Ese día se cumplirán 28 años del atentado contra la AMIA atribuido a Irán.

Será que Nicolás Maduro se equivocó de pajarito o es como lo publicó en Twitter? Debemos creer que es correcto lo que dijo en su activa cuenta en esa red social y que no hubo un error de tipeo. Y que más que casual, la fecha allí indicada, visto y considerando el episodio del avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza por decisión de la Justicia argentina y los últimos movimientos del tablero geopolítico internacional, bien podría ser considerado parte de lo mismo y hasta digno del famoso «eje del mal» del que se hablara dos décadas atrás desde los Estados Unidos. El dato es que el vuelo inaugural de la ruta de la empresa estatal venezolana Conviasa que unirá las ciudades de Caracas y Teherán para promover el turismo entre venezolanos e iraníes será el 18 de julio. Sí, el mismo día en el que se cumplirán 28 años del atentado contra el edificio sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
No está de más recordar que el atentado de 1994 provocó la muerte de 85 personas y cientos de heridos y que fue adjudicado por el fiscal Alberto Nisman al Estado iraní de entonces con el aval del entonces juez Rodolfo Canicoba Corral y otras instancias judiciales. Tampoco está de más recordar que los iraníes imputados por Nisman, varios de ellos ex funcionarios que volvieron a ejercer altos cargos en la administración pública de ese país, jamás comparecieron ante la Justicia argentina y que el fiscal apareció muerto de un balazo en su casa el 18 de enero de 2015 cuatro días después de denunciar a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el pacto con Irán firmado durante su segundo mandato de gobierno para evitar la comparecencia en la Argentina de los acusados por la voladura de la AMIA.
El anuncio aerocomercial de Maduro fue hecho al final de su visita a la República Islámica de Irán, donde se reunió con sus máximas autoridades y desde donde agradeció a su par argentino, Alberto Fernández, por haber hablado en nombre de su país ausente en la Cumbre de las Américas llevada a cabo en la ciudad de Los Angeles. Fernández también se quejó en ese encuentro por la falta de invitación a la cita a Cuba y Nicaragua, otros dos países cuestionados por presuntas violaciones a los derechos humanos y las libertades civiles.
Ese mismo 11 de junio un avión de carga ¿vendido? ¿alquilado? por Irán a Venezuela ya se encontraba varado en el aeropuerto internacional de Ezeiza hacía cinco días por las acusaciones y sanciones que pesan en los Estados Unidos por haber sido supuestamente usado para trasladar armas y equipamiento logístico, incluso tropas, desde Irán a Siria en el marco de la guerra civil en ese país vecino. El enorme Boeing 747 operado por la empresa estatal venezolana Emtrasur todavía se encuentra en Ezeiza, retenido por orden judicial, al igual que sus tripulantes, cinco iraníes y catorce venezolanos.
Se necesitan pruebas
La fiscal Cecilia Incardona -sí, la misma cuestionada desde algunos medios y sectores políticos por haber impulsado la investigación sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri en la Justicia federal de Lomas de Zamora y por haber recibido luego el apoyo del oficialismo para ocupar un cargo clave en los estratégicos tribunales de la porteña Avenida Comodoro Py 2002- enfocó la investigación del misterioso avión y sus tripulantes hacia una hipótesis delictiva relacionada con el terrorismo. El enfoque no deja muy bien parado precisamente al gobierno que promueve su ascenso.
Todavía es un misterio si el avión de los iraníes y venezolanos vino a la Argentina, con escala en la ciudad de Córdoba, con otra misión además de la comercial oficial de traer autopartes desde México para la empresa Volkswagen. Ayer trascendió que parte de su carga aún no fue a su comprador. Su vuelo previo a la Ciudad del Este paraguaya no abona a la confianza. La Triple Frontera en la que se encuentra esa ciudad junto a Foz de Iguazú y Puerto Iguazú ya había sido señalada en las acusaciones de Nisman como un refugio de terroristas financiados por Irán.
Pero el juez Federico Villena -sí, el mismo del espionaje que habilitó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a intervenir teléfonos de línea del complejo penitenciario de Ezeiza y que luego investigó los delitos cometidos por los espías de Macri en esa misma acción- y la fiscal Incardona deberán encontrar alguna prueba para justificar la retención de los iraníes y venezolanos.