La «soberanía alimentaria», apenas mencionada en el texto.
El decreto a través del cual se dispuso la intervención de la empresa Vicentin apenas menciona la «soberanía alimentaria» esgrimida por el presidente Alberto Fernández como justificativo de la medida al anunciarla públicamente el lunes. Así surge de la lectura del decreto de necesidad y urgencia, que lleva el número 522/2020 y fue publicado esta tarde en el suplemento del Boletín Oficial, según pudo constatar Juez y Parte.
En el texto rubricado por Fernández y los miembros de su gabinete de gobierno sí se hace mención con más énfasis al concurso de acreedores de la firma, los puestos laborales en juego, su incidencia en el mercado agroexportador -mas no tanto en la provisión de alimentos a nivel local- y la crisis generalizada de las industrias por la pandemia del coronavirus Covid-19 y la cuarentena de la población.
«Es sabido que la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior», señala el texto, donde se recuerda el reciente paso a manos de la firma extranjera Glencore de un tercio de la participación de Vicentín en su ahora ex controlada Renova S.A.,la estrella del grupo empresario con su moderna planta de molienda de harinas y refinación de aceite para biodiesel en la localidad santafesina de Timbúes.
El decreto 522, que también anuncia el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar la firma, habla de la «utilidad pública» de la sociedad intervenida y sostiene que el «objeto» de la medida es el de «asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, y la protección de los puestos de trabajo en peligro».
Y añade que esto último «se vuelve urgente en el marco de las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541 y la situación de emergencia sanitaria inédita que vive el país, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía».
«Se pretende asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía en general, máxime en la situación de emergencia sanitaria que vive el país, ampliada por el Decreto N° 260/20 en el marco de las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541″, abunda el texto en alusión a la cuarentena.
En los considerandos de la medida también se cita la situación judicial de la firma, no sólo el concurso de acreedores tramitado en la ciudad santafesina de Reconquista con detalle de su deuda sino también la causa penal abierta en los porteños tribunales de Comodoro Py 2002 por los créditos obtenidos del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
Allí además se explica que «antes de entrar técnicamente en cesación de pagos, la sociedad cedió, para saldar deudas comerciales, UN TERCIO (1/3) de su participación en la sociedad RENOVA S.A. al grupo GLENCORE, el cual pasó a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el SESENTA Y SEIS CON 67/100 POR CIENTO (66.67%) de las acciones, perdiendo de esta forma VICENTIN S.A.I.C. el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico».
«A ello debe añadirse el hecho de que algunas de las empresas en que tiene participación societaria, como es el caso de ALGODONERA AVELLANEDA S.A. comenzaron a evidenciar serias dificultades en el mes de marzo próximo pasado, licenciando a QUINIENTOS (500) empleados y paralizando su actividad», se cita en el decreto.
Y se agrega que «las situaciones descriptas incrementaron el nivel de incertidumbre en el mercado agroindustrial, creando un panorama cada vez más complejo para la firma, cuyo accionar no sólo está siendo investigado por el Poder Judicial, sino que también produce cada vez más desconfianza entre los diversos productores, los que, en muchos casos, tomaron la decisión de no vender sus existencias a esta sociedad, profundizando la crisis puertas adentro de la empresa».
«Las circunstancias descriptas han puesto en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma concursada, la cual, al momento de la cesación de pagos, era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales«, se señala en los argumentos tras reseñar el monto reclamado por sus principales acreedores bancarios.
Y luego de remarcar su incidencia en el mercado agroexportador, en el decreto se destaca que Vicentin «es controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno, lo cual resulta relevante en momentos de altísima vulnerabilidad, a raíz de la pandemia de COVID-19″. La principal y casi única actividad de la firma es procesar soja para alimentar chanchos chinos, según recordaron entre ayer y hoy diversos especialistas del rubro a través de diversos medios.
«Se encuentran en riesgo no sólo los DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (2.195) puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de MIL (1.000) empleos de la empresa algodonera, TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) de la industria vitivinícola del grupo inversor y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE (2.057) de la planta frigorífica», completa el decreto en sus considerandos a la hora de justificar la medida.
Y agrega que «frente a la situación de falencia de VICENTIN S.A.I.C. y el tiempo que demanda el proceso judicial, máxime en la actual situación sanitaria, el volumen agroexportador de esta empresa (10 millones de toneladas aproximadamente, 9% del total de la oferta exportable,) podría verse afectado sensiblemente y esta situación podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social».
En su parte dispositiva, el decreto pone 60 días de plazo para la intervención «transitoria» de Vicentin y «con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio».
Luego encarga esa tarea a Gabriel Delgado y Luciano Zarich, quien este martes infructuosamente intentó reunirse con las autoridades de la firma y el juez a cargo del concurso, Fabián Lorenzini, además de haber sido repudiado por manifestantes en la ciudad de Avellaneda. Zarich habría consignado sus fracasados intentos en el juzgado federal de Reconquista vaya a saber con qué fines, seguramente los de autopreservarse en su flamante función. Según fuentes judiciales el juez no estaba anoticiado aún del decreto publicado pasado el mediodía en el «suplemento» de la edición del día del Boletín Oficial.
«Al finalizar su cometido el Interventor deberá presentar un informe sobre la situación de la sociedad y el resultado de su gestión ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, interviniente en el concurso preventivo», dice el artículo 5 del decreto.
Con matices, diversos abogados constitucionalistas señalaron a Juez y Parte y otros medios la dudosa legalidad de la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional al arrogarse el estudio de una causa judicial en trámite e imponer un interventor en la firma cuando ésta es facultad del juez actuante. Y ocho diputados opositores anunciaron la presentación de una demanda penal contra Alberto Fernández por abuso de autoridad.