Son Dujovne y Dietrich, además de Iguacel y Saravia Frías, en la causa de los peajes.
Tal como se mencionara en este espacio dos meses atrás en una nota «de color» sobre las indagatorias a ex funcionarios macristas por parte del entonces «juez en proceso de salida» Rodolfo Canicoba Corral, sus superiores de la Cámara de Apelaciones anularon este jueves los procesamientos por él dictados en la llamada «causa de los peajes» pocos días antes de dejar el cargo que ocupó durante un cuarto de siglo. La decisión, no muy difícil de imaginar o suponer, fue firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Por motivos muy distintos a los de Canicoba, este último magistrado también se encuentra en un probable proceso de salida de su cargo de manera involuntaria aunque con alguna chance más firme y honorable de pelea.
En un trámite muy sospechosa y evidentemente veloz para un «caso político» en medio de la feria extraordinaria por la pandemia, Canicoba Corral había indagado y procesado a fines de julio a los ex ministros de Economía y Transporte, Nicolás Dujovne y Francisco Dietrich, respectivamente, al procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, actual intendente del partido bonaerense de Capitán Sarmiento. Las indagatorias fueron impugnadas por los acusados por la falta de exhibición de las pruebas y así lo reflejó en aquel momento Juez y Parte. Y, obviamente, también fueron apelados los procesamientos.
La Cámara no anuló las indagatorias pero sí los procesamientos, aunque, según fuentes judiciales, una cosa arrastra a la otra y necesariamente deberá cumplirse con el acto de una nueva indagatoria una vez vista toda la voluminosa prueba. El juzgado encomendó una digitalización de los documentos a la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal para poder suplir la dificultad para ver el expediente en papel dada la cuarentena.
«Los procesamientos son inválidos», rubricaron Irurzun y Bruglia al comenzar su respuesta al caso. «La declaración indagatoria debe cumplir con los requisitos básicos de informar los hechos y pruebas en contra del imputado. Y además, según la jurisprudencia del Tribunal, es exigencia ineludible que se ponga a su disposición –aunque no sea posible inmediatamente en el acto, pero sí en los momentos del procedimiento previos a definir su situación- las pruebas que se enunciaron como de cargo, para que pueda tomar vista de ellas con el detenimiento que estime adecuado», añadieron los camaristas.
El caso regresará así al juzgado de origen, ahora subrogado por el juez Julián Ercolini, quien deberá expedirse sobre la situación procesal de los imputados. «Hay sustancia», dijo una fuente judicial al evaluar el caso. La «sustancia» es que podría haber un hecho punible. Entre el material que sí pudieron ver las defensas llamó la atención un documento sin membrete ni firma presuntamente hallado por las actuales autoridades de la Procuración del Tesoro, encabezadas por Carlos Zannini.
Ese documento habla de una supuesta posibilidad de arreglo de un juicio planteado por una de las concesionarias, la española Abertis, ante el tribunal del Banco Mundial por 71 millones de dólares en lugar de los cerca de 500 millones de esa moneda que se terminaron pagando en la renegociación de los contratos anteriores al colapso y pesificación de la economía en la crisis de 2001/2002. Abertis estaba asociada a nivel local con Sideco, en la cual tenía acciones la familia del ex presidente Mauricio Macri.
La causa fue iniciada por denuncia de un grupo de diputados identificados con el kirchnerismo, entre ellos Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, quienes señalaron que el juicio planteado por Abertis ante el CIADI poco antes de la asunción del gobierno de Macri pudo haber tenido un interés espurio y delictivo en perjuicio de las arcas públicas. Por ello Canicoba Corral procesó a los cuatro ex funcionarios macristas por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Al momento de impulsar la causa en plena cuarentena, Canicoba Corral se encontraba denunciado ante el Consejo de la Magistratura e investigado en ese organismo por su actuación en otras causas bajo su cargo y presuntas inconsistencias en su patrimonio. Canicoba Corral logró mantener su cargo y ser sobreseído pero al parecer no obtuvo el aval del Gobierno para renovar su acuerdo en el Senado al cumplir los 75 años, por lo que se retiró sin sanciones y con el beneficio previsional.