Tanto lawfare, tantos anuncios de proyectos sobre reformas judiciales y tantas críticas al gobierno anterior sobre su accionar en relación con la Justicia, pero al final, en su primera movida importante en el área, la administración de Alberto Fernández parece encaminarse a repetir lo que hizo su antecesor Mauricio Macri ante una circunstancia casi igual y con no pocas críticas dentro y fuera de su espacio político.
De Rodolfo Arístides Canicoba Corral hablamos, el juez que sobrevivió a todas las tormentas y gobiernos desde su desembarco en el flamante emblema judicial de Comodoro Py de hace casi tres décadas, cuando el entonces presidente Carlos Menem reformó el fuero penal federal e inició quizás el período de mayor contaminación política en los tribunales.
Y también hablamos de los pedidos para destituirlo del cargo y de su ex colega Norberto Oyarbide. Otro emblema de la Justicia desprestigiada y convertido en el primer chivo expiatorio de lo que ahora parece camino a repetirse con Canicoba, para quien cabría preguntarse, jugando con su segundo apellido y sus funciones públicas. ¿Quedará fuera o dentro del corral de Comodoro Py?
Los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación volverán a reunirse este viernes para tratar su situación en la comisión de Labor, donde se definen qué expedientes van al próximo encuentro plenario de la institución o cuáles siguen en el limbo. Ese parece ser el destino del que refiere a Canicoba Corral, con viejas denuncias que estaban a punto de archivarse y una nueva que frenó esa decisión.
El magistrado, titular del juzgado número 6 de los doce de la primera instancia de Comodoro Py que cada gobierno de turno trata de acomodar con precisión quirúrgica a la hora de los recambios -permanentes o temporales-, cumplirá el mes que viene 75 años, el límite constitucional que lo obliga a una ratificación parlamentaria para permanecer en el cargo.
Todo indica que Canicoba Corral, el de viejo e histórico apodo ignominioso, va camino a la jubilación como Oyarbide y, también como éste, sin paso por un juicio político que ponga en riesgo ese jugoso ingreso previsional destinado a los jueces aún amparados por el régimen especial derogado para los nuevos magistrados en la llamada tercera edad.
La diferencia es que Oyarbide estaba lejos aún de los 75 años. Sin embargo, y aún sin tener la certeza de si la jugada del gobierno de Macri ese día era cierta (hablamos de los votos necesarios en el Consejo de la Magistratura para suspenderlo en el cargo y enviarlo a juicio político), el oficialismo de entonces negoció su salida amistosa de los tribunales. La decisión fue muy cuestionada por una de los socias originales de Macri en Cambiemos, Elisa Carrió, quien hubiera preferido un juicio político y destitución. Pruebas -y sobre todo motivos- no faltaban.
Rodi, como todos le dicen cariñosamente en los tribunales de Retiro para evitar el apodo vergonzoso, tenía cuatro denuncias acumuladas que estaban por cumplir su plazo de vigencia sin resolución pero cuyo dictamen desestimatorio parecía no reunir los votos necesarios desde que estaba para ser tratado a fines del año pasado.
Ellas refieren al presunto cobro de sobresueldos durante los gobiernos de Carlos Menem y de enriquecimiento ilícito, viajes aéreos supuestamente pagados por personas bajo su investigación y una denuncia de que habría cobrado una coima para beneficiar al gremialista Omar «Caballo» Suárez en una vieja causa sobre desmanejos en el Sindicato Unico Marítimo Unido (SOMU).
El oficialismo logró aprobar finalmente en comisión el mes pasado el dictamen desestimatorio pero no llegó a los votos en el plenario del cuerpo. Lo hubiera logrado si el presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, decidía desempatar desde su rol. Pero no lo hizo. Y a la siguiente reunión se sumó una nueva denuncia por el presunto alquiler de una propiedad que no se condeciría con sus ingresos. Allí se decidió pasar el tema a Labor sin reparos del delegado del presidente Fernández en el cuerpo, Gerónimo Ustarroz.
Todo indica que allí seguirá el caso hasta que el magistrado cumpla sus 75 años y deje sus funciones por el límite etario sin mácula efectiva alguna que le impida comenzar a cobrar luego una generosa jubilación. Hoy se sabrá qué destino inmediato le darán a sus expedientes.
En caso de renuncia, como se supone que ocurrirá el mes que viene, Canicoba Corral dejará libre un tercer sillón de los doce reservados a los jueces de la primera instancia de Comodoro Py, donde se investiga al poder. Ya están vacantes los que ocupaban Sergio Torres, quien el año pasado comenzó a desempeñarse como juez de la Suprema Corte bonaerense, y Claudio Bonadio, fallecido en febrero pasado.