Pidieron al Senado no «desnaturalizar una institución constitucional» .
Un importante número de fiscales nucleado en pocas horas ante el avance de la iniciativa decidió tomar posición en la discusión política del momento que los atañe y recordó a los legisladores que «no poder nombrar un procurador porque no se logra el consenso necesario no puede justificar desnaturalizar una institución constitucional» que los involucra y les preocupa también por otros cambios en la ley que regula sus funciones. Fue a través de una carta dirigida al presidente de la comisión de Justicia del Senado, Oscar Parrilli, antes que ésta aprobara el viernes la polémica modificación sobre las mayorías necesarias en la cámara Alta para la designación del jefe administrativo de todos los fiscales. El oficialismo se propone darle media sanción al proyecto la semana que viene.
«La autonomía del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de su finalidad de custodio de los intereses de la sociedad y, en consecuencia, de que el delito que los contradice – no importa quién lo cometa- no puede quedar impune es una garantía a la que no podemos renunciar como sociedad civilizada», sostuvieron al final de su misiva los 77 fiscales que rubricaron el texto ya más en tono de justiciables, casi como ciudadanos comunes. Entre los firmantes se encuentran desde la propia hermana de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó hasta el emblemático fiscal que bajo la conducción de ésta se llevó sin éxito a juicio político, José María Campagnoli.
Los firmantes -alrededor de una quinta parte del total de fiscales existentes a nivel nacional y federal en el país- se expresaron no solo en torno a la iniciativa de bajar de dos tercios a una mayoría simple los votos necesarios en el Senado para elegir al procurador sino también en defensa de su propia estabilidad en los cargos que ocupan. No está de más recordar que de la mano de la designación del nuevo procurador general -con el juez Daniel Rafecas propuesto por el presidente Alberto Fernández en pie- se aplicará el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que pasará de los jueces a los fiscales la conducción de las causas a través del llamado «sistema acusatorio» ya comenzado a aplicar en dos provincias del norte del país.
«La reforma también parece incluir el régimen disciplinario y de remoción de los fiscales, por lo cual debe cuidarse que no se establezcan mayorías que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones del tribunal de enjuiciamiento (de fiscales, dentro de la propia Procuración) y en definitiva el debido proceso, en detrimento de la estabilidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones», sostiene el texto también refrendado por fiscales ante los tribunales federales de Comodoro Py como Raúl Pleé, Mario Villar, Fabiana León, Diego Luciani y Guillermo Marijuán, entre otros.
Parrilli defendió el fin de semana la iniciativa en una entrevista con el programa radial Gente de Derecho, de Radio Cooperativa, conducido por el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) Jorge Rizzo y destacó que la mayoría especial agravada de 2/3 se mantiene en el proyecto para lograr la destitución de un procurador. También remarcó el plazo de cinco años renovables de mandato y que éste no sea de por vida y la devolución de «autarquía» presupuestaria que, dijo, «se le sacó durante el macrismo».
La importancia del procurador
A veces se agiganta en los medios la importancia del procurador general con el reduccionismo clásico del periodismo a través del pomposo mote de «jefe de todos los fiscales». Todos los fiscales son independientes y libres de aplicar la ley según sus criterios, al igual que los jueces. El procurador delinea políticas generales a través de «instrucciones». Pero distinto es, por lo que advierte este grupo que envió su carta al Senado, si se modifican las mayorías no sólo para la designación del procurador sino para los eventuales pedidos de remoción que ellos mismos deban afrontar. Seguramente se trata de un cambio atribuible a la situación del procesado fiscal Carlos Stornelli.
La iniciativa, se sabe, es promovida por el kirchnerismo y probablemente sea aprobada la próxima semana por el Senado. Pero, también se sabe, una ley precisa de dos patas. Y en Diputados, tal como pasó como con la tan manijeada «reforma judicial», no está tan segura su aprobación y menos aún que ello ocurra durante el receso legislativo veraniego que inicia en una semana y precisará de un pedido concreto del presidente Fernández para la habilitación de su discusión en los próximos tres meses.
También se sabe, el kirchnerismo, fiel a su estilo, tensó la cuerda al punto de intentar desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, y promover a otro funcionario del propio organismo supuestamente más cercano a sus posiciones ideológicas, Víctor Abramovich. Difícil que ello ocurra mientras Fernández ratifica la propuesta de Rafecas cada vez que puede. Esta semana volverán a verse las caras como hace casi un año al iniciar la movida de su nombramiento. Rafecas ya dijo que le gustaría ser aprobado por un amplio consenso legislativo, aunque supuestamente esa declaración se haya tratado de un off the record, según dijeron fuentes judiciales.
Rafecas y su alforja
Mientras cumple sus funciones -a veces de manera remota, otras presenciales- el juez reapareció la semana pasada en redes sociales para demostrar que su candidatura sigue en pie y lo que dice la Constitución sobre el cargo que aspira ocupar. No está de más recordar que Rafecas saltó a uno de los doce juzgados famosos de Comodoro Py hace quince años desde la propia Procuración, desde donde fue impulsado por el entonces procurador Esteban Righi durante el gobierno de Néstor Kirchner y con Fernández como jefe de Gabinete. Los tres se conocían de la academia en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y asi llegó a ser juez, tras atravesar el concurso respectivo en el Consejo de la Magistratura.
Tampoco sobra recordar al lector desprevenido que Rafecas fue quien firmó ocho años atrás la orden de allanamiento de una propiedad atribuida al entonces vicepresidente Amado Boudou en el caso de la imprenta Ciccone apenas iniciado el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, un hecho de corrupción por el que el también ex ministro de Economía terminó condenado y por el que cumple pena en su domicilio. Y que Righi terminó denunciado y renunciado por una acusación de Boudou formulada desde el propio Senado que ahora preside Cristina Fernández y él en ese momento. Y Rafecas con un pedido de juicio político por la sugestiva aparición de un intercambio de whatsapp con un abogado del caso Ciccone. Tres años después desestimaría la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la actual vicepresidenta por el acuerdo con Irán en torno al atentado contra la AMIA.