El juicio del Presidente y su onerosa tasa de Justicia

Ya se ha dicho aquí, por observadores y cronistas habituales de estos temas que somos. Un presidente de la Nación está sujeto al escrutinio público y al inefable hecho de ser denunciado penalmente por su actividad casi todos los días o semanas o meses. «Una denuncia no se le niega a nadie», dice en ese sentido una frase hecha en la política. Y Comodoro Py es el norte. En este caso se trata de una acción privada pero que no deja de ser pública por el rol de quien la hace y eso que decíamos del escrutinio público.

Alberto Fernández demandó civilmente a la dirigente opositora política Patricia Bullrich por sus dichos sobre su actuación en torno a la campaña de vacunación pública contra el coronavirus Covid-19. Y en la tele se reveló cuánto pidió de resarcimiento y, por ende, cuánto debió oblar de tasa de justicia en concordancia con lo reclamado por los daños y perjuicios alegados. Más de tres millones de pesos, el 3% del monto reclamado, cien millones de pesos. Conclusión: esta semana lo denunciaron penalmente (al Presidente) por presunto enriquecimiento ilícito.

¿Cómo hizo Alberto Fernández para pagar esa tasa de justicia? Ya lo sé. La pregunta/denuncia que se le hizo en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py es nada en comparación con las acusaciones que pesan en la Justicia contra su electora de fórmula ganadora dos años atrás, la vicepresidenta de la Nación y ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Prueba de ello fueron las piruetas que debió dar el hijo mayor de esta última, Máximo, jefe de bloque del oficialista Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, en una entrevista radial que dio esta semana, algo realmente inusual en él y sólo entendible por la imperiosa necesidad de remontar en las elecciones del mes que viene el desastroso resultado del escrutinio público de las primarias del 12 de setiembre.

La platita, la platita

«Hoy está todo embargado, inhibido, no sé como estará ahora», dijo Máximo Kirchner de corrido, sin hesitar ni solución de continuidad, al explicar la actualidad del patrimonio que heredó de sus padres. ¿No sabe si puede disponer de semejante fortuna declarada de 400 millones de pesos? Si fuera mi plata yo me preocuparía. La pregunta es: ¿será su plata? El colega que lo entrevistaba, Alejandro Bercovich, redujo su patrimonio en la pregunta a la mitad: 200 millones.

La denuncia de esta semana contra el más modesto Alberto fue sorteada el martes en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py y le tocó en suerte al juzgado 7, a cargo de Sebastián Casanello. La hizo el diputado nacional Jorge Enríquez, aliado político de Bullrich. Ambos son parte de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. Enríquez, de origen radical y con una banca en el Congreso. Bullrich, ya sin banca pero presidenta y voz pública de Propuesta Republicana (PRO), la pata política que en 2015 llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación en coalición con la Unión Cívica Radical (UCR) y Afirmación por una República Igualitaria (ARI), entre otros partidos.

«La transparencia exigida a los funcionarios en su gestión de gobierno abarca, como no puede ser de otra forma, principalmente a quien ejerce la más alta autoridad del país, pues la salud de la República así lo demanda», dijo Enríquez con tono radical en su denuncia, que aquí adjuntamos para conocimiento del lector. El legislador habló de los hechos de «dominio público», como lo fueron el informe televisivo del domingo último del programa La Cornisa, en el canal del diario La Nación, y los registros públicos de la Justicia sobre esta cuestión, como aquí se informara esta misma semana.

Por ello el denunciante pidió al juez que «se requiera del Señor Presidente de la Nación, don Alberto Angel Fernández, que proceda a justificar la procedencia de los fondos con los que satisfizo el pago de la tasa de justicia con los que inició su reclamo indemnizatorio contra doña Patricia Bullrich».