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El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), integrados por penalistas de acreditada trayectoria en la región, cuestionaron con severos argumentos el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “Cuadernos”, que favoreció al empresario Ángelo Calcaterra, acusado de pagar coimas y sobornos. Objetaron la determinación de que los pagos efectuados a funcionarios públicos deben ser investigados por la Justicia Electoral, como aportes a las campañas electorales, y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la responsabilidad de revertir este fallo, ya que afecta compromisos internacionales del Estado en materia de lucha contra la corrupción”, expresaron las entidades en una declaración.

Recordaron en el pronunciamiento que la causa “Cuadernos” permitió “romper el sentido común generado a lo largo de los años, que colocaba a los grandes empresarios de nuestro país como supuestas víctimas de extorsiones por parte de funcionarios públicos”.

Añadieron que el caso visibilizó que “tanto el poder político como el poder económico son parte del fenómeno de la corrupción, que la criminalidad empresarial contribuye al vaciamiento del Estado y que funcionarios y empresarios se unen a los fines de lograr negocios espurios a costa de los intereses de la sociedad. Pero, a medida que las investigaciones avanzaron y y luego de que funcionarios y empresarios desfilaran en Comodoro Py como indagados, detenidos o arrepentidos, hoy prácticamente no existe avance en materia de juzgamiento y sanción”.

Advirtieron, así, que la Cámara de Casación, con “argumentos jurídicamente insostenibles favoreció al empresario de la construcción y contratista del Estado en diversas obras públicas Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y acusado de sobornar a funcionarios públicos del gobierno de Cristina Kirchner”. Y cuestionaron la decisión de que esos pagos debían ser interpretados “como “aportes no declarados para las campañas electorales del partido gobernante y no como sobornos o coimas.

“De este modo, las falencias del sistema de financiamiento de la política se convierten, increíblemente, en una excusa para justificar a los empresarios que pagan coimas”, opinaron las entidades.

Creado en 1989, por impulso del doctor David Baigún, el Inecip tiene la misión de contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe. Trabaja intensamente en el campo de los procesos de transformación de los sistemas judiciales y penales ligados a la transición democrática, promoviendo la defensa de los derechos fundamentales de las personas. El Cipce fue fundado en 2003 y ambas entidades son presididas por el doctor Alberto Binder.

Antecedentes del caso

“No es un hecho aislado en el devenir de la misma causa. En 2021 el juez Julián Ercolini falló en esta misma dirección al sobreseer a Paolo Rocca y otros directivos de Techint, argumentando que habían coimeado a funcionarios bajo “un estado de necesidad”, expresaron, al referirse al fallo de la causa “Cuadernos”.

Agregaron que, con estos fallos, “el Poder Judicial, en particular los tribunales de Comodoro Py, garantiza una vez más que el poder económico y el poder político sigan gozando del pacto transversal de impunidad que la causa Cuadernos, conocida como el Odebrecht argentino, había puesto bajo la lupa”.

En tanto, dijeron que la decisión judicial está rodeada de “circunstancias que reflejan las deficiencias del sistema de justicia en su conjunto para perseguir y sancionar la corrupción y la criminalidad económica”.

En la declaración se recordó que uno de los jueces que firmó el fallo es el doctor Carlos Mahiques, que participó en la reunión de jueces y empresarios en Lago Escondido que “el Consejo de la Magistratura nunca investigó”. Y mencionan que su hijo Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, es mencionado como candidato a la Procuración General de la Nación, “encargado de la política de persecución penal de estos fenómenos criminales”.

“Hace menos de un mes –señalaron las entidades-, la Cámara de Casación Federal dictó un fallo plenario en el que se autoasignó la facultad de intervenir en la revisión de recursos que el Código Procesal Penal acusatorio no le habilitaba.

Y recordaron que “el gobierno nacional, con un preocupante silencio por parte de todos los partidos (aliados y opositores) con representación en el Senado se apresta a designar en esa Corte al juez federal Ariel Lijo, acusado de favorecer la impunidad de políticos y empresarios”.

Concluyeron, así, que a seis años de su inicio, este caso sigue sin llegar a juicio. “Decisiones trascendentales –afirmaron- se siguen tomando en el marco de un expediente escrito, sin ningún tipo de transparencia o publicidad, gracias a otro acuerdo transversal de la dirigencia política: mantener el sistema inquisitivo, sin audiencias orales ni juicios por jurados, en Comodoro Py”.

“Mientras el Estado es desguazado en nombre de la lucha contra la corrupción, esa misma corrupción parece beneficiarse, una vez más, de la impunidad estructural que nuestra democracia sigue sin poder transformar”, advirtieron ambas entidades jurídicas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó, por unanimidad, dos planteos contra la vigencia de la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo. Un grupo de personas promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declarara la inconstitucionalidad de la ley del aborto, pero el máximo tribunal, sin entrar sobre el fondo de la cuestión, dejó por una cuestión técnica firme el criterio tomado en instancias anterior: no había un caso o controversia.

La causas habían sido motorizadas por Marisa Ester Kulanczynsky y otros, como amparos, en los expedientes 16914/2020 y 1252/2021. Iniciadas por ocho abogados y abogadas, a quienes después se sumaron dieciocho más, allí se planteó contra el Ministerio de Salud de la Nación con el objeto que “se declare la nulidad de la Resolución Nº 1841/2020″ que fija “pautas y procedimientos destinados a fomentar y a realizar el aborto a niñas o adolescentes embarazadas menores de 15 años de edad”.

Según la presentación, “esta acción la interponen en defensa de los derechos de las personas humanas por nacer en nuestro país (…) quienes no tienen capacidad de ejercicio (art. 23 y art. 24 inc. a, CCC) y en razón de que sus madres, uno de sus representantes (art. 101, inciso a, CCC) tiene intereses encontrados con esas personas por nacer, como sucede con aquellas madres que deciden abortarlas durante el embarazo”.

La demanda agregaba que “por su condición de abogados/as, juraron defender la Constitución Nacional, que incluye el derecho de los que no tienen representación como sucede con las personas por nacer y su derecho a la vida y los demás derechos propios de toda persona humana”. Y, sobre el fondo del planteo, se aseveró que la resolución promueve la muerte de la persona por nacer en el seno materno.

La acción fue rechazada en primera instancia. “En el marco de esta acción de amparo los demandantes no aportaron elementos que permitan tener por comprobada la existencia de un “caso o controversia” en los términos indicados, es decir, no existe un conflicto concreto sobre el cual debería tratar la acción deducida”, se señaló en marzo del 2021.

Tras la presentación de un recurso de apelación, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ese pronunciamiento. La Sala remitió a su precedente “Sueldo”, causa en la que ya había rechazado la legitimación activa del peticionario, pues no había demostrado tener un perjuicio distinto al que podrían tener otros ciudadanos y tampoco demostraba representar el interés general de la sociedad.

Además, agregó allí que la legitimación activa debía rechazarse cuando se pretendía un pronunciamiento judicial con efectos sobre bienes o intereses sobre los que otras personas ajenas al proceso tenían derechos individuales y exclusivos, sin que existiera un procedimiento apto para resguardar su derecho de defensa. También recordó que un pronunciamiento judicial atinente a un debate que no esté referido a una causa, quebraría límites normativos, además de jurisprudenciales.

Los actores interpusieron un recurso extraordinario, que fue parcialmente concedido por estar en juego la interpretación de normas federales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó dicho recurso por incumplir el reglamento aprobado por la acordada 4/2007 -que establece la forma de presentación de la demanda ante el máximo tribunal-. De este modo, quedó firme la sentencia de Cámara.

Las nuevas tecnologías han dado paso a diversas formas de acoso y hostigamiento que se ajustan a dichas plataformas. La llamada “Ley Olimpia” busca dar contención para evitar la violencia contra las mujeres en entornos digitales. ¿Qué sucede cuando la víctima es un hombre? El fenómeno “Bebé Reno”.

¿Cuál es la clave del éxito local de “Bebé Reno”, la serie de Netflix que atrapó a miles y miles de espectadores? Tal vez sea el ritmo de la serie, la mezcla incómoda entre humor y horror, la identificación con alguno de los personajes o el que sea una serie basada en hechos reales (la historia de un hombre que es seguido y perseguido por una mujer obsesionada con él a múltiples niveles).

Más allá de las razones por las que el programa ganó popularidad, se esconde un fenómeno urgente y perturbador: el acoso, presencial y digital, que llega a ser una verdadera pesadilla para las víctimas. Según la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de CABA, las denuncias por hostigamiento digital se han incrementado en un 35% durante el último año. La llamada “violencia digital” o virtual, triste nomenclatura que en nuestro país tiene un abordaje legal enmarcado en la violencia de género, viene a dar coordenadas de un asunto que gana terreno y obliga a repensar la legislación antes de amanecer en una silenciosa pandemia.

La ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, asentó desde el año 2014 una plataforma para construir normativa que controle o sancione la violencia digital. Es así como en octubre de 2023, la “Ley Olimpia” (cuyo número es 27.736) modificó la 26.485 introduciendo a la violencia contra mujeres en entornos digitales como una modalidad de violencia de género.

Entre las principales incorporaciones de esta norma está el objetivo de garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”, o “que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”. La misma Ley Olimpia da una definición de violencia digital o telemática al precisar que se trata de “toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basadas en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar.”

Este necesario plafón no es aplicable cuando quien sufre la violencia digital es un hombre (como en el caso narrado en “Bebé Reno”). No obstante, algunas provincias o estados locales han avanzado con legislación que puede abordar la problemática.

Por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Código Contravencional porteño, intimidar u hostigar a una persona mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con multa de ciento sesenta (160) a ochocientas (800) unidades fijas, tres (3) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública, o uno (1) a cinco (5) días de arresto.

La mención a “siempre que el hecho no constituya delito” no es en absoluto caprichosa, ya que el Código Penal, que aplicaría en estos casos para conductas más graves (y, por lo tanto, sanciones más severas), reprime con penas de prisión de seis meses a dos años al que “hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”. Si esas intimidaciones se hicieran con armas o fuesen anónimas, la escala de penas se eleva de uno a tres años de prisión. El mismo Código Penal contempla sanción de prisión o reclusión de dos a cuatro años para “el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.”

¿Puede un “me gusta” en una red social ser considerado un acto de violencia digital? Hay fallos judiciales que han dado cuenta de que sí, ya que no son necesarias conductas sumamente ostensibles para derivar en conductas que afecten la dignidad y generen daños. “En determinados contextos – medidas de restricción vigentes-” precisó el Tribunal de Familia de Formosa en un fallo reciente, “puede que el accionar se limite a consignar un ‘me gusta’ en la red de la víctima, siendo ello suficiente para lograr de este modo la finalidad de que la misma perciba un control de sus acciones por parte del victimario así como un sentimiento de temor y angustia por parte de la víctima. Desde esta perspectiva, la colocación de ‘me gusta’ si bien no implicaría, en principio, un daño a la reputación, sí se erige en un medio (muy simple y accesible) de violentar a la víctima, logrando imponerse en su entorno virtual y socavar esa esfera de despliegue de su personalidad.”

Fue condenado por hostigar sistemáticamente en redes sociales a la periodista Marina Abiuso. Deberá realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de formación contra la violencia de género. Se trata de su segunda condena: el mes pasado había recibido otra por discriminación.

El mismo youtuber y tuitero quien solicitó la probation y se ofreció a cumplir con las tareas comunitarias, además de realizar un taller sobre Género y Violencia Intrafamiliar del Programa de Educación en Derechos Humanos. Así evitó la elevación a juicio.

En el fallo, la justicia porteña, además, le prohibió al condenado nombrar a Abiuso por cualquier medio, lo que abarca redes sociales, teléfono, carta, pancarta o incluso a través de terceras personas. Danann también tiene prohibido acercarse o tener cualquier tipo de contacto con la comunicadora.

El hostigamiento se llevó a cabo principalmente en X (ex Twitter), desde cuentas de influencers o perfiles anónimos con numerosos seguidores, cuya tarea fue replicar el contenido. Gorostiaga, por ejemplo, la instó a “callar la boca” respecto del crimen de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa.

De esa manera, Danann se convirtió en uno de los principales autores de una campaña que tuvo por objeto desacreditar públicamente y silenciar a la periodista, una referente de las agendas que promueven la igualdad y que por entonces era editora de Género en un canal de noticias. A partir de ello, Abiuso comenzó a recibir amenazas de violación y de muerte.

“Este caso se inserta en un contexto local de una escalada de discursos que incitan a la violencia y a la discriminación hacia periodistas que cubren las agendas de género y diversidad, con el propósito de deslegitimar y silenciar a las principales voceras de estas agendas, generando un profundo deterioro del debate público”, señaló Amnistía Internacional Argentina, tras conocer la resolución judicial.

“Este precedente contribuye a enviar el mensaje de que la violencia de género en redes no es tolerada. Se deben adoptar medidas reparadoras para que mujeres, niñas y adolescentes del país puedan confiar en la Administración de justicia y se atrevan a denunciar”, agregó la ONG.

Al igual que Amnistía Internacional Argentina, otras entidades, como la Agencia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), manifestaron públicamente su rechazo al escrache, las acusaciones falsas y el hostigamiento hacia Abiuso.

Desde la ONG alertaron que esta modalidad de violencia, que afecta principalmente a mujeres y diversidades con voz pública, se caracteriza por ser continua y sistemática, perdurar en el tiempo indefinidamente, dada la imposibilidad de borrar por completo la huella digital, con consecuencias que pueden ser devastadoras para las personas que la padecen.

Si bien las acciones se iniciaron a través de redes sociales, estas tienen su correlato en la vida pública. “Marina Abiuso ha tenido temor de salir a la calle y hablar públicamente, y el hostigamiento sistemático en redes ha afectado su desarrollo profesional, su salud mental y su libertad de expresión. Es por ello que la periodista decidió cerrar su perfil de X y autocensurarse, pese a que las plataformas sociales son un espacio fundamental para difundir y amplificar su trabajo como comunicadora”, resaltaron las consecuencias desde la organización.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que el país, junto a la crisis económica y social, “tiene una alta tasa de pobreza inmoral” e incertidumbre en tribunales sobre las leyes a aplicar por el mega DNU del presidente Javier Milei.

Gil Lavedra señaló que “hay una palabra que resume todo esto: Incertidumbre. Incertidumbre sobre lo que nos va a ocurrir el día de mañana, y también incertidumbre acerca de cuál es el régimen jurídico aplicable”. ´

“El gobierno nacional está impulsando cambios profundos votados por gran parte del pueblo, pero -hasta ahora- no encontró los instrumentos jurídicos adecuados para plasmarlo”, analizó.

“Esto lleva a que al día de hoy -en muchos casos- no se sepa qué está vigente y qué no. Las discusiones de todos los días, qué pasa con las normas del DNU, (algunas están, otras no están, hay cautelares, etc). Proyectos que no sabemos si van a plasmar o no. En estas circunstancias tan difíciles, las controversias tampoco ayudan a establecer previsibilidad”, alertó.

Lo dijo al trazar un balance de los 640 días que lleva al frente de la institución que nuclea a los profesionales del Derecho, en el reinaugurado salón restaurante del primer piso de Corrientes 1441, y ante una concurrencia que superó las cuatrocientas personas.

El excamarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura agradeció –en primera instancia- a todos sus compañeros de la lista Unidad, y tuvo un especial párrafo de reconocimiento para el personal de la institución que acompañó el acto.

Gil Lavedra confesó que se trató de su primera experiencia al frente del Colegio. “Cuando nos hicimos cargo, estaba cerrado, abandonado, sin organización, sin estructura, con superposición de funciones”, relató. “Hemos atravesado, y estamos atravesando una crisis económica fenomenal, y que hayamos podido realizar todas estas obras en este lapso demuestra una administración súper eficiente de los recursos”, subrayó.

Frente al escenario planteado, reiteró que “es muy importante la tarea de los jueces y de los abogados”. “Este es un momento en la Argentina, en que -como nunca antes- hay que fortalecer la independencia de la justicia, para que pueda convalidar lo que hay que convalidar o que invalide lo que haya que invalidar”, subrayó.

En este sentido, añadió que “el abogado, que es por lo más un auxiliar de la justicia, cumple una tarea central. Nuestra herramienta de trabajo es la ley, es nuestro instrumento de tarea diariamente”. “Y los abogados y las abogadas somos los primeros defensores del Estado de Derecho y de la garantía de todos los habitantes”, agregó.

En un tono más íntimo, el presidente del CPACF sostuvo que “nos corresponde a nosotros también garantizar la vigencia de todos estos grandes principios”. “Lo que le da integridad, lo que le da estabilidad a una sociedad es la vigencia de la Constitución y las leyes, porque esas son las que marcan los límites, las que trazan el rumbo, las que ponen el camino dentro del cual se debe desenvolver cualquier política de gobierno”, puntualizó

Finalmente, Gil Lavedra aseguró que “el Colegio que viene tiene que ser un Colegio serio, profesional, prestigioso, que defienda las incumbencias como lo hemos hecho nosotros, y que defienda también la Constitución y la ley”. Subrayó que “no es tiempo para aventuras personalistas de poca monta o regresar al pasado”. “Tenemos que continuar este sendero. Y el desafío sigue siendo enorme”, concluyó el excamarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura.

Entre el numeroso público, se entremezclaron la consejera de la Magistratura, Jimena de la Torre; el ministro del gabinete porteño, Roberto García Moritán; la titular del Tribunal Superior de Justicia local, Inés Weinberg, y sus colegas, Luis Lozano y Marcela de Langhe; y los consejeros de la Magistratura porteños, Rodolfo Ariza Clerici, Javier Concepción, y Lorena Clienti. También estuvieron el juez Mariano Borinsky, y el decano de Derecho UBA, Leandro Vergara.

También pudo verse al presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle; el exministro de Justicia, Germán Garavano; y el exsecretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas.

El Gobierno de la la Ciudad de Buenos Aires presentó en las últimas horas una denuncia penal para que se investiguen los incidentes y destrozos provocados en las inmediaciones del Congreso de la Nación tras la aprobación de la Ley Ómnibus. Así, se buscará individualizar a todos los responsables, más allá de las personas que resultaron detenidas.

La presentación fue realizada por los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y su par de Seguridad, Waldo Wolff, por pedido del jefe de Gobierno, Jorge Macri, ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El mandatario pidió en sus redes «hacerles pagar por los daños que causaron y seguir los procesos penales correspondientes».

“Dijimos que íbamos a iniciar la denuncia y lo hicimos. Les reclamaremos el costo de todos los daños porque no vamos a permitir que unos pocos vándalos y delincuentes destruyan la Ciudad”, aseguró de manera enérgica el actual Jefe de gobierno porteño.

En la presentación, los funcionarios instaron al fiscal a que promueva la correspondiente investigación penal preparatoria y se dispongan todas aquellas medidas conducentes para el esclarecimiento del hecho y la identificación de sus responsables.

En tanto, Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad, sumó: «Solicitamos se investigue la comisión de los delitos y contravenciones cometidos el día 2 de febrero del año en curso y se identifique y sancione a sus responsables”.

Según precisó la denuncia presentada este sábado, se “vandalizaron diversos bienes públicos de la Ciudad, se prendieron fuego vallas de madera sobre la vía pública, como así también tachos y contenedores de basura, se rompieron baldosas de las veredas, para así arrojar objetos contundentes al personal policial”, consignaron en el escrito.

Además, se “obstaculizó la circulación vehicular, se agredió de diversas maneras al personal policial y de otras fuerzas de seguridad que se encontraban abocados a la tarea de asegurar el orden público, y se obstaculizó la salida del edificio del Congreso de diversas personas».

Y se agregó: «Todo ello puede fácilmente observarse en las diversas fotografías y filmaciones que, respecto de lo ocurrido, han aparecido en varios medios de comunicación”.

Además, en dicha presentación se solicitó que a “medida que sean identificados los responsables de los diversos hechos ilícitos que son objeto de esta denuncia, se les formule la correspondiente intimación de los hechos. Y, a su vez, que se haga saber fehacientemente su identidad a los presentantes, a los efectos de poder iniciar los reclamos pecuniarios pertinentes en razón de las diversas afectaciones al erario público de la Ciudad que han provocado sus conductas”.

A través de un posteo en sus redes sociales, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad nacional informó que eran 18 las personas detenidas y advirtió: «Vamos a ir a fondo en la causa, investigar a cada uno de los involucrados y pedir la expulsión de los dos chilenos partícipes de este desastre. El que las hace, las paga», consignó.

En la publicación, detalló que hay dos chilenos involucrados en los desmanes, uno de ellos con antecedentes de violencia en su país, y que pedirán su deportación.

Los hechos de mayor vandalismo se registraron horas después de que los diputados dieran media sanción a la Ley Ómnibus, discutida durante varios días en el Congreso.

Los costos para la Ciudad, más de 100 millones de pesos

Según informaron funcionarios de la Ciudad, «la limpieza, reparación del mobiliario urbano y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación, implica un costo para la Ciudad de $106.890.000«, detallaron.

«Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”, instó Jorge Macri.

la Justicia Federal de La Plata dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió «preventivamente» el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el Ejecutivo en diciembre pasado, el cual deroga la llamada Ley de Tierras que restringe la venta de campos a capitales extranjeros.

La resolución fue emitida por el juez federal Ernesto Kreplak -quien ya tomó medidas similares, como con respecto a las tarifas de los colectivos.

El magistrado, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, hizo lugar a un planteo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que denunció «la inconstitucionalidad y nulidad» del DNU.

En el fallo se hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo, quien objetó al Ejecutivo nacional la posibilidad de derogar la ley 26.737 de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, así como todo acto jurídico realizado desde la fecha de su entrada en vigencia.

«Por ley 26.737 se limitó la adquisición y posesión de tierras a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera y se vedó la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes», se reseñó en la presentación.

En ese aspecto, se advirtió que se «indica que la norma aquí impugnada, al derogar la anterior, libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces».

El CECIM sostuvo que «el DNU importa una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo, más si se tiene en cuenta que dicha norma contradice abiertamente la voluntad que los legisladores plasmaran al sancionarlas».

Y solicitó que «se dicte una medida cautelar por la cual se suspenda la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo». El juez coincidió en los argumentos.

El CECIM también dijo que no están dados los requisitos de necesidad y urgencia. «El Ejecutivo Nacional violó los principios de la organización republicana al derogar, a través de un decreto de necesidad y urgencia, una norma dictada por el Poder Legislativo sin encontrarse acreditados los extremos necesarios para ello. De ser ello así, no estaría en juego la pretensión de utilizar el texto constitucional para fundamento de alguno de los derechos que de él se derivan, sino que peligraría el mismo derecho fundamental», explicó.

También se argumentó que si bien el Ejecutivo está habilitado al dictado de DNU, los mismos deben ser «de modo excepcional, cuando circunstancias extraordinarias hicieran imposible seguir los trámites ordinarios que la Constitución Nacional establece para la sanción de las leyes, siempre que no se trate del ámbito penal, tributario, electoral o del régimen de los partidos políticos». Y recordó que la Corte Suprema nacional se ha expedido sobre el concepto de «situaciones de emergencia pública».

Kreplak consideró «acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el art. 230 del CPCCN y de la ley 26.854, motivo por el cual dispondré suspender preventivamente la vigencia de lo dispuesto en el art. 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, hasta tanto recaiga sentencia definitiva».

Una jueza de San Martín dio lugar al reclamo de una afiliada; le ordenó a una entidad de medicina privada no aplicar las subas anunciadas para enero y febrero y, en cambio, guiarse por el sistema anterior de precios regulados hasta que haya una sentencia definitiva

a jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, dio lugar a una medida cautelar solicitada por una afiliada a un plan de medicina prepaga, y le ordenó a la entidad dejar “sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23″ y, en cambio, limitarse “a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del artículo 17 de la ley 26.682″, hasta tanto haya una sentencia definitiva.

Lo resuelto, que tiene efectos solo para la persona que hizo el reclamo, implica la marcha atrás con la suba de 40% en la cuota de este mes y la no aplicación del 29,5% que, en el caso en particular, se anunció para la factura de febrero. Esos incrementos dan un acumulado de 81,3% en un bimestre. En cuanto a “los aumentos autorizados” según el régimen anterior al DNU a los que hace referencia el fallo, solo se conoce el porcentaje de enero, de 6,26% (en lugar del 40%), en tanto que no hay información con respecto al segundo mes del año. Esto ocurre porque ya se discontinuó la publicación del Índice de Costos de Salud, que era el valor de referencia para los incrementos de cuotas que se utilizó hasta el año pasado y que difundía mensualmente en un sitio oficial la Superintendencia de Servicios de Salud.

El fallo emitido este lunes 15 de enero está referido a la causa iniciada por Marta Cristina Brauchli contra la Sociedad Italiana de Beneficiencia en Buenos Aires (la razón social del Hospital Italiano). Los planes de salud de esta entidad tuvieron este mes un incremento de 40%, tal como ocurrió también con las demás prepagas. Además, las empresas ya anunciaron que el mes próximo aplicarán otro reajuste de entre 24% y 30%. Ello, a partir de la liberación de precios, una medida incluida en el DNU.

La demandante del caso para el cual hoy se dictó la medida cautelar señaló en su reclamo, según consta en el fallo, que le resulta imposible afrontar las subas, dado el monto de sus haberes previsionales. Según se menciona en el escrito judicial, la afiliada, una jubilada de 78 años, “manifestó que los aumentos que se le exigen, basados en el DNU 70/23 la colocan en un completo estado de incertidumbre causándole, además, como consumidora, un daño actual a sus derechos, el acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada”.

Con esos argumentos, se planteó un pedido de declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, anunciado el 20 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial del día siguiente.

Qué se modificó con el DNU

Esa norma del Poder Ejecutivo derogó los artículos de la ley de prepagas, vigente desde hace más de una década, referidos a la regulación de los precios en la actividad. A partir de la medida, las prepagas anunciaron fuertes incrementos, explicando que tenían un retraso en los valores de las cuotas, que en 2023, por ejemplo, subieron un 135,7% mientras que la inflación llegó al 211,4%.

Muchos ingresos de los particulares, sin embargo, se movieron muy por debajo incluso del 135,7%, como el caso de los haberes jubilatorios del sistema de la Anses a los que solo se les otorgaron reajustes según el índice de movilidad, del que resultó en 2023 una suba de 100,9%, más de 100 puntos porcentuales por debajo del avance general de los precios medidos por el Indec.

Desde el sector anunciaron los aumentos de estos meses tras afirmar que no tenían margen para continuar sin recomponer sus ingresos, de los que surgen los recursos para mantener sus propias estructuras y para pagar a los prestadores (médicos e instituciones) que, a su vez, reclaman por la suba de sus aranceles, a los que consideran muy retrasados. En los últimos meses hubo varios comunicados de entidades que dan servicios de diferentes especialidades, advirtiendo sobre los desequilibrios entre el aumento de sus costos y la variación de los aranceles recibidos de las prepagas. El deterioro prestacional se evidenció, por ejemplo, en las salidas de médicos de las cartillas, en las demoras para obtener turnos y en el cobro de bonos contribución o copagos por parte de algunos profesionales o entidades.

La ley 26.682, de la cual el DNU dejó sin efecto algunos artículos –total o parcialmente–, le otorgó a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. El sistema que rigió durante el último año –derivado de lo establecido por aquella ley – implicaba que la mencionada superintendencia, como autoridad de contralor, publicaba la variación mensual de un Índice de Costos de Salud, y ese porcentaje era el autorizado para la suba de cuotas; además, regía un esquema de incremento topeado para afiliados con ingresos de hasta un determinado monto, que debían completar una declaración jurada (en enero no iba a regir ese techo, porque el valor del tope era superior al de la suba según el índice general).

Más allá del aumento generalizado del 40% para este mes decidido tras la aprobación del decreto, para un grupo de afiliados ya estaba determinado que iban a recibir su factura con un reajuste de 40,67%. Se trata, concretamente, de quienes tuvieron la cuota congelada en octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con una decisión que había tomado, en el marco del llamado “plan platita”, el entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Ese porcentaje corresponde a la suba de precios que se acumuló, según el índice oficial, entre octubre y diciembre. Ahora, las prepagas tomaron diferentes decisiones respecto de incorporar o no esos incrementos.

En su escrito, la jueza Forns señala que si bien la causa analizada “fue declarada como de proceso colectivo, aún no ha podido ser inscripta en el Registro correspondiente”, por lo cual la medida cautelar tuvo un tratamiento de forma individual, es decir, solo para la peticionante.

Un caso sin habilitación de feria

En el caso de otro reclamo de un afiliado a una prepaga, la Sala A de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó, el miércoles de la semana pasada, lo resuelto en un fallo de primera instancia, que había rechazado la habilitación de la feria judicial. Esa decisión se dio en el marco de la causa “Wilson, Eduardo Santiago c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/amparo”, iniciada por un afiliado a Swiss Medical.

Según la decisión tomada en primera instancia por la jueza Silvina Bracamonte, en el conflicto expuesto por la persona demandante “predomina el aspecto patrimonial (aun cuando, en cierta medida, también se encuentre involucrado el derecho a la salud), ya que no se trata de proteger al amparista por sus padecimientos físicos o para que no se interrumpa algún tratamiento médico, sino de determinar si el monto que la empresa de medicina prepaga pretende cobrarle por su cuota de afiliación se ajusta a derecho”. Por tal consideración, se resolvió que no había urgencia que ameritara tomar una decisión durante la feria judicial.

El expresidente reapareció en redes sociales y le dedicó un extenso hilo de tweets al megadecreto del libertario: «Nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto».

El expresidente Alberto Fernández advirtió vía redes sociales que el país «asiste un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto» tras el anuncio del gobierno de Javier Milei que implican cientos de modificaciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

«Cuando la democracia está cumpliendo 40 años de continuidad, nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto. El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo«, inició el exjefe de Estado a través de X (ex Twitter).

«El espíritu que gobierna el ilegal DNU dictado, provocará graves efectos económicos y sociales: abre indiscriminadamente las importaciones, pone en riesgo el ambiente y nuestros recursos naturales, desregula el sistema de salud, precariza el trabajo y restringe derechos», continuó.

Para Fernández, es «evidente» que Milei «ha golpeado el sistema republicano de gobierno y ha adoptado medidas de detrimento de la industria nacional, de los bienes y recursos del Estado». Así como también «de los derechos de los trabajadores».

En el mismo hilo, Fernández defendió su gestión alegando que los datos que ventilan los funcionarios de Milei son «falsos» y que los mismos intentan «montar un escenario de caos para justificar la destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores. Con esa lógica firmaron el DNU que se cuestiona».

Por último, concluyó: «La República está en riesgo por el desatino que exhibe el Presidente al dictar medidas contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo. A él le cabe la responsabilidad de vulnerar groseramente las normas del Estado de Derecho».

En sintonía con el expresidente, varios dirigentes y funcionarios del Frente de Todos cuestionaron en duros términos el extenso paquete de modificaciones. Uno de ellos fue el gobernador reelecto de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien señaló: «Anunció un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’«.

En #Retweet el programa que conduce el periodista Ceferino Reato, entrevistaron a la Diputada electa por la LLA, Lilia Lemoine.

🗣 Si Grabois fuera cristiano estaría preocupado por los pobres y los que sufren y no por tirar a un gobierno

🗣 Para mí la primera dama es Karina. Sin Karina, Javier no sería presidente

🗣 El mejor legislador no es el que más leyes manda al congreso sino el que vota las leyes que a la gente le importan

🗣 Pandemia. Si vos tenias un canal de Youtube y te anotabas en Mi Argentina eras esencial.

Luego de la aprobación del pliego en el Senado, Alberto Fernández firmó el nuevo nombramiento esta madrugada de miércoles.

Luego de que el Senado aprobara el pliego de Ana María Figueroa, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para que continúe siendo jueza por cinco años más.

«Nómbrase, por el término de CINCO (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL a la doctora Ana María FIGUEROA (D.N.I. Nº 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013″, dicta el texto firmado por el Primer Mandatario, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. 

Fue el jueves de la semana anterior que, tras un doble empate en la votación, Claudia Ledesma Abdala, presidente provisional de la Cámara, marcó la diferencia con su voto y definió la probación del pliego de Figueroa. Tras la aprobación en la Cámara Alta, solo faltaba la habilitación del presidente Alberto Fernández, quien firmó el decreto esta madrugada.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia había pedido apartar a la jueza el mismo día de su natalicio, donde cumplió 75 años, el kirchnerismo buscó y encontró la forma de continuar garantizándole un lugar a la jueza que tenía que resolver importantes expedientes para la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Tales como «Los Sauces-Hotesur» y la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

La justicia investiga los negocios millonarios de la familia del sindicalista Hugo Moyano. Se trata de las firmas IARAI (servicios de Salud), ACONRA (empresa constructora), DIXEY (uniformes y servicios informáticos) y LAS MARIAS (vigilancia y seguridad).

Los clientes de estas empresas son: la obra social de Camioneros, la Federación de Camioneros, el Sindicato de Camioneros, la mutual de Camioneros, anteriormente el Club Independiente (cuando Moyano era presidente del Club) y el Club de fútbol Camioneros.

La Cornisa visitó las oficinas de IARAI, búnker de Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano, en Avenida Belgrano al 1200 en San Cristóbal. Pero la directora suplente de Dixey SA no quiso responder la requisitoria periodística. En las oficinas de la empresa constructora Aconra y de la citada Dixey, el equipo de La Cornisa encontró afiches de las clínicas del sindicato de Camioneros y documentación tirada en el segundo piso de Florida 878 en el microcentro porteño, domicilio legal de las firmas.

Los titulares de Dixey y Aconra son Valeria Salerno, hijastra de Moyan, y Juan Manuel Zulet, su hijastro. El titular de la compañía aseguradora de esas firmas es Pablo Moyano.

La semana pasada, la AFIP de la gestión actual, intimó a dos de estas empresas del Clan Moyano, Aconra y Dixey, a pagar deudas de un total de más de 114 millones de pesos más intereses.

La documentación interna del organismo de control que accedió La Cornisa fue remitida a las oficinas de las empresas de la familia Moyano. La justicia federal espera respuesta.

Fuente Periodismo y Punto

La entidad lanzó un duro comunicado después de que los diputados Javier Milei y Victoria Villarruel votaran en contra. Asimismo, se refirieron a los diputados del Frente de Izquierda que se abstuvieron.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado este jueves repudiando el rol que cumplieron los diputados de La Libertad Avanza y de Izquierda durante el tratamiento del Día de Duelo Nacional del próximo 18 de julio, en homenaje a las 85 víctimas que dejó el atentado contra la AMIA. 

«La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, felicita a los 171 diputados que votaron a favor del proyecto para declarar Día de Duelo Nacional el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de AMIA-DAIA. Este abrumador respaldo de la gran mayoría del arco político del país es una clara y esperanzadora muestra de cómo las diferencias políticas pueden ser superadas cuando se necesitan alcanzar acuerdos de interés nacional», detallaron mediante un comunicado publicado en redes sociales. 

En esa misma línea, destacar que el proyecto «promueve, entre otras medidas, que durante ese día la bandera nacional permanezca izada a media asta en los edificios y lugares públicos, en los que se promoverá la realización de actividades alusivas». Por último, cargaron puntualmente contra los congresistas: «La DAIA deplora los votos negativos de los diputados de la Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel; y las abstenciones de Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilcay Myriam Bregman, del Frente de Izquierda; Monica Frade, de la Coalición Cívica; y Paula Omodeo, de Creo Tucumán».

Ante este comunicado, la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, salió a explicar porqué votaron en contra: «Citación a los diputados para la sesión especial del día de ayer. Ahí están los proyectos que se trataron. A la medianoche votaron 1 paquete de 8 proyectos que no estaban en la orden del día, por lo que no habiendo sido analizados decidimos con Milei no votarlos a favor», escribió en Twitter.