Pidieron informes sobre Bruglia y Bertuzzi pero rechazaron una medida previa.
La jueza federal María Alejandra Biotti le pidió informes este martes al Consejo de la Magistratura de la Nación pero se negó a suspender mientras tanto la vigencia de la resolución de ese organismo que dejó a tres pasos de su desplazamiento a dos jueces de la Cámara Federal penal porteña, el tribunal estratégico por el que pasan todas las causas de corrupción de los famosos y denostados tribunales de la Avenida Comodoro Py.
En una breve resolución y tras el visto bueno del fiscal Fabián Canda, la magistrada del fuero Contencioso Administrativo Federal inició el proceso de apertura de la acción de amparo planteada por sus colegas penales Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia contra la iniciativa oficialista de revocar sus traslados al tribunal de apelación de los doce juzgados más estelares de Comodoro Py cuyo poder ahora el Gobierno quiere licuar.
Ello implica que el Consejo de la Magistratura tiene tres días hábiles para producir su informe y cinco para remitirlo al juzgado ubicado a menos de 200 metros físicos de su sede -sólo cruzar Plaza Lavalle y unos pasos más- aunque la vía electrónica sea la utilizada. Pero también que, mientras resuelve inicialmente el caso, la jueza mantendrá la vigencia de la medida que objetaron judicialmente Bruglia y Bertuzzi.
Con el argumento del «breve plazo» que se le dio al Consejo para brindar su informe, Biotti se negó a disponer la medida «precautelar» solicitada por los camaristas penales para evitar algún tipo de movimiento que los afecte y los saque de sus actuales poltronas antes de que se resuelva la medida cautelar tradicional pedida.
«No se advierte que durante su transcurso pudiera provocarse un daño de dificultosa reparación ulterior, ni que pudiera ocurrir algún acto que no pueda ser suspendido a través del dictado de la cautelar pretendida, por lo cual no corresponde acceder a lo peticionado«, dijo Biotti.
La jueza recordó que ya había resuelto lo mismo cinco años atrás en un amparo planteado por la Asociación de Magistrados contra la ley de subrogancias, parte del mismo problema que ahora llegó a su estudio. Es que el Gobierno quiere que el Senado revise los acuerdos otorgados en su momento a Brugli y Bertuzzi para desempeñarse en otros cargos de los que ocupan actualmente a partir de traslados dispuestos por decreto presidencial tras una votación mayoritaria en el Consejo de la Magistratura durante la presidencia de Mauricio Macri aunque avalados por la Corte Suprema, según los demandantes.
Con una apretada mayoría de siete a seis, el Consejo aprobó dos semanas atrás remitir un listado de diez casos similares de jueces en esa condición al Poder Ejecutivo para que determine si corresponde una nueva aprobación parlamentaria. Se sospecha que el oficialismo rechazaría mantener en la Cámara Federal a Bruglia y Bertuzzi, que tenían acuerdo para ser jueces de tribunales orales, uno en Comodoro Py y el otro en La Plata.
Entre otras cientos sino miles de medidas tomadas en sus actuales funciones, Bertuzzi y Bruglia, por ejemplo, ratificaron la investigación del fallecido juez Claudio Bonadio sobre los llamados «cuadernos de las coimas K», un megacaso de corrupción ya enviado a juicio y que tiene como principal imputada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner.
Para abonar a la hipótesis opositora de que esta movida está unida a la reforma judicial y tiene como fin beneficiar a la ex presidenta en sus causas penales, también podría correr la misma suerte que Bruglia y Bertuzzi su colega Germán Castelli, quien integra el tribunal oral que juzgará el caso de los cuadernos aún sin fecha de debate.
Castelli analiza acudir también a la Justicia pero mientras tanto la semana pasada, a la par que sus colegas planteaban el amparo, él reiteraba por nota su situación a la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Este juez, designado originalmente para un tribunal oral federal de San Martín, calificó de «un abuso» su situación y recordó que fue trasladado «acorde la reglamentación vigente y antecedentes de gobiernos de distinto signo político» y sin recibir «objeciones ciudadanas» por esa situación en todas las causas en las que intervino desde entonces durante casi dos años.
«El Presidente y la Vicepresidenta, quien preside el Senado, conforman una coalición de gobierno. La Vicepresidenta tiene procesos abiertos por supuestos delitos cometidos al amparo del poder ejercido como entonces Presidenta de la Nación. El Presidente refirió en público su inocencia en uso de su derecho de expresión. Las causas abiertas alcanzan a personas que intervinieron en aquella gestión. Algunos procesos están radicados en el TOF N° 7, donde soy titular. La maniobra ilegal causaría, entre otros efectos, que el suscripto sea apartado como juez natural de esos procesos», reseñó Castelli ante la ONU.