En vez de Pasillos y Escaleras, en tiempos de cuarentena el olvidado espacio de esta sección debiera llamarse, cual tema de unos imaginarios Beatles modernos, Zoom&Chats. Buen nombre también, para un bufete de jóvenes abogados milennials, por qué no. Ojo que tengo los derechos de autor. Pero se puede ser un veterano milennial en tiempos de cuarentena judicial sin perder las viejas mañas de la profesión que más chistes acumula. Tal el caso de Hugo Wortman Jofre, defensor del ex director de Vialidad Nacional, el ingeniero Javier Iguacel. El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri fue indagado vía Zoom por el veterano que se jubila, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y, acorde con el nombre de esa plataforma y los tiempos del magistrado a días de su retiro, procesado con la velocidad de un rayo. Es en la causa por presunto favoritismo a la familia de Macri en la renovación de contratos en la concesión de peajes estancados por la crisis de 2001.
Pícaro abogado históricamente tecnológico y tecnologizado, Wortman Jofre grabó para su archivo la entrevista porque, como dice el viejo dicho porteño, «a seguro se lo llevaron preso». Y allí quedó registrada y al desnudo una de las principales falencias del sistema remoto de administración de justicia en tiempos de pandemia, pero que no había sido aplicada en un caso así hasta que lo hizo Canicoba. Le citaron la prueba en contra de Iguacel y él pidió ver una de ellas. La secretaria a cargo de la causa le dijo que los papeles estaban en el juzgado. «¿Eso está digitalizado?», preguntó, viejo zorro, Wortman, probablemente conocedor de la respuesta. Tras la negativa de la secretaria, el abogado dijo no haber escuchado e intervino Canicoba: «Está disponible pero no digitalizado», debió responder el juez. «¿Disponible cómo, doctor? Porque no podemos ir al tribunal», apuntó sin inocencia el defensor. Y Canicoba, contra las cuerdas del ring virtual, respondió, tras un largo silencio, a lo Diego Armando Maradona: «Eeeeeehhhhhh….». Después le explicó que podría consignarse el pequeño detalle en el acta de la audiencia, según dijeron testigos del diálogo remoto.
¿Qué apuro tenía el juez por indagar de esta manera a Iguacel en plena cuarentena? Todo indica que por una presunta «devolución de favores», como dijo más de una fuente judicial conocedora de sus procederes. O por su propio sistema de defensa para evitar abandonar el cargo de poder que ocupó los últimos 26 años. Canicoba ya presentó su renuncia y ésta se hará efectiva el jueves 30, cuando ya haya cumplido 75 años de edad, el límite constitucional establecido en la reforma de 1994 para permanecer en el cargo. Si quería seguir necesitaba de un nuevo acuerdo del Senado que el Gobierno del presidente Alberto Fernández parecía no garantizarle. Es más, fue el representante de Fernández en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, el que dejó abierta la puerta para que pendieran sobre él viejas acusaciones que el kirchnerismo quería enterrar y que dos legisladores que responden a Elisa Carrió (Paula Oliveto y Juan Manuel López) se ocuparon de mantener vivas. Pero al quedar su caso en el limbo –«ni te zafamos ni te destituimos», sería el lema- el magistrado encontró el camino más seguro para su salida: la generosa pensión para el día después.
El cuadro más probable es que Canicoba haya querido permanecer en el puesto de poder y que para lograr eso haya querido congraciarse con el Gobierno llamando a indagatoria a los cuatro ex funcionarios de Macri a los que convocó en esta causa mientras se definía su suerte en el Consejo de la Magistratura. El Gobierno le dio señales contrarias pero la movida ya estaba hecha. Indagó y hasta procesó en tiempo record a Iguacel, Bernardo Saravia Frías (ex procurador del Tesoro) y Guillermo Dietrich (ex secretario de Transporte) y lo mismo se supone que completará antes de dejar el cargo con el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne. «No, doctor. El orden es al revés. Yo primero tengo que ver la prueba para después defenderme», le dijo con absoluta lógica y razón el abogado de Iguacel durante la audiencia. Obviamente, el acto siguiente fue recusarlo. La Cámara lo mantuvo al frente -igual se irá en tres días- pero dejó la puerta abierta para la nulidad de las indagatorias, al menos la de Iguacel.