De manera elegante, pero clara para el engorroso y a veces engolado lenguaje judicial, el presidente de la Cámara Federal penal porteña, Martín Irurzun, volvió a recomendarle este viernes al juez Claudio Bonadio apartarse de la causa en la que se investiga el llamado «Operativo Puf Puf«. Se trata de una de las últimas, sino la última, decisión del 2019 en Comodoro Py en un tema de gran repercusión pública y, sobre todo, política antes del cambio de año y el inicio del receso veraniego.
Esta causa nació de una denuncia de la diputada Elisa Carrió para contrarrestar la investigación en la que está procesado en Dolores el fiscal Carlos Stornelli, con quien Bonadio instruyó la llamada causa de «los cuadernos de las coimas». A partir de escuchas ordenadas por otro juez en torno a un preso acusado de narcotráfico, Carrió denunció que en la cárcel de Ezeiza los involucrados en las coimas de «los cuadernos» organizaron con apoyo externo de conocidas figuras kirchneristas la denuncia recaída en el juzgado federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla a principios de 2018, el año electoral que determinó el regreso del kirchnerismo al poder. Stornelli fue procesado por presunta violación a la ley de inteligencia y asociación ilícita junto con el detenido espía y falso abogado Marcelo D’Alessio.
Si bien lo confirmó al frente de la causa al rechazar una recusación planteada por el padre de Ramos Padilla, abogado y juez al igual que su hijo, Irurzun «encomendó» a Bonadio «evaluar la procedencia de continuar interviniendo (en la causa «puf puf«) en atención a que la hipótesis planteada en estos actuados, de corroborarse, lo sitúa entre los eventuales perjudicados por la maniobra».
Lo dispuesto por Irurzun, que no es una orden aunque se le parece, deberá ser evaluado por Bonadio «conforme avance la investigación» y se actualice el estado del trámite de la causa radicada en el juzgado de Ramos Padilla hijo y de otros dos expedientes relacionados llevados adelante en el propio tribunal a cargo de Bonadio.
El juez que más veces procesó a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández y hasta ordenó su prisión preventiva -no efectivizada por sus fueros parlamentarios- tiene ahora la pelota en su cancha, pero difícilmente decida en lo inmediato si se aparta del caso, más aún cuando queda un solo día hábil judicial antes de la feria veraniega de los tribunales.
Lucio Fernández Moores
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