Este lunes saldría el decreto de las PASO con la fecha original pero luego habría ley.
Todo se encamina a que la edición de este lunes próximo del Boletín Oficial incluya el llamado a convocatoria del Gobierno a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para agosto por el inexorable cronograma electoral que la Justicia puso en marcha en tiempo y forma. Pero eso será pour la gallerie, según pudo saber Juez y Parte. Esta noche oficialismo y oposición acordaban el envío de un proyecto de ley posterior por parte del Poder Ejecutivo para modificar esa fecha y llevarla un mes adelante y, por ende, la de la elección posterior para cargos legislativos. Así, de cumplirse con lo acordado, las PASO serán el 12 de setiembre y no el 8 de agosto original, y las generales, el 14 de noviembre y no el 24 de octubre.
El asunto es que el calendario electoral ya está en marcha y para el lunes será imposible tener una ley del Congreso que modifique las fechas. Por ello es que, aún así, este lunes se publicará el decreto de convocatoria a las PASO para la fecha de agosto pero esto luego será corregido por la ley que oficialismo y oposición acordaron aprobar con la postergación de un mes de todo el esquema previsto originalmente y «por defecto» por la Justicia Electoral. Ello fue a mediados de marzo, ante la indefinición política para el momento en el que el cronómetro debía ser iniciado. Así se lo dijeron a Juez y Parte fuentes parlamentarias y judiciales.
La oposición de Juntos por el Cambio había accedido a posponer por un mes el cronograma electoral pero con dos condiciones que hasta ahora no habían tenido respuesta del Gobierno: que sea el único corrimiento y que el proyecto de ley sea enviado por el Poder Ejecutivo con la obvia firma del presidente Alberto Fernández. Esta semana el diputado oficialista Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) presentó un proyecto en ese sentido y despertó suspicacias entre sus colegas opositores. «Con esta gente nunca se sabe», dijo irónicamente una legisladora del interbloque liderado por el cordobés Mario Negri en alusión al kirchnerismo.
Los jueces federales con competencia electoral de todos los distritos del país mantuvieron este jueves al mediodía un encuentro virtual -vía Zoom- con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral, el órgano rector en la materia. El común denominador del debate, según informaron a Juez y Parte magistrados que participaron del mismo, fue la necesidad de vacunar contra el coronavirus Covid 19 a todos los empleados judiciales que participarán del proceso. En rigor, ya trabajan hace tiempo en las elecciones de este año, pero el año pasado lo hicieron vía remota y las nuevas restricciones por la emergencia sanitaria impiden la plena normalidad en sus labores.
La reunión virtual contó con la participación de la más antigua jueza federal en estas funciones, la porteña María Servini, recientemente salida de una internación a raíz del Covid, y del flamante juez electoral en el distrito más poblado de electores, el polémico Alejo Ramos Padilla, de la provincia de Buenos Aires y con asiento en La Plata. Ramos Padilla ganó el año pasado el concurso respectivo para ese cargo en el Consejo de la Magistratura y desde febrero ocupa el juzgado federal penal 1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires. Allí se concentra el 37% del electorado nacional.
Se trató del debut de Ramos Padilla en este tipo de encuentros con sus pares. Antes de ser designado en este cargo, con obvia aprobación del Senado, se había desempeñado en el juzgado federal de Dolores, donde llevó adelante la investigación por presunto espionaje que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio, al fiscal federal Carlos Stornelli y al periodista Daniel Santoro, del diario Clarín, entre otros. La causa fue cuestionada desde sectores opositores porque se la interpretó como una reacción del kirchnerismo a la que involucró a sus dirigentes y hasta a su líder, la vicepresidenta Cristina Fernández, en los llamados «cuadernos de las coimas» e instruida en Comodoro Py por el fallecido y también polémico juez Claudio Bonadio.
De acuerdo con fuentes judiciales, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, que a instancias del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, esta noche estaba en contacto con los jefes de bloque de los partidos que integran Juntos por el Cambio, garantizó a la CNE que el personal contratado por las autoridades electorales para la realización de las PASO y las generales tendrán sus vacunas a tiempo, según dijeron fuentes judiciales. En total son unas 2.700, según dijeron en los tribunales del fuero. El número sube notablemente si se contabilizan a las autoridades de mesa necesarias: 200 mil.
Los jueces debatieron vía Zoom un «plan B» en caso que el Gobierno no garantice la vacunación de esas 200 mil personas que, según lo establecen las normas, surgen de un sorteo del padrón general. La variante sería sortear como autoridades de mesa entre los docentes que ya fueron vacunados. Con ese fin, el presidente de la CNE, Santiago Corcuera, ya había pedido tres semanas atrás a De Pedro un listado con todas las personas que ya fueron vacunadas, lo que aún no se concretó ni se concretaría por una incompatibilidad con la ley de habeas data, según dijo una fuente judicial.