No es el primer abogado en llegar a la Casa Rosada ni será el último. Pero el nuevo presidente de los argentinos, Alberto Angel Fernández, quien en campaña prácticamente minimizó la complicadísima situación judicial de su compañera de fórmula, la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, en su discurso tras asumir el cargo anunció profundas y ambiciosas reformas judiciales y puso el tema casi en primer lugar.
De hecho, los cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentes en el acto fueron ubicados por el protocolo en la fila exactamente detrás de la que ocupaban en primer lugar el hijo y la pareja del presidente que anunciaba al pueblo sus planes de gobierno. Tenían garantizadas las fotos y las cámaras de televisión que enfocarían a la familia del flamante presidente. Y los gestos, se sabe, forman parte de la política.
Detrás de ellos estaban el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, protocolo obligatorio si allí iba la Corte -recordar que hay en marcha una reforma que otorga el poder de las investigaciones penales a los fiscales- y el nuevo secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, ex titular de la Oficina Anticorrupción y señalado en su momento por los mismos cuestionamientos que recibió Laura Alonso en los últimos cuatro años: no investigar al poder de turno. Este cronista sólo le recuerda una advertencia a la ex presidenta por su participación en la firma El Chapel, involucrada en los hoteles familiares en la provincia de Santa Cruz, y un dictamen sin sanciones en torno al alquiler de habitaciones en uno de ellos, el Alto Calafate, a las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas.
Una de esas tomas de la transmisión oficial enfocó un clásico gesto de asombro del hombre que presidió durante casi una década la Corte en tiempos kirchneristas, Ricardo Lorenzetti, quien asomaba su cabeza para mirarlo a Fernández atentamente cuando comenzó a enumerar sus futuras acciones en materia judicial. Suele hacerlo Lorenzetti en este tipo de actos, una cara como de sorpresa, casi con la boca abierta, y contrastaba con la circunspección de sus tres colegas de tribunal sentados a su lado, Carlos Rosenkrantz, actual titular de la Corte, y Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, estos dos últimos llegados a la Justicia desde la política y con cargos electivos por el voto popular en listas que llevaban el sello del Partido Justicialista. En rigor, el orden de asientos era distinto, también por protocolo. Rosenkrantz estaba más cerca del estrado y sucesivamente a su lado, los tres colegas identificados con el peronismo.
No hay que olvidar que Rosatti le dio su voto a Rosenkrantz para destronar a Lorenzetti de la presidencia de la Corte a poco de haber desembarcado ambos en el máximo tribunal y que quedó ante la opinión pública como su desafiante cuando meses después comenzaron a votar de manera conjunta con Maqueda en casos sensibles y con fallos contrarios al Gobierno de Mauricio Macri para constituir lo que cierta prensa caratuló como «la mayoría peronista» y dejando a Rosenkrantz, de origen radical, en minoría.
Si se suma a esto la unión del peronismo en la Cámara de Diputados para la elección de finales de 2018 de sus representantes para el Consejo de la Magistratura, la «otra cabeza del Poder Judicial», ganándole una banca allí al ahora saliente oficialismo, quizás debiera pensarse si la jugada peronista para regresar al poder no comenzó mucho antes del tuit de Cristina Fernández postulando al ahora presidente y declinando su propia reelección, pero ocupando la vicepresidencia, a pocos días del cierre de listas y con su complicado frente judicial en pleno hervor en abril pasado.
Consultado por este cronista en una charla pública en la Universidad de Palermo en mayo, quien al mes siguiente sería designado candidato a vicepresidente de Mauricio Macri luego de la jugada de Cristina como vice de Alberto pero aún sin que ello fuera público el día de esta anécdota, de Miguel Pichetto hablamos, él aseguró que la maniobra de su partido en la Cámara de Diputados para el Consejo de la Magistratura no se replicaría para la elección presidencial -de la unión del peronismo hablamos- porque de hecho no se había dado en el Senado en el que él aún presidía el bloque peronista y por el que fue electo para integrar ese organismo que selecciona y controla a los jueces. De nuevo la Justicia en el centro de la escena política. Y Pichetto erró el pronóstico. Los gobernadores justicialistas se alinearon con la fórmula de los Fernández. Y, sobre todo, los votantes.
Fernández, Alberto, hizo poner de pie a casi todo el auditorio de la Asamblea Legislativa cuando anunció una reforma a la Justicia federal -léase Comodoro Py- y expresó: «Nunca más a una Justicia contaminada por los servicios de inteligencia». Por lo que trascendió se trataría de un viejo plan de uno de los funcionarios a los que les tomaría juramento más tarde, Gustavo Beliz, nuevo secretario de Asuntos Estratégicos. También lo quiso implementar el gobierno saliente al principio de su mandato, pero no hubo caso, salvo la incorporación de un par de tribunales ordinarios a la Justicia federal.
Al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, Beliz, como ministro de Justicia, impulsó una reforma que significaba unificar en competencias e intervenciones en causas sensibles al poder político al fuero federal penal -Comodoro Py- con el fuero penal «ordinario» de la Capital Federal, lo que implicaba que no sólo los doce jueces del edificio judicial más famoso de Retiro pudieran intervenir en los casos de corrupción de la administración pública nacional sino también otros 70 juzgados, incluidos los 12 del fuero Penal Económico. Ahora se habla también de las cámaras de apelaciones y de Casación.
La historia es conocida. Beliz denunció por TV que el entonces poderoso director de Contrainteligencia de la entonces SIDE, Antonio Horacio Stiuso, trababa su proyecto y éste lo terminó denunciando penalmente por la exhibición de una fotografía que revelaba su rostro -el de un espía hasta entonces desconocido para el gran público- en el horario central de la TV. Terminó «autoexiliado» en Washington y con su proyecto trunco y Kirchner del lado de Stiuso. Ahora vuelve al Gobierno. Ya había estado en el de Carlos Menem, como ministro del Interior, cuando le pusieron el mote de «zapatitos blancos» por sus límites éticos en el ejercicio del poder.
No está de más recordar que al año siguiente de la renuncia de Beliz, la mano de «los servicios» pareció estar detrás de la falsa denuncia contra el candidato porteño de Elisa Carrió en la elección legislativa de 2005, Enrique Olivera, que iba primero en las encuestas y fue denunciado tres días antes del comicio por ser titular de una cuenta bancaria en Suiza en un hecho que la Justicia demostró falso pero que derrumbó su candidatura. Quizás otra hubiera sido la historia si el kirchnerismo no se fortalecía en esa elección. Lo admitió años después el propio denunciante, el fallecido legislador porteño Daniel Bravo, quien se basó en una denuncia anónima y pidió disculpas ante la Justicia. Carrió creyó que detrás de esa maniobra del hijo del histórico diputado socialista Alfredo Bravo estuvo el ahora presidente de la Nación y entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
Pero no fueron éstas las únicas referencias a la Justicia que llamaron la atención del discruso de Fernández. Y la última fue quizás la más sincera y de relevancia política por la historia reciente. Al cierre de su larga y elogiada alocución y tras recordar entre lágrimas a sus fallecidos padres -hijo adoptivo de un hombre que fue juez-, Fernández recordó también entre lágrimas a Esteban «Bebe» Righi, quien le «inculcó como nadie los valores del Estado de Derecho», según sus propias palabras.
Discípulo suyo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Fernández recordó así emotivamente a quien renunciara a su cargo de procurador general de la Nación, y falleciera pocos años después, luego de haber sido denunciado públicamente por «tráfico de influencias» por alguien que ahora está preso y condenado por el escándalo de la imprenta Ciccone, el entonces vicepresidente Amado Boudou. Como presidenta, su ahora vicepresidenta aceptó esa renuncia sin chistar, en clara defensa de su entonces vicepresidente.
Está claro que las prioridades del nuevo presidente pasan por la economía y la recuperación del trabajo y que miles de argentinos puedan salir de la pobreza, pero su discurso de asunción dejó claro también que la calidad institucional tiene su lugar y, sobre todo, la Justicia, ese tema al que le trataba de esquivar en plena campaña por la situación de su compañera de fórmula, a la que ya electos ambos comenzó a defender con mayor énfasis.
Ultima curiosidad-recuerdo. Fernández, Alberto, fue quien promovió junto con Righi al cargo de juez federal a otro profesor de la UBA, Julián Ercolini, uno de los que ahora ha dicho públicamente deberá rendir cuentas por su actuación en causas penales contra la ex presidenta, como la llamada «Vialidad» que la tiene ahora bajo enjuiciamiento.
Lucio Fernández Moores
luciofmoores@hotmail.com
Ilustración: Vanjavo