La sentencia ratificada a favor de la actriz contra el gigante de internet.
Se conoció ayer porque se confirmó anteayer en la cámara de apelaciones y porque se trata de Google, la megaempresa convertida en el último objetivo de la vicepresidenta Cristina Fernández. Pero en realidad la sentencia contra el gigante que controla el buscador de internet más usado en el mundo fue firmada antes de la cuarentena, el 20 de febrero, por el juez Hernán Pagés, y aquí la compartimos.
Se trata del juicio planteado por una de las «estrellas» del caso Cóppola, Natalia Denegri, quien quería que se aplicara con ella el «derecho al olvido» y se quitara del buscador todos los videos con sus apariciones en los famosos programas que por aquellas tardes de hace un cuarto de siglo conducía Mauro Viale en la TV Pública. Y la Justicia le dio la razón, en dos instancias.
«Dispongo que Google Inc. deberá proceder, dentro del plazo de diez días hábiles judiciales de consentida o ejecutoriada la presente decisión, a suprimir toda vinculación de sus buscadores, tanto del denominado “Google” como del perteneciente a “Youtube”, entre las palabras “Natalia Denegri”, “Natalia Ruth Denegri” o “Natalia Denegri caso Cóppola” y cualquier eventual imagen o video, obtenidos hace veinte años o más, que exhiban eventuales escenas que pudo haber protagonizado la peticionaria cuyo contenido pueda mostrar agresiones verbales o físicas, insultos, discusiones en tono elevado, escenas de canto y/o baile, así como también, eventuales videos de posibles reportajes televisivos en los que la actora hubiera brindado información de su vida privada», sentenció el juez Pagés en febrero pasado.
El juicio se había iniciado en 2016. Lo delata el número de expediente, 50.106/2016. Tramita en el juzgado 78 del fuero Civil pero muy probablemente no volverá allí para la ejecución de la condena en lo inmediato sino que irá en apelación a la Corte Suprema, según una «declaración oficial» de la empresa citada por el diario La Nación. Eso mismo había pasado tras el fallo de primera instancia. Como fue apelado por Google no se materializó aún lo dispuesto por el juez.
¿Es comparable este caso al juicio que supuestamente planea llevar adelante la ex presidenta contra la misma empresa? Ni muy muy ni tan tan, aunque el debate de fondo quizás sea el mismo: el poder de los medios y los derechos individuales de una persona por más pública que ella sea. A propósito de esto Juez y Parte entrevistó en su edición radial al abogado Raúl Martínez Fazzalari, especializado en la materia.
Denegri quería que directamente se quitaran todos los resultados que tenían que ver con el caso Cóppola, el ex representante de Diego Armando Maradona. La Justicia dijo que no a esa parte porque se trataba de un caso de interés público en el que había resultado destituido un juez federal, Hernán Bernasconi.
No está de más recordar a los jóvenes lectores que el caso Cóppola (se pone acento en su apellido italiano porque él así lo pidió a la prensa) fue una causa «inventada» contra él y otras personas -entre ellas Denegri- a partir de cocaína «puesta» en su departamento de Palermo por agentes de la Policía Bonaerense con la anuencia del juez y supuestos fines políticos.
Denegri, una modelo de exitosa carrera posterior en los Estados Unidos a partir de tabajos televisivos, no reclamó indemnización alguna. La ex presidenta, en cambio, pidió una pericia para determinar el monto que eventualmente le reclamaría a Google en un juicio que aún no fue formalmente iniciado y que debería pasar antes por una mediación.
La pericia, a modo de «prueba anticipada», fue aceptada y ordenada por el juez Javier Pico Terrero, del fuero en lo Civil y Comercial Federal. La actual vicepresidenta acudió a la Justicia porque el buscador de Google en lugar de su cargo puso durante unas horas, en mayo pasado, la siguiente descripción: «Ladrona de la Nación Argentina».
Como no fueron difundidas por los grandes medios gráficos o digitales -que sólo reflejaron las explicaciones del abogado de Denegri- Juez y Parte acompaña en este texto la sentencia del juez Pagés y el fallo confirmatorio de la sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, elaborado por el juez Claudio Kiper con la adhesión de sus colegas Liliana Abreut y José Benito Fajre.