El juicio del Presidente y su onerosa tasa de Justicia

Ya se ha dicho aquí, por observadores y cronistas habituales de estos temas que somos. Un presidente de la Nación está sujeto al escrutinio público y al inefable hecho de ser denunciado penalmente por su actividad casi todos los días o semanas o meses. «Una denuncia no se le niega a nadie», dice en ese sentido una frase hecha en la política. Y Comodoro Py es el norte. En este caso se trata de una acción privada pero que no deja de ser pública por el rol de quien la hace y eso que decíamos del escrutinio público.

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El máximo karma: la declaración jurada de bienes

La anunciada denuncia de la abogada Silvina Martínez contra el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, por presunto enriquecimiento ilícito quedó a cargo por sorteo del más nuevo de los jueces federales de Comodoro Py, en este caso la segunda mujer en ocupar uno de los doce juzgados que investigan los casos sensibles a la política. Se trata de María Eugenia Capuchetti, que subroga el juzgado 6 que ocupó durante un cuarto de siglo el histórico y recientemente jubilado Rodolfo Canicoba Corral. Si se hubiera planteado la semana pasada le habría tocado al juez que por primera vez analizó el patrimonio de sus padres en los tribunales de Retiro, Julián Ercolini.

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