Tres días antes había cuestionado duramente el decreto presidencial.
Seguridad jurídica», «desviación de poder», «afirmaciones falsas» y hasta referencias a la «soberanía alimentaria» argüida por el Gobierno a la hora de justificar la intervención con supuestos fines de expropiación de la firma fueron algunos de los argumentos esgrimidos por la propia empresa que parecen haber convencido al juez santafesino Fabián Lorenzini para desplazar a los interventores designados por el Poder Ejecutivo y restituir este viernes en sus lugares a los directores de Vicentin.
Lorenzini resolvió la medida que aplaudió buena parte de la oposición política al Gobierno nacional con el expediente en un virtual «secreto de sumario» y tres días después que los abogados de la firma le pidieran esa medida para resguardar sus planteos contra el decreto 522/2020 que prácticamente quedó pulverizado con la decisión judicial pese a que el juez se declaró incompetente para analizar su constitucionalidad, otra de las solicitudes de la presentación.
La reserva de las actuaciones impidió conocer inmediatamente el contenido del escrito presentado en los tribunales de la ciudad de Reconquista por el abogado Guido Ferullo en nombre de «la concursada», pero éstas volvieron a la luz tras la resolución firmada por Lorenzini y revela las duras y fundadas objeciones al decreto firmado dos lunes atrás por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con «cosméticos fundamentos», según la empresa.
Claro que Ferullo no actuó solo en esto sino que lo hizo con el no menor soporte detrás del quizás más importante estudio de abogados porteño en el fuero Comercial y por todos conocido en el mundo judicial por el apellido a secas de su fundador: Alegría. Una palabra que no reflejaría precisamente la reacción del kirchnerismo al conocer la decisión de la Justicia, habida cuenta de su defensa de la intervención y expropiación de la empresa.
«Lo que pone en ‘grave peligro’ a la concursada es esta intervención ilegítima de los poderes federales», dijo la empresa al remitir a las palabras que el propio Gobierno había colocado en el decreto para justificar su desembarco en la firma. «Su operatoria era regular en el del marco del concurso», señaló. «Al contrario de lo expuesto, la intervención ha generado innumerables dudas en el mercado agroexportador y ha afectado la seguridad jurídica», añadió el escrito de 30 carillas, al que Juez y Parte tuvo acceso.
«La narrativa épica del DNU (decreto de necesidad y urgencia) invoca una pretendida ‘soberanía alimentaria’ nacional como otra justificación, cuando la realidad es que Vicentin produce para el mercado externo, por lo que la afirmación es de notoria falsedad», explicaba el texto presentado por la firma al juez.
«Prácticamente nada de lo producido por Vicentin es de consumo alimentario nacional. Esto demuestra que la finalidad (del decreto) ha sido desviada, por lo que nos encontramos ante un flagrante vicio de desviación de poder», abundó la empresa al refutar el argumento que más enfáticamente se defendió desde el Gobierno pero por su inclusión en el decreto.
Ese texto legal, de acuerdo con los abogados de la empresa, se trata de «un rejunte de afirmaciones falsas» y de «vagas conjeturas» al sostener, por ejemplo, que ella «no controla productoras de alimentos ni se encuentra en quiebra». Y para rematar ese párrafo, agrega: «Vienen a ser parte de los cosméticos fundamentos de una medida de tremendo efecto dañino para el accionar de una empresa privada que, además, está en concurso de acreedores».
Si bien el juez no analizó la constitucionalidad del decreto objetado, el escrito presentado por Vicentin esta semana parece haber cumplido el cometido principal: reponer a sus directivos en la conducción de la empresa. El juez Lorenzini mencionó en su fallo la posibilidad de que la firma fuera a la quiebra si no era administrada por sus dueños.
Obviamente, el escrito que precedió a la decisión judicial calificó a la iniciativa oficialista de un avance del Poder Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Y citó entre los múltiples ejemplos para sostener ello la afirmación presidencial sobre «la incertidumbre en el mercado agroindustrial» y «la desconfianza entre los productores», incluidas en el decreto.
«Es obvio que una empresa en concurso sufre inicialmente en su operación cotidiana, y que su nivel de crédito es afectado en los primeros tiempos que siguen a su presentación. Parece una afirmación perogrullesca. Lo relevante, en nuestro caso, es que precisamente aún superando esa natural desventaja, y en el marco de una recesión local profunda, una pandemia que deja indefenso al mundo y un mercado financiero internacional brutalmente afectado, la concursada viene operando en forma regular, pagando el 100% de los salarios y continuando con las operaciones», sostuvo Vicentin antes de lograr el fallo a su favor en la Justicia.
«Debería haberse entendido que esa resiliencia no es casual, como lo demostró el afecto de todo un pueblo de a pie, abrazando a la empresa. Eso es verdadero crédito, en su más genuino sentido etimológico. A la concursada le ‘creen’ los que verdaderamente importan: los miles de hombres y mujeres de los pueblos donde generó trabajo y riqueza. Los productores que le siguen dando producto, las multinacionales que siguen operando con sus plantas, los compradores del mundo que siguen valorando sus productos. Ese es el crédito que vale. No el de una realidad disociada del DNU interventor», expresó la empresa en su escrito.
«Pareciera que el objetivo buscado es apoderarse de la empresa y eventualmente favorecer con el pago de la expropiación a los acreedores públicos en perjuicio de los privados, desconociendo la regla concursal por excelencia que es pars conditio creditorum«, remarcó el escrito en coincidencia con lo que afirman varios de los acreedores. El latinazgo significa «igual condición de los acreedores» o, en palabras de la Constitución: igualdad ante la ley.