La carátula engaña. No se trata de un caso de corrupción. Si uno saliera del nombre y mirara el año de la causa ya se daría cuenta. Pero allí figura el ex funcionario famoso y los ojos llevan a los dedos a ejecutar los mandos correspondientes y leer de qué se trata. Sobre todo si quien resuelve es la Corte Suprema nacional. «Macri, Mauricio y otros s/averiguación de delito». ¿Una denuncia de corrupción durante su presidencia? No. La causa es de 2014. Macri aún era jefe de Gobierno porteño. Un desalojo en la zona sur de la Ciudad y un conflicto de competencia entre la Justicia federal y el fuero penal ordinario nacional resuelto rutinariamente por el máximo tribunal.
En su última reunión plenaria de ministros -vía virtual como corresponde en tiempos de pandemia- la llamada «mayoría peronista» del máximo tribunal dijo que los presuntos delitos ocurridos en el desalojo realizado por la Policía de la Ciudad en agosto de 2014 en el barrio conocido ahora como Papa Francisco, en Villa Lugano, deben quedar bajo investigación del juzgado 26 del fuero penal ordinario, a cargo de Damián Kirszenbaum, y no en manos del juez federal Luis Rodríguez.
Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti remitieron al dictamen del procurador Eduardo Casal para resolver así el conflicto de competencia, contra la postura de Carlos Rosenkrantz y Elena Highton, quienes decían que debía expresarse la Cámara Federal penal porteña y no la Cámara del Crimen, como había ocurrido en el caso. De acuerdo con la investigación que había realizado en Comodoro Py el juzgado a cargo de Rodríguez no habían intervenido fuerzas de seguridad federales en los delitos denunciados, entre ellos daños, lesiones y robos, y por ello el caso debía pasar al fuero penal ordinario. Aún cuando entre los presuntos damnificados se encontrara un diputado nacional, Pablo Ferreyra, del Frente para la Victoria, y entre los denunciados el entonces jefe de Gobierno Macri.