La anunciada denuncia de la abogada Silvina Martínez contra el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, por presunto enriquecimiento ilícito quedó a cargo por sorteo del más nuevo de los jueces federales de Comodoro Py, en este caso la segunda mujer en ocupar uno de los doce juzgados que investigan los casos sensibles a la política. Se trata de María Eugenia Capuchetti, que subroga el juzgado 6 que ocupó durante un cuarto de siglo el histórico y recientemente jubilado Rodolfo Canicoba Corral. Si se hubiera planteado la semana pasada le habría tocado al juez que por primera vez analizó el patrimonio de sus padres en los tribunales de Retiro, Julián Ercolini.
Ocurre que Ercolini -titular del 11- terminó tras dos meses la subrogancia del juzgado 6 y en su lugar resultó elegida Capuchetti -del 5, ex Norberto Oyarbide- ante el desistimiento de algunos de sus colegas. Tanto Ercolini como los propios Canicoba y Oyarbide no encontraron inconsistencias en las declaraciones juradas del fallecido Néstor Kirchner cuando debieron investigarlo ante denuncias similares. Justo los tres a los que les había tocado el tema previamente.
Pero no son los únicos. El destino sí quiso que vuelva a intervenir en un tema patrimonial de la ex familia presidencial el fiscal Eduardo Taiano, quien ya había actuado en la causa que estuvo a cargo de Ercolini. En rigor, Taiano no apeló la decisión del juez de archivar la denuncia por inexistencia de delito. El día que le vencía el plazo secuestraron a su hijo en pleno Barrio Norte.
La presentación obligatoria de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios del Poder Ejecutivo ante la Oficina Anticorrupción (OA) comenzó durante el gobierno de Fernando de la Rúa con la implementación de la Ley de Etica Pública y se transformó prácticamente en un karma para la entonces familia presidencial.
Ellas revelaron su sostenido crecimiento patrimonial y derivaron en investigaciones penales que ocuparon varias tapas de diarios aunque terminaran todas en sobreseimientos y casi de manera exprés. «No sirve presentarlas tan rápido», dijo a Juez y Parte una fuente con conocimiento del paño que vaticinó que de aquí a un año el primogénito de Néstor Kirchner y Cristina Fernández terminará también sobreseído.
Conocidas la semana pasada las correspondientes al período 2019, Martínez -ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ), ex asesora de la ex diputada Margarita Stolbizer y denunciante de los Kirchner en varias de las causas que tienen en los tribunales federales- señaló que los 292 millones de pesos declarados por el jefe de los diputados oficialistas son apenas una quinta parte de los bienes que surgen de las causas penales que tiene encima y de las que ella participa como querellante o denunciante.
«De las valuaciones efectuadas por los interventores en dichos expedientes judiciales surge que Máximo Kirchner posee un patrimonio blanco registrado y contabilizado que supera los 25 millones de dólares. Máximo Kirchner y Florencia Kirchner tienen un patrimonio en conjunto de más de 50 millones de dólares (US$50.200.349). Pero para llegar a la cifra final, habría que sumar otras 27 propiedades que eran de Néstor Kirchner y cuyos titulares son ahora el diputado nacional Máximo y su hermana, Florencia Kirchner», sostuvo Martínez en su denuncia, que aquí se adjunta.