Terminó este miércoles la etapa de recolección de pruebas en el juicio por el más mediático caso de presunta corrupción durante los doce años de gobierno de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Se trata de la llamada «ruta del dinero K», aquella causa iniciada tras la difusión de un video en el que se contaban millones de dólares en una financiera de Puerto Madero. Como era de prever, el presunto testaferro de Kirchner, el ex empleado bancario Lázaro Báez, proclamó su inocencia y al igual luego que su hijo mayor, y acorde con los nuevos tiempos políticos, dijo haber sido víctima de una «persecución» por parte del concluido gobierno de Mauricio Macri y abogados presuntamente ligados a los servicios de inteligencia. Muy parecido al lawfare esgrimido por la ahora vicepresidenta Fernández.
«Por ese señor estamos acá. Fue guionado para armar este circo mediático», dijo Báez padre en alusión al «arrepentido» arribista Leonardo Fariña, aquel que primero denunció una cosa ante el programa de televisión del periodista Jorge Lanata, por canal 13, luego se desdijo ante las cámaras de America TV y su colega Jorge Rial, más tarde se convirtió en protegido de la Justicia y después se retiró del programa para «colaboradores eficaces» del sistema penal. También juzgado en este caso, Fariña iba y venía de la sala de audiencias más importante de los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py mientras Báez le apuntaba en su ampliación de declaración indagatoria.
El hijo mayor de Báez, Martín, también detenido como su padre, le puso nombre y apellido a la supuesta «operación» de los servicios de inteligencia, oficiales o paralelos, del gobierno de Mauricio Macri. Habló del abogado de sus hermanos, Santiago Viola, de la madre de éste, la también abogada Claudia Balbín, del ex fiscal Eduardo Miragaya y del fiscal Guillermo Marijuán. Los mencionó como partícipes de una maniobra para involucrar a la ex presidenta y actual vicepresidenta a cambio de beneficiar la situación procesal de su padre.
El juez que ordenó detener y luego procesó y envió a juicio a Báez, Sebastián Casanello, pretende que Viola, Balbín y Miragaya sean juzgados el año próximo junto con los dos testigos que habían asegurado haberlo visto en la quinta presidencial de Olivos durante la presidencia de Cristina Fernández. El magistrado cree que ellos estuvieron detrás de sus dichos.
Luego amplió su declaración César Fernández y el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4), Guillermo Costabel, dio por concluida esta etapa y convocó a las partes para el 5 de febrero del año que viene para iniciar los alegatos. Antes de cerrar la audiencia, Costabel deseó «felices fiestas» para todos los presentes. Báez lleva cuatro años y medio preso. El TOCF4 dispuso excarcelarlo la semana pasada por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal pero aún cumple prisión preventiva por otras dos causas, instruidas por Casanello y Marijuán.
Con tantos acusados, 27, las réplicas y dúplicas de los alegatos, y a razón de una audiencia por semana, probablemente la sentencia se conozca a mitad del año próximo, sino después de la feria judicial de invierno. Fuentes judiciales estimaron que probablemente haya absoluciones, para acusados menores, pero no para Báez y sus principales allegados.
A la luz de los dichos de los imputados en sus declaraciones indagatorias los jueces parecen tener claro que fueron verdades las dichas inicialmente ante la TV por el financista Federico Elaskar y que todo el entuerto se originó por una diferencia de dinero en torno a la financiera donde se contaban los millones de dólares, SGI, o La Rosadita y que de allí derivó a los «chanchullos» de presunta corrupción kirchnerista y el rol de Báez como presunto testaferro de Néstor Kirchner. Y que el valor «verdad» alcanzaría al asunto de que se trataba de lavado de dinero producto de la corrupción durante el kirchnerismo, según las fuentes consultadas por juezyparte.
Lucio Fernández Moores
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