Alberto Fernández arremetió contra el Decreto de Milei: «La República está en riesgo»

El expresidente reapareció en redes sociales y le dedicó un extenso hilo de tweets al megadecreto del libertario: «Nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto».

El expresidente Alberto Fernández advirtió vía redes sociales que el país «asiste un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto» tras el anuncio del gobierno de Javier Milei que implican cientos de modificaciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

«Cuando la democracia está cumpliendo 40 años de continuidad, nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto. El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo«, inició el exjefe de Estado a través de X (ex Twitter).

«El espíritu que gobierna el ilegal DNU dictado, provocará graves efectos económicos y sociales: abre indiscriminadamente las importaciones, pone en riesgo el ambiente y nuestros recursos naturales, desregula el sistema de salud, precariza el trabajo y restringe derechos», continuó.

Para Fernández, es «evidente» que Milei «ha golpeado el sistema republicano de gobierno y ha adoptado medidas de detrimento de la industria nacional, de los bienes y recursos del Estado». Así como también «de los derechos de los trabajadores».

En el mismo hilo, Fernández defendió su gestión alegando que los datos que ventilan los funcionarios de Milei son «falsos» y que los mismos intentan «montar un escenario de caos para justificar la destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores. Con esa lógica firmaron el DNU que se cuestiona».

Por último, concluyó: «La República está en riesgo por el desatino que exhibe el Presidente al dictar medidas contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo. A él le cabe la responsabilidad de vulnerar groseramente las normas del Estado de Derecho».

En sintonía con el expresidente, varios dirigentes y funcionarios del Frente de Todos cuestionaron en duros términos el extenso paquete de modificaciones. Uno de ellos fue el gobernador reelecto de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien señaló: «Anunció un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’«.

Si Grabois fuera cristiano estaría preocupado por los pobres y no por tirar un gobierno

En #Retweet el programa que conduce el periodista Ceferino Reato, entrevistaron a la Diputada electa por la LLA, Lilia Lemoine.

🗣 Si Grabois fuera cristiano estaría preocupado por los pobres y los que sufren y no por tirar a un gobierno

🗣 Para mí la primera dama es Karina. Sin Karina, Javier no sería presidente

🗣 El mejor legislador no es el que más leyes manda al congreso sino el que vota las leyes que a la gente le importan

🗣 Pandemia. Si vos tenias un canal de Youtube y te anotabas en Mi Argentina eras esencial.

El Gobierno publicó un decreto para que Ana María Figueroa sigue ejerciendo como jueza

Luego de la aprobación del pliego en el Senado, Alberto Fernández firmó el nuevo nombramiento esta madrugada de miércoles.

Luego de que el Senado aprobara el pliego de Ana María Figueroa, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para que continúe siendo jueza por cinco años más.

«Nómbrase, por el término de CINCO (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL a la doctora Ana María FIGUEROA (D.N.I. Nº 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013″, dicta el texto firmado por el Primer Mandatario, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria

Fue el jueves de la semana anterior que, tras un doble empate en la votación, Claudia Ledesma Abdala, presidente provisional de la Cámara, marcó la diferencia con su voto y definió la probación del pliego de Figueroa. Tras la aprobación en la Cámara Alta, solo faltaba la habilitación del presidente Alberto Fernández, quien firmó el decreto esta madrugada.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia había pedido apartar a la jueza el mismo día de su natalicio, donde cumplió 75 años, el kirchnerismo buscó y encontró la forma de continuar garantizándole un lugar a la jueza que tenía que resolver importantes expedientes para la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Tales como «Los Sauces-Hotesur» y la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Exclusivo: Las empresas de la familia Moyano fueron intimadas por la AFIP para que paguen una deuda de 120 millones de pesos

La justicia investiga los negocios millonarios de la familia del sindicalista Hugo Moyano. Se trata de las firmas IARAI (servicios de Salud), ACONRA (empresa constructora), DIXEY (uniformes y servicios informáticos) y LAS MARIAS (vigilancia y seguridad).

Los clientes de estas empresas son: la obra social de Camioneros, la Federación de Camioneros, el Sindicato de Camioneros, la mutual de Camioneros, anteriormente el Club Independiente (cuando Moyano era presidente del Club) y el Club de fútbol Camioneros.

La Cornisa visitó las oficinas de IARAI, búnker de Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano, en Avenida Belgrano al 1200 en San Cristóbal. Pero la directora suplente de Dixey SA no quiso responder la requisitoria periodística. En las oficinas de la empresa constructora Aconra y de la citada Dixey, el equipo de La Cornisa encontró afiches de las clínicas del sindicato de Camioneros y documentación tirada en el segundo piso de Florida 878 en el microcentro porteño, domicilio legal de las firmas.

Los titulares de Dixey y Aconra son Valeria Salerno, hijastra de Moyan, y Juan Manuel Zulet, su hijastro. El titular de la compañía aseguradora de esas firmas es Pablo Moyano.

La semana pasada, la AFIP de la gestión actual, intimó a dos de estas empresas del Clan Moyano, Aconra y Dixey, a pagar deudas de un total de más de 114 millones de pesos más intereses.

La documentación interna del organismo de control que accedió La Cornisa fue remitida a las oficinas de las empresas de la familia Moyano. La justicia federal espera respuesta.

Fuente Periodismo y Punto

La DAIA cargó contra un grupo de diputados que votaron en contra del duelo nacional por el día del atentado a la AMIA

La entidad lanzó un duro comunicado después de que los diputados Javier Milei y Victoria Villarruel votaran en contra. Asimismo, se refirieron a los diputados del Frente de Izquierda que se abstuvieron.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado este jueves repudiando el rol que cumplieron los diputados de La Libertad Avanza y de Izquierda durante el tratamiento del Día de Duelo Nacional del próximo 18 de julio, en homenaje a las 85 víctimas que dejó el atentado contra la AMIA. 

«La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, felicita a los 171 diputados que votaron a favor del proyecto para declarar Día de Duelo Nacional el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de AMIA-DAIA. Este abrumador respaldo de la gran mayoría del arco político del país es una clara y esperanzadora muestra de cómo las diferencias políticas pueden ser superadas cuando se necesitan alcanzar acuerdos de interés nacional», detallaron mediante un comunicado publicado en redes sociales. 

En esa misma línea, destacar que el proyecto «promueve, entre otras medidas, que durante ese día la bandera nacional permanezca izada a media asta en los edificios y lugares públicos, en los que se promoverá la realización de actividades alusivas». Por último, cargaron puntualmente contra los congresistas: «La DAIA deplora los votos negativos de los diputados de la Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel; y las abstenciones de Nicolás del Caño, Romina del PláAlejandro VilcaMyriam Bregman, del Frente de Izquierda; Monica Frade, de la Coalición Cívica; y Paula Omodeo, de Creo Tucumán».

Ante este comunicado, la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, salió a explicar porqué votaron en contra: «Citación a los diputados para la sesión especial del día de ayer. Ahí están los proyectos que se trataron. A la medianoche votaron 1 paquete de 8 proyectos que no estaban en la orden del día, por lo que no habiendo sido analizados decidimos con Milei no votarlos a favor», escribió en Twitter.

Corrupcion, impunidad, asesinatos y plata sucia, detrás del femicidio de Cecilia Strzyzowski

«Si joden, van a terminar con los chanchos». El comentario en tono jocoso lo repetía Emerenciano Sena a sus empleados y amigos. Pero también se los decía, con el desparpajo que da la impunidad, a altos funcionarios del gobierno de Jorge Milton Capitanich.

Los chanchos deambulan libremente por su criadero ubicado en uno de los campos que le obsequió la gobernación del Chaco a la Fundación que lleva el nombre de su fallecido suegro. Allí se realizaron rastrillajes buscando los restos del cuerpo de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años de edad que está desaparecida desde el 2 de junio.

Dos semanas despues, ya nadie custodia esos campos ubicados en Campo Rossi a 15 kilómetros al norte de Resistencia.

Cecilia conoció al hombre de su vida a comienzos del año pasado por la red social Tinder. Chatearon seis meses hasta que decidió frecuentar a Cesar Sena, que la enamoró con sus 19 años de edad. La familia de Cecilia siempre creyó que Sena era mayor. Se casaron en septiembre con la familia del novio ausente. Se trataba del matrimonio más temido del norte argentino.

Emerenciano supo aprender de los maestros de la extorsion. Afianzó sus relaciones con la política de la mano de Angel Rozas, caudillo radical, a comienzos del siglo y construyó un emporio gracias al padrino de su boda. Capitanich celebró la unión entre su querido Emerenciano con la dominante y celosa Marcela Acuña, empleada, por aquellos tiempos, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Alicia Kirchner.

En las Pascuas del 2009 se enfrentaron a los tiros con Sergio Schoklender. El procesado por lavado de activos se asustó del piquetero. El ex hijo putativo de Hebe de Bonafini le reclamaba la demora en la construcción de viviendas y que se estaba «patinando» los fondos publicos. Los barras y matones de Ciudad Oculta que viajaron a Resistencia volvieron sin el pan ni sin la torta.

Sena redobló la apuesta. Se quedó con el obrador. Le sacó la referencia a Sueños Compartidos y lo bautizo con su nombre. 424 millones de pesos manejo Chaco del programa Sueños Compartidos. La tercera parte de la fortuna. Sena sumó más poder. Abrió escuelas, jardines, radio, centro de salud y plazas. Funcionó como la fuerza de choque contra otros piqueteros y protestas sociales. Se nombró director de escuela sin tener título habilitante y consiguió que le cajoneen todas las causas judiciales en su contra.

Escribió libros prologados por su padrino de bodas, viajo a presentarlo a Cuba con Cristina Kirchner, impidió que Mauricio Macri descendiese en suelo chaqueño cuando arrancaba su mandato y se rió del Covid tosiendo en la cara de sus críticos.

Hoy el pueblo chaqueño cree que la justicia evitará su culpabilidad en el hecho aberrante que conmociona a un país.

Cecilia fue vista por última vez ingresando al chalet de la familia Sena.

Las cámaras son determinantes.

La noche del 1 de junio la recibieron en su casa Emerenciano, Marcela Acuña y el hijo de la pareja. Cecilia no salió de allí.

Uno de los detenidos, casero de los Sena, asegura que la joven salió de allí viva y fue asesinada entre los chanchos. Allí Emerenciano y su esposa, no estaban.

Melgarejo declaró luego de una feroz golpiza en prisión.

Cesar Sena escribió de puño y letra que su ex abogado defensor miente. Díaz lo mandó en cana dando a entender que fue el joven el único asesino.

Hay mucho interés en que todo termina allí.

Si cae Emerenciano, caen todos.

Policía, políticos, jueces y fiscales.

Cae un feudo. ¿Caerá? 

Fuente Periodismo y Punto

La jueza civil Alicia Álvarez no aceptó la pretensión del organismo; advierten que se intentó una “persecución” contra la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio

La Justicia desestimó un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para decretar la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, una asociación civil que conduce Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio. La fundación advirtió que la pretensión del organismo constituye una persecución a la institución y a la dirigente de Pro.

La medida, dispuesta por la jueza Alicia Álvarez, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 28, constituye un revés para el organismo oficial, que pretendía desplazar a los integrantes de la comisión directiva del instituto- La IGJ es conducida por el doctor Ricardo Nissen.

La magistrada estableció que la IGJ, “debió utilizar otro mecanismo si buscaba la intervención de la entidad, ya que la propia normativa de la IGJ establece el procedimiento a seguir”. Advirtió, así, que se apartó de la normativa sin justificación y se excedió de lo establecido en su propia ley rectora.

La abogada de la asociación civil, doctora Silvina Martinez, afirmó que la acción de la IGJ “solo buscaba la persecución al principal dirigente opositor mediante la utilización de un organismo del Estado”.

“No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad, o asistieron a las actividades que la asociación realizó”, señaló.

Y afirmó que, así, “se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”. Sostuvo, en ese sentido, que “los funcionarios de la IGJ deberán responder por los daños y perjuicios ocasionados”.

El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, firmó una resolución en la que le encomienda al Departamento de Asuntos Judiciales de la inspección a su cargo que promueva la acción judicial contra la fundación de Bullrich y que pida el “desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva”; también, que la denuncie penalmente a ella por una supuesta violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Bullrich negó las acusaciones.

Grabois critica a Massa por el ajuste, pero sus diputados votaron el presupuesto ordenado por el FMI

Juan Grabois intenta sistemáticamente despegarse del ajuste que su propio Gobierno está implementado, siguiendo las órdenes del FMI. Una intención que, sin embargo, no se condice con la práctica de su propia fuerza política. Patria Grande, la organización que lidera, tiene diputados nacionales que han sido parte de votar las leyes de ajuste pedidas por el Fondo Monetario Internacional. Una de ellas, ni más ni menos, el Presupuesto 2023, que contemplaba un durísimo ajuste.

Fue entrevistado en C5N sobre la situación del Frente de Todos en el marco de la reciente declinación del presidente Alberto Fernández a presentarse para su reelección.

“¿Qué expectativa para el jueves tenés?”, le preguntaron a Grabois en relación al acto en La Plata donde hablará Cristina Kirchner. “No sé, tengo expectativa pero no… ¿vos tenés alguna idea?”, respondió preguntándole a la periodista, quien sonrió y pasó a otra pregunta.

Respecto a la candidaturas presidenciales del oficialismo, el referente de Patria Grande dijo que “Cristina se caracteriza por decir algo y hacerlo”, dando por sentado que finalmente la vicepresidenta no será de la partida electoral. Contrariamente, dijo que “(Sergio) Massa se caracteriza por hacer exactamente lo contrario a lo que dice que va a hacer, es un mentiroso patológico”. Por eso, según su visión, la mitomanía massista indica que, si el ministro de Economía viene diciendo que no será candidato, entonces lo será.

Pese a la acusación de Grabois sobre el máximo responsable del rumbo del país, el precandidato a presidente aclaró que, como ambos están en el mismo Frente de Todos y como hoy “no hay nadie que sintetice” dentro de la coalición, todo se puede “negociar”. Lo único que le preocupa, parece, es no “caretear” quién es quién.

La pregunta que no le hicieron a Grabois es, precisamente, en qué le está mintiendo (“patológicamente”) Massa a la población respecto a las políticas económicas del Frente de Todos (que ambos integran y sostienen) que hunden a millones en la pobreza. Se presume que si puede decirlo tan directamente es porque pruebas debe tener. Patria Grande tiene una bancada de diputados propios y funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Social, como Ramona Fernanda Miño, es decir que información concreta no debe faltarles.

Al preguntarle sobre las declaraciones de Javier Milei respecto a sus intenciones de privatizar la educación públicaGrabois destacó que, al menos, el libertariano instala un debate que no parecen querer abrir el resto de las fuerzas políticas, incluyendo la que él integra.

“Si seguimos careteando las cosas y autoengañándonos haciendo política de ultraminorías para los sectores progresistas súperideologizados y, encima, diciendo que es nacional y popular tener un acuerdo colonial con el FMI, tener un ministro de Economía que era la Unión de Centro Democrático (la UCeDe), tener un programa de ajuste aberrante como el que tenemos hoy, tener diez puntos de inflación… y, la verdad, que si eso es nacional y popular, si eso es el peronismo, la gente no va a votar más el peronismo”, sentenció Grabois.

Tampoco le preguntaron, en ese marco, cómo ve que todas esas cosas que critica sean sostenidas y avaladas por la propia CFK, con quien él no deja de referenciarse y, según su óptica, es la única que «sintetiza» la diversidad de la coalición gobernante.

Recortes en ayuda social

En ese contexto, Grabois denunció por C5N que el Gobierno está recortando “de manera infame” la ayuda social a millones de personas. En referencia a Victoria Tolosa Paz y el propio Massa, dijo: “Una ministra me dijo que un ministro no manda las partidas de alimentación de cooperativas y de urbanización de barrios porque no le gusta lo que yo le digo en televisión… Tengo unas ganas de judicializarlo”. Y agregó que quien hace eso es un “enfermo o enferma” con un alto “nivel de maldad, de crueldad, de desidia”.

Por las dudas, Grabois aclaró que “si algún fiscal quiere judicializar” lo que acababa de decir, él no tiene problemas en ir a declarar. Porque, insistió, “los proyectos productivos no se están pagando y los alimentos no están llegando” a quienes los necesitan. Entre otras organizaciones, afirmó que La Poderosa “hace cuatro meses que no recibe alimentos y tienen comedores en todo el país”.

Más allá de de una eventual “judicialización” de la denuncia contra Massa, sería importante saber si Grabois va a motorizar algún tipo de movilización en las calles para reclamar que el Ministerio de Economía deje de recortar presupuesto en ayuda social y restituya aquello que, según Tolosa Paz, se viene negando en el marco de una interna política. Desde hace tiempo muchas organizaciones sociales reclaman con medidas de lucha en todo el país y, al menos hasta el momento, las conducidas por el espacio de Grabois no son parte.

Ante semejante denuncia, los periodistas que estaban en el estudio intentaron salir del tema volviendo a la cuestión electoral. Y allí Grabois pareció borrar con el codo aquello que acababa de escribir con la mano. Interpelado por si ante eventuales PASO él ubicaba a Massa “del otro lado”, dijo “absolutamente no, porque la línea divisoria es el discurso deshumanizante a lo Bolsonaro, la línea divisoria es con quien no respeta la dignidad humana aún en su narrativa”.

Nadie le preguntó, tampoco, si su posición incluye la posibilidad de hacer un “frente común” con los sectores de Juntos por el Cambio que no son “bolsonaristas”.

En este marco, Grabois reclama “un acuerdo donde se garanticen por lo menos los elementos básicos que nosotros planteamos: tierra, techo, trabajo, un poquito de dignidad nacional”. Si eso se da, dice, “después de haber pasado las PASO, desde luego voy a acompañar al candidato del Frente de Todos, en la medida de que haya un programa claro. Si el programa es que los salarios de los trabajadores estén por debajo de la línea de pobreza, recortar la ayuda social y condicionar las políticas públicas a la política partidaria, no
nos vamos a poner de acuerdo de ninguna manera”.

El tema es que en 2019 el “programa” frentetodista no decía, lógicamente, que habría un ajuste como el que se implementa, que se iban a depreciar el salario y las jubilaciones como se depreciaron ni mucho menos que la pobreza iba a crecer como creció. ¿No alcanzaron estos tres años y medio para entender que el “programa” de los políticos burgueses es, por lo general, un papel mojado? En ese sentido, Grabois parece hacer suyo el consejo de Jorge Bergoglio de poner “la otra mejilla” aún ante las bofetadas del FMI y sus laderos peronistas.

En una última reflexión, Grabois se lamentó que, “monocordemente”, los candidatos a presidente peronistas “desde hace siete años son de centro o de centroderecha”. Eso, según su visión, “diluye el peronismo” y “no le hace bien al país”. El punto es que tanto a Daniel Scioli como a Alberto Fernández los puso como candidatos la propia Cristina Kirchner, es decir la más “nacional y popular” dentro del peronismo y a la que el mismo Grabois apoya incondicionalmente.

El Dr. Kambourian procesado por usar fondos del Garrahan para gastos personales

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del médico Carlos Kambourian, que trabaja en las campañas electorales de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, por haber utilizado fondos del Hospital Garraham para gastos personales.

Kambourian -que actualmente trabaja en Pinamar con Martín Yeza- fue presidente del Consejo de Administración del hospital durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora está investigado por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. También fue procesado el exdirector Administrativo del Garrahan, Alan Norton.

En el fallo, los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah sostienen que Kambourian y Norton «utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al Hospital pero en beneficio propio».

La causa se inició con una denuncia del expresidente del Consejo de Administración del Hospital, Guillermo González Prieto, quien advirtió sobre las irregularidades en el manejo de los fondos de su antecesor. Tras una instrucción de la fiscal Alejandra Mangano, el juez federal Luis Rodríguez procesó a Kambourian.

La Justicia acusa a Kambourian de haberse amparado en la figura de los «gastos de representación, gastos operativos de oficina, actividades protocolares y movilidad», para utilizar indebidamente fondos públicos asignados al desenvolvimiento operativo regular del hospital en exclusivo beneficio personal.

La acusación sostiene que entre mayo de 2018 y enero de 2020 los imputados se valieron de tarjetas corporativas Visa emitidas por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para solventar gastos personales.

En un breve recuento de gastos injustificados, el tribunal citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de algún miembro de su familia, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron «torta de invitación».

«Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto», señalaron los jueces.

El médico del PRO salió a defenderse por redes tras la confirmación del procesamiento y buscó arrastrar a Macri. «En el Garrahan había una caja negra: todos los gastos de las autoridades eran en efectivo. Y yo terminé con eso. Me costó muchísimo: violencia física de forma permanente, me rompieron a las patadas las oficinas. El presidente Macri me apoyó, me dijo que vaya hasta las últimas consecuencias», escribió en Twitter.

El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estuvo en la Cámara de Diputados para responder preguntas.

Empezó con un genérico informe de gestión y luego vinieron las preguntas centradas en el narcotráfico en Rosario, con una agenda que coincide con la de Juntos por el Cambio.

Aníbal Fernández estuvo este jueves en la Cámara de Diputados para responder preguntas. Fue en la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos. El ministro de Seguridad comenzó con una exposición en powerpoint para mostrar resultados de su gestión durante el 2022. Números genéricos, programas con todo tipo de nombres presuntuosos. Luego de un rato empezó el bullicio y la ofuscación de las y los legisladores presentes, que pretendían hacer preguntas sobre lo que está ocurriendo en Rosario con el narcotráfico.

Las y los diputados de Juntos por el Cambio querían protagonismo más que escuchar el informe y los datos que traía Aníbal Fernández. Insistieron entonces con comenzar la ronda de preguntas. Luego de unos pequeños cruces, el ministro cedió.

Las preguntas de la oposición de derecha se concentraron en debatir en la cancha de la agenda del ministro y el presidente Alberto Fernández: la cantidad de fuerzas federales, el presupuesto destinado a seguridad, tasas de homicidios, los cargos de jueces vacantes, si el gobierno anterior tuvo mejores cifras que este.

Lopez Murphy (JxC) se quejó de la medida de enviar al Ejército, pero porque «van desarmados». El presidente Alberto Fernández anunció que la participación del Ejército será para “tareas de urbanización”.

En la vereda de enfrente, el diputado de la izquierda Nicolás del Caño, cuestionó el anuncio desde la experiencia de otros países y el nuestro. Recordó que cuando intervino el Ejército en México y militarizó el país para supuestamente combatir a los narcos el resultado fue peor: 350.000 asesinatos y 72.000 desaparecidos. “¿Cuál es el fundamento para decir que el Ejército no va a ser corrompido por el narcotráfico?” le preguntó a Aníbal Fernández a propósito de casos de gendarmes detenidos por estar vinculados al delito organizado. Agregó: “¿Por qué ahora sería distinto si es la 8° vez desde el 2014 que se envían fuerzas federales y no bajó la criminalidad?”.

El ministro eligió no meterse a responder sobre estos fracasos y experiencias planteados por la izquierda. Fue la manera de coincidir con lo que pedía Juntos por el Cambio: centrar el debate casi exclusivamente en reforzar con más presencia policial y de fuerzas federales. Casi como un slogan electoral que se repite a los dos lados de la grieta, desde Patricia Bullrich hasta Daniel Scioli. Y eso aunque sean las propias fuerzas de seguridad quienes han terminado involucradas en el negocio narco. Hay comisarios y gendarmes presos.

Cristian Ritondo (JxC) le preguntó “¿qué podemos hacer para colaborar en el Congreso?”. Aníbal Fernández aprovechó para pedir por la ley de prevención y control de lavado de activos. La misma que había pedido Sergio Massa para cumplir con recomendaciones de organismos internacionales y el pedido del propio FMI. Se había empezado a debatir su actualización a fines del 2022, pero se trabaron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por la disputa judicial que se agudizó y algunas diferencias sobre la Unidad de Información Financiera.

Aunque es de hace varios años, ya existe una ley de control de lavado de activos, pero no pareciera que se esté utilizando mucho para combatir al narcotráfico. Aníbal Fernández reconoció en varias de sus respuestas que “la cocaína se paga en dólar billete”, así como la necesidad de buscar “la ruta del dinero”. Una frase que quedó vacía cuando tuvo que responder sobre nombres propios.

Fue Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, quien puso sobre la mesa nombres“En septiembre de 2022 se encontraron 1.300 kg de cocaína en Terminal Puerto Rosario, donde Vicentin es una de las propietarias. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué van a hacer con los 200 puertos privados que hay en esa zona?”. En el mismo sentido denunció: «¿Por qué los puertos siguen siendo privados y no se nacionalizan? Porque esas empresas son las que tienen el poder para que entre y salga cualquier cosa del país”.

El ministro de Seguridad tomó la pregunta para decir una generalidad: “Lo están analizando los especialistas, nuestros investigadores sostienen que es el camino del estupefaciente. Queremos meternos mucho más”.

Es curioso que hayan estado tantos años para sacar una conclusión tan elemental. Del Caño apuntó, además, contra las “inmobiliarias, constructoras, bancos, financieras, el agron”; los negocios legales por donde circula el dinero del narcotráfico.

El diputado santafesino Enrique Estévez (socialismo), sí mencionó los 800 km de Hidrovía y las rutas nacionales que conectan con países fronterizos, pero se concentró sobre todo en los cambios en el sistema judicial de la provincia. Este miércoles avanzaron los acuerdos entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal para dictaminar sobre un proyecto que deje sentada las bases para que Santa Fe avance en la implementación del sistema acusatorio que agilizaría las causas separando las tareas de investigación (fiscales) y sentencia (jueces). Puede ser el tema para una próxima sesión «de consenso» en la Cámara Baja.

Aníbal Fernández se vio obligado a responder sobre la desaparición de Julio Lopez y el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillan, a partir de la intervención de Myriam Bregman. La diputada del PTS-FITU sostuvo: “Seguimos exigiendo justicia por Maxi y Dario y porque hace 16 años nos dijo que Julio Lopez podía estar en la casa de la tía o abajo de un puente. Y no. Sigue desaparecido, ministro”. Romina del Plá, también diputada del FITU, le recordó además su rol como funcionario, cuando la Policía liberó la zona para que actúe una patota matando a Mariano Ferreyra.

Sobre Kosteki y Santillán, el ministro se deslindó, afirmando “yo estaba fuera del país” y “solo leí un parte que escribió otro”. Lo mismo repitió sobre Mariano Ferreyra. Al turno de responder sobre Julio Lopez, miró a Del Caño y le dijo “por lo que dijo su compañerita”, en referencia a Myriam Bregman que había dejado la sala con aviso. El murmullo no tardó, Del Caño le gritó que estaba hablando de la abogada de Julio López, y el ministro tuvo que pedir disculpas y corregirse: “Su compañera”. Pero evitó hablar de sus desafortunados dichos de aquel entonces. Solo se excusó, afirmando que investigaron como siempre.

Myriam Bregman también apuntó a los servicios de inteligencia“Habló mucho de inteligencia ministro, y hay un órgano de inteligencia, el cuerpo de informaciones de la Policía Federal. Conocidos como Los Plumas. No se les conoce haber descubierto a ningún narco, pero sí mucho espionaje político”. Recordó que el próximo martes comienza el juicio oral por un espía de ese cuerpo, Américo Balbuena.

Fue curiosa la respuesta de Aníbal Fernández: “No existe eso de Los plumas. Eso del espionaje es del siglo XVI, nosotros solo tenemos inteligencia criminal”. Se escuchó la voz de Nicolás del Caño que le recordó el “Proyecto X”, el espionaje de gendarmería sobre la protesta social y organizaciones sociales y sindicales. Una fuerza de seguridad recordada por el “gendarme carancho”. La misma que ahora muchos vuelven a insistir que sería la solución al problema del narcotráfico en Rosario.

Un juez ligado al kirchnerismo dispuso que la causa de Lago Escondido pase a Comodoro Py

El camarista Eduardo Farah, cercano al kirchnerismo, dispuso que la causa donde se investiga al viaje al Lago Escondido de un grupo de jueces, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y exagentes de inteligencia deje de tramitarse en la justicia federal de Bariloche y pase a los tribunales de Comodoro Py, como pretendían los involucrados.

El juez de la sala II de la Cámara Federal porteña hizo lugar a un planteo realizado por el juez del fuero penal económico Pablo Yadarola, uno de los integrantes de la comitiva que se hospedó en la estancia del magnate Joe Lewis.

Ese viaje salió a la luz a partir del hackeo del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo ‘Alessandro. A partir de esa maniobra, se difundieron los chats de un grupo conformado por los viajeros, que comenzaron a diseñar estrategias para ocultar que les habían pagado el viaje y el hospedaje, lo que podía configurar el delito de dádivas.

La causa había recaído inicialmente en la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, que en principio no movió el expediente, pero a partir de la filtración de los chats empezó a profundizar la investigación y en diciembre imputó a los participantes del viaje.

Pero ahora los involucrados en el viaje a Lago Escondido, que temían ser llamados a indagatoria en Bariloche, lograron que el expediente pase a Comodoro Py, donde la mayoría de los integrantes del grupo conocido como «Los Huemules» tiene gran influencia. Pero además en los tribunales de Retiro ya hay un antecedente muy fuerte en contra de promover una causa basada en pruebas obtenidas mediante espionaje ilegal, en la denuncia derivada de los chats de D’Alessandro y el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles.

Lo paradójico es que el beneficio lo terminó concediendo un juez como Farah que supo ser muy cercano al kircherismo y que durante el gobierno de Mauricio Macri terminó pidiendo el traslado de su cargo de camarista a un tribunal de primera instancia, denunciando presiones del Gobierno. Farah era apuntado por el macrismo por haber firmado la liberación de Cristóbal López. Recién en diciembre de 2020 y a partir de un fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de jueces, Farah pidió su regreso a la Cámara.

Farah justificó su decisión afirmando que «todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito» de la Ciudad de Buenos Aires, como también «todos los asuntos que, conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante» en la capital. «Si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí», agregó. 

El camarista aseguró que «a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado», en línea con lo que había sostenido el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe. «En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio», sostuvo Agüero Iturbe.

Además de los mencionados Yadarola y D’Alessandro, en el viaje también estuvieron los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el publicista Tomás Reinke.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad emitieron comunicados contra el anuncio del Presidente y advirtieron que está en juego la independencia judicial

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron el pedido de juicio político que el presidente Alberto Fernández impulsa contra los jueces de la Corte Suprema. Consideraron que no se cumplen los requisitos constitucionales para avanzar contra los ministros del alto tribunal y que la iniciativa es un hecho de gravedad institucional que atenta contra la independencia judicial.

Las dos asociaciones destacaron que el Gobierno busca destituir a los ministros de la Corte por su disconformidad con el contenido de los fallos que dictaron y por las supuestas comunicaciones -no verificadas, coinciden- entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte.

El Colegio Público, presidido por Ricardo Gil Lavedra, dio a conocer un comunicado en el que manifestó su “profunda alarma por el deterioro institucional” que implica este pedido del Presidente y un grupo de gobernadores, y afirmó que la propuesta “no cumple con la Constitución”.

“La manera en que los jueces deciden los casos que se les llevan -afirmó el comunicado- nunca puede ser motivo de mal desempeño para apartarlos de su cargo, pues si así fuera estarían siempre condicionados en la interpretación y aplicación del derecho, para tratar de agradar a quien tiene la potestad de removerlos.”

“Es lisa y llanamente inadmisible sostener el pedido de remoción en la discrepancia acerca de la interpretación de normas de la Constitución Nacional, pues precisamente la Corte Suprema es el único y exclusivo órgano al que le compete esa función”, afirmó el documento del Colegio Público. Y sostuvo: “Además, la total ausencia del indispensable consenso político resta toda seriedad a la iniciativa que parece perseguir un propósito censurable, exponer públicamente a los miembros de la Corte al trámite de investigación de la Comisión, lo que traerá aparejado un innecesario desgaste institucional y socavará la independencia de los jueces”.

El Colegio de la Ciudad, en paralelo, exhortó al Congreso de la Nación a rechazar el planteo del Presidente y sostuvo: “El juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar la función pública debido a faltas graves, debidamente comprobadas y en la medida en que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, o crímenes comunes, en el marco del art. 53 de la Constitución Nacional. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es menoscabada cuando las autoridades del gobierno de turno promueven la remoción de jueces, al margen de las causales que lo habilitan, porque no comparten las decisiones que ellos toman en el marco de casos concretos”.

En su comunicado, el Colegio de la Ciudad recordó su intervención en otro caso que resolvió la Corte el año pasado. En esa línea, argumentó: “Para comprobar que estamos ante una nueva agresión a la independencia de la rama judicial es suficiente advertir que no se invoca ninguna de las causales mencionadas por el citado art. 53. Por el contrario, una de las principales causas de remoción que se esgrime para fundamentar el pedido de remoción de los jueces de la Corte Suprema es el haber dictado sentencia en la causa ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento’ (Fallos: 344:3636). Dicha decisión, adoptada en una causa iniciada por este Colegio en el año 2006, es ajustada a derecho, y es compatible con sentencias anteriores pronunciadas en casos análogos por la propia Corte Suprema y por otros de tribunales extranjeros de diversos países del mundo, especialmente de los Estados Unidos”.

“Pretender que los jueces sean removidos por dictar un fallo justo porque el Gobierno lo considera inconveniente es incompatible con el Estado de Derecho y constituye una afrenta directa a nuestro sistema constitucional. Además, es una muestra de una clara vocación autoritaria en la medida en que se busca conmover la estabilidad de jueces que se limitaron a cumplir su deber, al hacer respetar la Constitución que había sido violada por la ley 26.080. En idéntico sentido, la pretensión de remover a los jueces de la Corte Suprema por el dictado de una medida cautelar en el marco de la causa iniciada por el gobierno de la CABA constituye un despropósito institucional que, una vez más, violenta la división de poderes y la independencia de la judicatura. Esa medida cautelar fue recurrida a instancias del Presidente de la Nación y la revocatoria presentada, junto con la recusación de los cuatro ministros de la Corte, se encuentra en pleno trámite. En ese contexto, la presentación de un pedido de juicio político, mientras se encuentra pendiente el tratamiento de un recurso contra la medida, es un intento de presión grave y directa sobre los jueces. Se trata de una maniobra condenable ya que es impropia de un Estado de Derecho e implica un verdadero alzamiento contra un poder creado por la Constitución Nacional”, continuó.

Finalmente, instó a los gobernadores a dar marcha atrás con el respaldo al Poder Ejecutivo en este pedido para remover al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Resulta también preocupante que se intente remover al Presidente de la Corte Suprema, quien además es Presidente del Consejo de la Magistratura, por supuestos intercambios de mensajes de un colaborador suyo, que no lo involucran directa y personalmente al Ministro y que, por otro lado, son actualmente objeto de investigaciones en sede penal. Hechos de esa naturaleza, utilizados livianamente sin aguardar los resultados de la investigación en curso, se erigen en un nuevo atropello a las instituciones de la república. La independencia del Poder Judicial, y en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de ese poder del gobierno federal, resulta imprescindible para respetar la vigencia de la estructura institucional que impone la Constitución Nacional, así como para proteger los derechos, garantías y libertades que corresponden a todos los habitantes de la República Argentina. Sería edificante que el Presidente y los gobernadores que con él firman la solicitud de juicio político depongan sus ataques a la Justicia y demuestren a la sociedad que ellos también están sometidos al imperio de la ley y acatan sin restricciones las decisiones judiciales”.