionarlas».

Y solicitó que «se dicte una medida cautelar por la cual se suspenda la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo». El juez coincidió en los argumentos.

El CECIM también dijo que no están dados los requisitos de necesidad y urgencia. «El Ejecutivo Nacional violó los principios de la organización republicana al derogar, a través de un decreto de necesidad y urgencia, una norma dictada por el Poder Legislativo sin encontrarse acreditados los extremos necesarios para ello. De ser ello así, no estaría en juego la pretensión de utilizar el texto constitucional para fundamento de alguno de los derechos que de él se derivan, sino que peligraría el mismo derecho fundamental», explicó.

También se argumentó que si bien el Ejecutivo está habilitado al dictado de DNU, los mismos deben ser «de modo excepcional, cuando circunstancias extraordinarias hicieran imposible seguir los trámites ordinarios que la Constitución Nacional establece para la sanción de las leyes, siempre que no se trate del ámbito penal, tributario, electoral o del régimen de los partidos políticos». Y recordó que la Corte Suprema nacional se ha expedido sobre el concepto de «situaciones de emergencia pública».

Kreplak consideró «acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el art. 230 del CPCCN y de la ley 26.854, motivo por el cual dispondré suspender preventivamente la vigencia de lo dispuesto en el art. 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, hasta tanto recaiga sentencia definitiva».

Una jueza de San Martín dio lugar al reclamo de una afiliada; le ordenó a una entidad de medicina privada no aplicar las subas anunciadas para enero y febrero y, en cambio, guiarse por el sistema anterior de precios regulados hasta que haya una sentencia definitiva

a jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, dio lugar a una medida cautelar solicitada por una afiliada a un plan de medicina prepaga, y le ordenó a la entidad dejar “sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23″ y, en cambio, limitarse “a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del artículo 17 de la ley 26.682″, hasta tanto haya una sentencia definitiva.

Lo resuelto, que tiene efectos solo para la persona que hizo el reclamo, implica la marcha atrás con la suba de 40% en la cuota de este mes y la no aplicación del 29,5% que, en el caso en particular, se anunció para la factura de febrero. Esos incrementos dan un acumulado de 81,3% en un bimestre. En cuanto a “los aumentos autorizados” según el régimen anterior al DNU a los que hace referencia el fallo, solo se conoce el porcentaje de enero, de 6,26% (en lugar del 40%), en tanto que no hay información con respecto al segundo mes del año. Esto ocurre porque ya se discontinuó la publicación del Índice de Costos de Salud, que era el valor de referencia para los incrementos de cuotas que se utilizó hasta el año pasado y que difundía mensualmente en un sitio oficial la Superintendencia de Servicios de Salud.

El fallo emitido este lunes 15 de enero está referido a la causa iniciada por Marta Cristina Brauchli contra la Sociedad Italiana de Beneficiencia en Buenos Aires (la razón social del Hospital Italiano). Los planes de salud de esta entidad tuvieron este mes un incremento de 40%, tal como ocurrió también con las demás prepagas. Además, las empresas ya anunciaron que el mes próximo aplicarán otro reajuste de entre 24% y 30%. Ello, a partir de la liberación de precios, una medida incluida en el DNU.

La demandante del caso para el cual hoy se dictó la medida cautelar señaló en su reclamo, según consta en el fallo, que le resulta imposible afrontar las subas, dado el monto de sus haberes previsionales. Según se menciona en el escrito judicial, la afiliada, una jubilada de 78 años, “manifestó que los aumentos que se le exigen, basados en el DNU 70/23 la colocan en un completo estado de incertidumbre causándole, además, como consumidora, un daño actual a sus derechos, el acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada”.

Con esos argumentos, se planteó un pedido de declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, anunciado el 20 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial del día siguiente.

Qué se modificó con el DNU

Esa norma del Poder Ejecutivo derogó los artículos de la ley de prepagas, vigente desde hace más de una década, referidos a la regulación de los precios en la actividad. A partir de la medida, las prepagas anunciaron fuertes incrementos, explicando que tenían un retraso en los valores de las cuotas, que en 2023, por ejemplo, subieron un 135,7% mientras que la inflación llegó al 211,4%.

Muchos ingresos de los particulares, sin embargo, se movieron muy por debajo incluso del 135,7%, como el caso de los haberes jubilatorios del sistema de la Anses a los que solo se les otorgaron reajustes según el índice de movilidad, del que resultó en 2023 una suba de 100,9%, más de 100 puntos porcentuales por debajo del avance general de los precios medidos por el Indec.

Desde el sector anunciaron los aumentos de estos meses tras afirmar que no tenían margen para continuar sin recomponer sus ingresos, de los que surgen los recursos para mantener sus propias estructuras y para pagar a los prestadores (médicos e instituciones) que, a su vez, reclaman por la suba de sus aranceles, a los que consideran muy retrasados. En los últimos meses hubo varios comunicados de entidades que dan servicios de diferentes especialidades, advirtiendo sobre los desequilibrios entre el aumento de sus costos y la variación de los aranceles recibidos de las prepagas. El deterioro prestacional se evidenció, por ejemplo, en las salidas de médicos de las cartillas, en las demoras para obtener turnos y en el cobro de bonos contribución o copagos por parte de algunos profesionales o entidades.

La ley 26.682, de la cual el DNU dejó sin efecto algunos artículos –total o parcialmente–, le otorgó a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. El sistema que rigió durante el último año –derivado de lo establecido por aquella ley – implicaba que la mencionada superintendencia, como autoridad de contralor, publicaba la variación mensual de un Índice de Costos de Salud, y ese porcentaje era el autorizado para la suba de cuotas; además, regía un esquema de incremento topeado para afiliados con ingresos de hasta un determinado monto, que debían completar una declaración jurada (en enero no iba a regir ese techo, porque el valor del tope era superior al de la suba según el índice general).

Más allá del aumento generalizado del 40% para este mes decidido tras la aprobación del decreto, para un grupo de afiliados ya estaba determinado que iban a recibir su factura con un reajuste de 40,67%. Se trata, concretamente, de quienes tuvieron la cuota congelada en octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con una decisión que había tomado, en el marco del llamado “plan platita”, el entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Ese porcentaje corresponde a la suba de precios que se acumuló, según el índice oficial, entre octubre y diciembre. Ahora, las prepagas tomaron diferentes decisiones respecto de incorporar o no esos incrementos.

En su escrito, la jueza Forns señala que si bien la causa analizada “fue declarada como de proceso colectivo, aún no ha podido ser inscripta en el Registro correspondiente”, por lo cual la medida cautelar tuvo un tratamiento de forma individual, es decir, solo para la peticionante.

Un caso sin habilitación de feria

En el caso de otro reclamo de un afiliado a una prepaga, la Sala A de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó, el miércoles de la semana pasada, lo resuelto en un fallo de primera instancia, que había rechazado la habilitación de la feria judicial. Esa decisión se dio en el marco de la causa “Wilson, Eduardo Santiago c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/amparo”, iniciada por un afiliado a Swiss Medical.

Según la decisión tomada en primera instancia por la jueza Silvina Bracamonte, en el conflicto expuesto por la persona demandante “predomina el aspecto patrimonial (aun cuando, en cierta medida, también se encuentre involucrado el derecho a la salud), ya que no se trata de proteger al amparista por sus padecimientos físicos o para que no se interrumpa algún tratamiento médico, sino de determinar si el monto que la empresa de medicina prepaga pretende cobrarle por su cuota de afiliación se ajusta a derecho”. Por tal consideración, se resolvió que no había urgencia que ameritara tomar una decisión durante la feria judicial.

El expresidente reapareció en redes sociales y le dedicó un extenso hilo de tweets al megadecreto del libertario: «Nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto».

El expresidente Alberto Fernández advirtió vía redes sociales que el país «asiste un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto» tras el anuncio del gobierno de Javier Milei que implican cientos de modificaciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

«Cuando la democracia está cumpliendo 40 años de continuidad, nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto. El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo«, inició el exjefe de Estado a través de X (ex Twitter).

«El espíritu que gobierna el ilegal DNU dictado, provocará graves efectos económicos y sociales: abre indiscriminadamente las importaciones, pone en riesgo el ambiente y nuestros recursos naturales, desregula el sistema de salud, precariza el trabajo y restringe derechos», continuó.

Para Fernández, es «evidente» que Milei «ha golpeado el sistema republicano de gobierno y ha adoptado medidas de detrimento de la industria nacional, de los bienes y recursos del Estado». Así como también «de los derechos de los trabajadores».

En el mismo hilo, Fernández defendió su gestión alegando que los datos que ventilan los funcionarios de Milei son «falsos» y que los mismos intentan «montar un escenario de caos para justificar la destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores. Con esa lógica firmaron el DNU que se cuestiona».

Por último, concluyó: «La República está en riesgo por el desatino que exhibe el Presidente al dictar medidas contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo. A él le cabe la responsabilidad de vulnerar groseramente las normas del Estado de Derecho».

En sintonía con el expresidente, varios dirigentes y funcionarios del Frente de Todos cuestionaron en duros términos el extenso paquete de modificaciones. Uno de ellos fue el gobernador reelecto de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien señaló: «Anunció un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’«.

En #Retweet el programa que conduce el periodista Ceferino Reato, entrevistaron a la Diputada electa por la LLA, Lilia Lemoine.

🗣 Si Grabois fuera cristiano estaría preocupado por los pobres y los que sufren y no por tirar a un gobierno

🗣 Para mí la primera dama es Karina. Sin Karina, Javier no sería presidente

🗣 El mejor legislador no es el que más leyes manda al congreso sino el que vota las leyes que a la gente le importan

🗣 Pandemia. Si vos tenias un canal de Youtube y te anotabas en Mi Argentina eras esencial.

Luego de la aprobación del pliego en el Senado, Alberto Fernández firmó el nuevo nombramiento esta madrugada de miércoles.

Luego de que el Senado aprobara el pliego de Ana María Figueroa, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para que continúe siendo jueza por cinco años más.

«Nómbrase, por el término de CINCO (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL a la doctora Ana María FIGUEROA (D.N.I. Nº 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013″, dicta el texto firmado por el Primer Mandatario, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. 

Fue el jueves de la semana anterior que, tras un doble empate en la votación, Claudia Ledesma Abdala, presidente provisional de la Cámara, marcó la diferencia con su voto y definió la probación del pliego de Figueroa. Tras la aprobación en la Cámara Alta, solo faltaba la habilitación del presidente Alberto Fernández, quien firmó el decreto esta madrugada.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia había pedido apartar a la jueza el mismo día de su natalicio, donde cumplió 75 años, el kirchnerismo buscó y encontró la forma de continuar garantizándole un lugar a la jueza que tenía que resolver importantes expedientes para la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Tales como «Los Sauces-Hotesur» y la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

La justicia investiga los negocios millonarios de la familia del sindicalista Hugo Moyano. Se trata de las firmas IARAI (servicios de Salud), ACONRA (empresa constructora), DIXEY (uniformes y servicios informáticos) y LAS MARIAS (vigilancia y seguridad).

Los clientes de estas empresas son: la obra social de Camioneros, la Federación de Camioneros, el Sindicato de Camioneros, la mutual de Camioneros, anteriormente el Club Independiente (cuando Moyano era presidente del Club) y el Club de fútbol Camioneros.

La Cornisa visitó las oficinas de IARAI, búnker de Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano, en Avenida Belgrano al 1200 en San Cristóbal. Pero la directora suplente de Dixey SA no quiso responder la requisitoria periodística. En las oficinas de la empresa constructora Aconra y de la citada Dixey, el equipo de La Cornisa encontró afiches de las clínicas del sindicato de Camioneros y documentación tirada en el segundo piso de Florida 878 en el microcentro porteño, domicilio legal de las firmas.

Los titulares de Dixey y Aconra son Valeria Salerno, hijastra de Moyan, y Juan Manuel Zulet, su hijastro. El titular de la compañía aseguradora de esas firmas es Pablo Moyano.

La semana pasada, la AFIP de la gestión actual, intimó a dos de estas empresas del Clan Moyano, Aconra y Dixey, a pagar deudas de un total de más de 114 millones de pesos más intereses.

La documentación interna del organismo de control que accedió La Cornisa fue remitida a las oficinas de las empresas de la familia Moyano. La justicia federal espera respuesta.

Fuente Periodismo y Punto

La entidad lanzó un duro comunicado después de que los diputados Javier Milei y Victoria Villarruel votaran en contra. Asimismo, se refirieron a los diputados del Frente de Izquierda que se abstuvieron.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado este jueves repudiando el rol que cumplieron los diputados de La Libertad Avanza y de Izquierda durante el tratamiento del Día de Duelo Nacional del próximo 18 de julio, en homenaje a las 85 víctimas que dejó el atentado contra la AMIA. 

«La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, felicita a los 171 diputados que votaron a favor del proyecto para declarar Día de Duelo Nacional el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de AMIA-DAIA. Este abrumador respaldo de la gran mayoría del arco político del país es una clara y esperanzadora muestra de cómo las diferencias políticas pueden ser superadas cuando se necesitan alcanzar acuerdos de interés nacional», detallaron mediante un comunicado publicado en redes sociales. 

En esa misma línea, destacar que el proyecto «promueve, entre otras medidas, que durante ese día la bandera nacional permanezca izada a media asta en los edificios y lugares públicos, en los que se promoverá la realización de actividades alusivas». Por último, cargaron puntualmente contra los congresistas: «La DAIA deplora los votos negativos de los diputados de la Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel; y las abstenciones de Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilcay Myriam Bregman, del Frente de Izquierda; Monica Frade, de la Coalición Cívica; y Paula Omodeo, de Creo Tucumán».

Ante este comunicado, la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, salió a explicar porqué votaron en contra: «Citación a los diputados para la sesión especial del día de ayer. Ahí están los proyectos que se trataron. A la medianoche votaron 1 paquete de 8 proyectos que no estaban en la orden del día, por lo que no habiendo sido analizados decidimos con Milei no votarlos a favor», escribió en Twitter.

La Justicia desestimó un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para decretar la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, una asociación civil que conduce Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio. La fundación advirtió que la pretensión del organismo constituye una persecución a la institución y a la dirigente de Pro.

La medida, dispuesta por la jueza Alicia Álvarez, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 28, constituye un revés para el organismo oficial, que pretendía desplazar a los integrantes de la comisión directiva del instituto- La IGJ es conducida por el doctor Ricardo Nissen.

La magistrada estableció que la IGJ, “debió utilizar otro mecanismo si buscaba la intervención de la entidad, ya que la propia normativa de la IGJ establece el procedimiento a seguir”. Advirtió, así, que se apartó de la normativa sin justificación y se excedió de lo establecido en su propia ley rectora.

La abogada de la asociación civil, doctora Silvina Martinez, afirmó que la acción de la IGJ “solo buscaba la persecución al principal dirigente opositor mediante la utilización de un organismo del Estado”.

“No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad, o asistieron a las actividades que la asociación realizó”, señaló.

Y afirmó que, así, “se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”. Sostuvo, en ese sentido, que “los funcionarios de la IGJ deberán responder por los daños y perjuicios ocasionados”.

El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, firmó una resolución en la que le encomienda al Departamento de Asuntos Judiciales de la inspección a su cargo que promueva la acción judicial contra la fundación de Bullrich y que pida el “desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva”; también, que la denuncie penalmente a ella por una supuesta violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Bullrich negó las acusaciones.

Juan Grabois intenta sistemáticamente despegarse del ajuste que su propio Gobierno está implementado, siguiendo las órdenes del FMI. Una intención que, sin embargo, no se condice con la práctica de su propia fuerza política. Patria Grande, la organización que lidera, tiene diputados nacionales que han sido parte de votar las leyes de ajuste pedidas por el Fondo Monetario Internacional. Una de ellas, ni más ni menos, el Presupuesto 2023, que contemplaba un durísimo ajuste.

Fue entrevistado en C5N sobre la situación del Frente de Todos en el marco de la reciente declinación del presidente Alberto Fernández a presentarse para su reelección.

“¿Qué expectativa para el jueves tenés?”, le preguntaron a Grabois en relación al acto en La Plata donde hablará Cristina Kirchner. “No sé, tengo expectativa pero no… ¿vos tenés alguna idea?”, respondió preguntándole a la periodista, quien sonrió y pasó a otra pregunta.

Respecto a la candidaturas presidenciales del oficialismo, el referente de Patria Grande dijo que “Cristina se caracteriza por decir algo y hacerlo”, dando por sentado que finalmente la vicepresidenta no será de la partida electoral. Contrariamente, dijo que “(Sergio) Massa se caracteriza por hacer exactamente lo contrario a lo que dice que va a hacer, es un mentiroso patológico”. Por eso, según su visión, la mitomanía massista indica que, si el ministro de Economía viene diciendo que no será candidato, entonces lo será.

Pese a la acusación de Grabois sobre el máximo responsable del rumbo del país, el precandidato a presidente aclaró que, como ambos están en el mismo Frente de Todos y como hoy “no hay nadie que sintetice” dentro de la coalición, todo se puede “negociar”. Lo único que le preocupa, parece, es no “caretear” quién es quién.

La pregunta que no le hicieron a Grabois es, precisamente, en qué le está mintiendo (“patológicamente”) Massa a la población respecto a las políticas económicas del Frente de Todos (que ambos integran y sostienen) que hunden a millones en la pobreza. Se presume que si puede decirlo tan directamente es porque pruebas debe tener. Patria Grande tiene una bancada de diputados propios y funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Social, como Ramona Fernanda Miño, es decir que información concreta no debe faltarles.

Al preguntarle sobre las declaraciones de Javier Milei respecto a sus intenciones de privatizar la educación pública, Grabois destacó que, al menos, el libertariano instala un debate que no parecen querer abrir el resto de las fuerzas políticas, incluyendo la que él integra.

“Si seguimos careteando las cosas y autoengañándonos haciendo política de ultraminorías para los sectores progresistas súperideologizados y, encima, diciendo que es nacional y popular tener un acuerdo colonial con el FMI, tener un ministro de Economía que era la Unión de Centro Democrático (la UCeDe), tener un programa de ajuste aberrante como el que tenemos hoy, tener diez puntos de inflación… y, la verdad, que si eso es nacional y popular, si eso es el peronismo, la gente no va a votar más el peronismo”, sentenció Grabois.

Tampoco le preguntaron, en ese marco, cómo ve que todas esas cosas que critica sean sostenidas y avaladas por la propia CFK, con quien él no deja de referenciarse y, según su óptica, es la única que «sintetiza» la diversidad de la coalición gobernante.

Recortes en ayuda social

En ese contexto, Grabois denunció por C5N que el Gobierno está recortando “de manera infame” la ayuda social a millones de personas. En referencia a Victoria Tolosa Paz y el propio Massa, dijo: “Una ministra me dijo que un ministro no manda las partidas de alimentación de cooperativas y de urbanización de barrios porque no le gusta lo que yo le digo en televisión… Tengo unas ganas de judicializarlo”. Y agregó que quien hace eso es un “enfermo o enferma” con un alto “nivel de maldad, de crueldad, de desidia”.

Por las dudas, Grabois aclaró que “si algún fiscal quiere judicializar” lo que acababa de decir, él no tiene problemas en ir a declarar. Porque, insistió, “los proyectos productivos no se están pagando y los alimentos no están llegando” a quienes los necesitan. Entre otras organizaciones, afirmó que La Poderosa “hace cuatro meses que no recibe alimentos y tienen comedores en todo el país”.

Más allá de de una eventual “judicialización” de la denuncia contra Massa, sería importante saber si Grabois va a motorizar algún tipo de movilización en las calles para reclamar que el Ministerio de Economía deje de recortar presupuesto en ayuda social y restituya aquello que, según Tolosa Paz, se viene negando en el marco de una interna política. Desde hace tiempo muchas organizaciones sociales reclaman con medidas de lucha en todo el país y, al menos hasta el momento, las conducidas por el espacio de Grabois no son parte.

Ante semejante denuncia, los periodistas que estaban en el estudio intentaron salir del tema volviendo a la cuestión electoral. Y allí Grabois pareció borrar con el codo aquello que acababa de escribir con la mano. Interpelado por si ante eventuales PASO él ubicaba a Massa “del otro lado”, dijo “absolutamente no, porque la línea divisoria es el discurso deshumanizante a lo Bolsonaro, la línea divisoria es con quien no respeta la dignidad humana aún en su narrativa”.

Nadie le preguntó, tampoco, si su posición incluye la posibilidad de hacer un “frente común” con los sectores de Juntos por el Cambio que no son “bolsonaristas”.

En este marco, Grabois reclama “un acuerdo donde se garanticen por lo menos los elementos básicos que nosotros planteamos: tierra, techo, trabajo, un poquito de dignidad nacional”. Si eso se da, dice, “después de haber pasado las PASO, desde luego voy a acompañar al candidato del Frente de Todos, en la medida de que haya un programa claro. Si el programa es que los salarios de los trabajadores estén por debajo de la línea de pobreza, recortar la ayuda social y condicionar las políticas públicas a la política partidaria, no
nos vamos a poner de acuerdo de ninguna manera”.

El tema es que en 2019 el “programa” frentetodista no decía, lógicamente, que habría un ajuste como el que se implementa, que se iban a depreciar el salario y las jubilaciones como se depreciaron ni mucho menos que la pobreza iba a crecer como creció. ¿No alcanzaron estos tres años y medio para entender que el “programa” de los políticos burgueses es, por lo general, un papel mojado? En ese sentido, Grabois parece hacer suyo el consejo de Jorge Bergoglio de poner “la otra mejilla” aún ante las bofetadas del FMI y sus laderos peronistas.

En una última reflexión, Grabois se lamentó que, “monocordemente”, los candidatos a presidente peronistas “desde hace siete años son de centro o de centroderecha”. Eso, según su visión, “diluye el peronismo” y “no le hace bien al país”. El punto es que tanto a Daniel Scioli como a Alberto Fernández los puso como candidatos la propia Cristina Kirchner, es decir la más “nacional y popular” dentro del peronismo y a la que el mismo Grabois apoya incondicionalmente.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del médico Carlos Kambourian, que trabaja en las campañas electorales de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, por haber utilizado fondos del Hospital Garraham para gastos personales.

Kambourian -que actualmente trabaja en Pinamar con Martín Yeza- fue presidente del Consejo de Administración del hospital durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora está investigado por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. También fue procesado el exdirector Administrativo del Garrahan, Alan Norton.

En el fallo, los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah sostienen que Kambourian y Norton «utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al Hospital pero en beneficio propio».

La causa se inició con una denuncia del expresidente del Consejo de Administración del Hospital, Guillermo González Prieto, quien advirtió sobre las irregularidades en el manejo de los fondos de su antecesor. Tras una instrucción de la fiscal Alejandra Mangano, el juez federal Luis Rodríguez procesó a Kambourian.

La Justicia acusa a Kambourian de haberse amparado en la figura de los «gastos de representación, gastos operativos de oficina, actividades protocolares y movilidad», para utilizar indebidamente fondos públicos asignados al desenvolvimiento operativo regular del hospital en exclusivo beneficio personal.

La acusación sostiene que entre mayo de 2018 y enero de 2020 los imputados se valieron de tarjetas corporativas Visa emitidas por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para solventar gastos personales.

En un breve recuento de gastos injustificados, el tribunal citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de algún miembro de su familia, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron «torta de invitación».

«Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto», señalaron los jueces.

El médico del PRO salió a defenderse por redes tras la confirmación del procesamiento y buscó arrastrar a Macri. «En el Garrahan había una caja negra: todos los gastos de las autoridades eran en efectivo. Y yo terminé con eso. Me costó muchísimo: violencia física de forma permanente, me rompieron a las patadas las oficinas. El presidente Macri me apoyó, me dijo que vaya hasta las últimas consecuencias», escribió en Twitter.

Empezó con un genérico informe de gestión y luego vinieron las preguntas centradas en el narcotráfico en Rosario, con una agenda que coincide con la de Juntos por el Cambio.

Aníbal Fernández estuvo este jueves en la Cámara de Diputados para responder preguntas. Fue en la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos. El ministro de Seguridad comenzó con una exposición en powerpoint para mostrar resultados de su gestión durante el 2022. Números genéricos, programas con todo tipo de nombres presuntuosos. Luego de un rato empezó el bullicio y la ofuscación de las y los legisladores presentes, que pretendían hacer preguntas sobre lo que está ocurriendo en Rosario con el narcotráfico.

Las y los diputados de Juntos por el Cambio querían protagonismo más que escuchar el informe y los datos que traía Aníbal Fernández. Insistieron entonces con comenzar la ronda de preguntas. Luego de unos pequeños cruces, el ministro cedió.

Las preguntas de la oposición de derecha se concentraron en debatir en la cancha de la agenda del ministro y el presidente Alberto Fernández: la cantidad de fuerzas federales, el presupuesto destinado a seguridad, tasas de homicidios, los cargos de jueces vacantes, si el gobierno anterior tuvo mejores cifras que este.

Lopez Murphy (JxC) se quejó de la medida de enviar al Ejército, pero porque «van desarmados». El presidente Alberto Fernández anunció que la participación del Ejército será para “tareas de urbanización”.

En la vereda de enfrente, el diputado de la izquierda Nicolás del Caño, cuestionó el anuncio desde la experiencia de otros países y el nuestro. Recordó que cuando intervino el Ejército en México y militarizó el país para supuestamente combatir a los narcos el resultado fue peor: 350.000 asesinatos y 72.000 desaparecidos. “¿Cuál es el fundamento para decir que el Ejército no va a ser corrompido por el narcotráfico?” le preguntó a Aníbal Fernández a propósito de casos de gendarmes detenidos por estar vinculados al delito organizado. Agregó: “¿Por qué ahora sería distinto si es la 8° vez desde el 2014 que se envían fuerzas federales y no bajó la criminalidad?”.

El ministro eligió no meterse a responder sobre estos fracasos y experiencias planteados por la izquierda. Fue la manera de coincidir con lo que pedía Juntos por el Cambio: centrar el debate casi exclusivamente en reforzar con más presencia policial y de fuerzas federales. Casi como un slogan electoral que se repite a los dos lados de la grieta, desde Patricia Bullrich hasta Daniel Scioli. Y eso aunque sean las propias fuerzas de seguridad quienes han terminado involucradas en el negocio narco. Hay comisarios y gendarmes presos.

Cristian Ritondo (JxC) le preguntó “¿qué podemos hacer para colaborar en el Congreso?”. Aníbal Fernández aprovechó para pedir por la ley de prevención y control de lavado de activos. La misma que había pedido Sergio Massa para cumplir con recomendaciones de organismos internacionales y el pedido del propio FMI. Se había empezado a debatir su actualización a fines del 2022, pero se trabaron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por la disputa judicial que se agudizó y algunas diferencias sobre la Unidad de Información Financiera.

Aunque es de hace varios años, ya existe una ley de control de lavado de activos, pero no pareciera que se esté utilizando mucho para combatir al narcotráfico. Aníbal Fernández reconoció en varias de sus respuestas que “la cocaína se paga en dólar billete”, así como la necesidad de buscar “la ruta del dinero”. Una frase que quedó vacía cuando tuvo que responder sobre nombres propios.

Fue Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, quien puso sobre la mesa nombres. “En septiembre de 2022 se encontraron 1.300 kg de cocaína en Terminal Puerto Rosario, donde Vicentin es una de las propietarias. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué van a hacer con los 200 puertos privados que hay en esa zona?”. En el mismo sentido denunció: «¿Por qué los puertos siguen siendo privados y no se nacionalizan? Porque esas empresas son las que tienen el poder para que entre y salga cualquier cosa del país”.

El ministro de Seguridad tomó la pregunta para decir una generalidad: “Lo están analizando los especialistas, nuestros investigadores sostienen que es el camino del estupefaciente. Queremos meternos mucho más”.

Es curioso que hayan estado tantos años para sacar una conclusión tan elemental. Del Caño apuntó, además, contra las “inmobiliarias, constructoras, bancos, financieras, el agron”; los negocios legales por donde circula el dinero del narcotráfico.

El diputado santafesino Enrique Estévez (socialismo), sí mencionó los 800 km de Hidrovía y las rutas nacionales que conectan con países fronterizos, pero se concentró sobre todo en los cambios en el sistema judicial de la provincia. Este miércoles avanzaron los acuerdos entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal para dictaminar sobre un proyecto que deje sentada las bases para que Santa Fe avance en la implementación del sistema acusatorio que agilizaría las causas separando las tareas de investigación (fiscales) y sentencia (jueces). Puede ser el tema para una próxima sesión «de consenso» en la Cámara Baja.

Aníbal Fernández se vio obligado a responder sobre la desaparición de Julio Lopez y el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillan, a partir de la intervención de Myriam Bregman. La diputada del PTS-FITU sostuvo: “Seguimos exigiendo justicia por Maxi y Dario y porque hace 16 años nos dijo que Julio Lopez podía estar en la casa de la tía o abajo de un puente. Y no. Sigue desaparecido, ministro”. Romina del Plá, también diputada del FITU, le recordó además su rol como funcionario, cuando la Policía liberó la zona para que actúe una patota matando a Mariano Ferreyra.

Sobre Kosteki y Santillán, el ministro se deslindó, afirmando “yo estaba fuera del país” y “solo leí un parte que escribió otro”. Lo mismo repitió sobre Mariano Ferreyra. Al turno de responder sobre Julio Lopez, miró a Del Caño y le dijo “por lo que dijo su compañerita”, en referencia a Myriam Bregman que había dejado la sala con aviso. El murmullo no tardó, Del Caño le gritó que estaba hablando de la abogada de Julio López, y el ministro tuvo que pedir disculpas y corregirse: “Su compañera”. Pero evitó hablar de sus desafortunados dichos de aquel entonces. Solo se excusó, afirmando que investigaron como siempre.

Myriam Bregman también apuntó a los servicios de inteligencia: “Habló mucho de inteligencia ministro, y hay un órgano de inteligencia, el cuerpo de informaciones de la Policía Federal. Conocidos como Los Plumas. No se les conoce haber descubierto a ningún narco, pero sí mucho espionaje político”. Recordó que el próximo martes comienza el juicio oral por un espía de ese cuerpo, Américo Balbuena.

Fue curiosa la respuesta de Aníbal Fernández: “No existe eso de Los plumas. Eso del espionaje es del siglo XVI, nosotros solo tenemos inteligencia criminal”. Se escuchó la voz de Nicolás del Caño que le recordó el “Proyecto X”, el espionaje de gendarmería sobre la protesta social y organizaciones sociales y sindicales. Una fuerza de seguridad recordada por el “gendarme carancho”. La misma que ahora muchos vuelven a insistir que sería la solución al problema del narcotráfico en Rosario.