Quizás pudo haber albergado alguna esperanza de seguir. Hasta dio señales de ello que en su idioma fueron elocuentes dentro y fuera de Comodoro Py. Pero no. El paso del tiempo es inexorable. Rodolfo Arístides Canicoba Corral llegó a los 75 años de edad el 29 de julio, pese a sus deseos renunció dos semanas antes ante las respuestas indubitables de la política, dejó de firmar diez días atrás y este lunes se publicó el decreto a través del cual el presidente Alberto Fernández aceptó su dimisión. Ya no hay vuelta atrás.
Chau. Adiós al juez de apodo ignominioso que ahora pasará a jugar en el equipo de los jubilados con un para nada despreciable ingreso mensual apenas por debajo del que oficialmente tenía en actividad. Más que probablemente su mayor satisfacción personal haya sido lograr la designación de su hijo Emiliano como juez federal en San Martín, su pago chico en la Justicia provincial previo a las grandes ligas, logro familiar alcanzado en el último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
«M’hijo el dotor», como la obra de teatro del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez de principios del siglo pasado. En este caso abogado y no médico. Canicoba hijo, de bajo perfil, fue designado secretario en el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín al poco tiempo de recibirse de abogado en 1999 y también trabajó en la Corte Suprema con el mismo rango, según recordaron fuentes judiciales. Ahora está a cargo de un tribunal con tres secretarías en una zona caliente del Gran Buenos Aires en cuanto a delito y narcotráfico.
Quizás ese orgullo paterno sea el sosiego moral ante el «hastío» que dijo en su carta de renuncia haber sentido durante el gobierno de Mauricio Macri por lo que llamó «una feroz campaña de difamación y persecución mediático/político» a raíz de las denuncias que pesaban en su contra sobre la inconsistencia de su evolución patrimonial. Su explicación ante cada bien o compra sospechosa detectada fue la exitosa carrera como abogada de su actual esposa, Ana María Viviana Tejada, ex empleada del juzgado a su cargo.
Pero la hora de la jubilación le llegó sin que el Consejo de la Magistratura se pronunciara sobre las últimas denuncias en su contra, que ya habían cumplido tres años de letargo y por reglamento debían ir al archivo si no había pronunciamiento. La última casa en un country de José C. Paz denunciada por los diputados Paula Olivetto y Juan Manuel López frenó la movida y el representante del presidente Alberto Fernández nada hizo para jugar a su favor.
Esa fue la señal que necesitaba para entender que el Gobierno no renovaría su licencia enviando su pliego al Senado para una ratificación parlamentaria al llegar a los 75 años exigidos por la Constitución reformada en 1994. El decreto sepultó la idea. Pero antes intentó seducir con el llamado a indagatoria de cuatro ex funcionarios de alto nivel del gobierno de Macri. No alcanzó, pero la rueda ya estaba echada a rodar. Indagó y proceso en plena cuarentena a Javier Iguacel, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Guillermo Dietrich en tiempo record, como ningún otro caso de este tipo durante la pandemia. Fue por la renegociación del contrato de concesión de peajes a firmas que incluían a las de la familia Macri.
La misma cuarentena impidió un encuentro de despedida formal por parte de sus colegas y colaboradores de Comodoro Py. Tampoco hay fecha de un eventual festejo en el futuro inmediato por el mismo motivo. Quizás fuese lo más adecuado para Rodi (como le decían sus conocidos de Tribunales) o Canicoima (como también se escuchó en alusión a él dentro y fuera de Comodoro Py). Una salida silenciosa, como la de Norberto Oyarbide cuatro años atrás con el macrismo. Sin juicio político y con jubilación.
Aún así, y más allá de fallos y demoras cómodas para gobiernos, funcionarios y denunciados de turno, Canicoba Corral quedará en la historia, para bien o para mal, como símbolo por la coincidencia de su último día en funciones y la jornada elegida por el Gobierno para la presentación en sociedad de su más anunciado proyecto de ley: la reforma judicial que supuestamente acabará con las malas prácticas de Comodoro Py, donde además del sistema, como en todo, quienes deciden son las personas, los malos y los buenos jueces.