Son dos camaristas que quieren seguir en sus cargos. El texto de su demanda.
La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Alejandra Biotti remitió este jueves al fiscal Fabián Canda la acción de amparo iniciada por sus colegas penales Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia para evitar ser removidos de sus estratégicos puestos en la Cámara Federal penal porteña, el tribunal por donde pasan los casos de corrupción que interesan al poder.
El paso, de procedimiento, uso y costumbre, es para que el fiscal emita su dictamen sobre la competencia de la jueza para intervenir en la demanda llegada a su estudio, lo que se descuenta será avalado. La siguiente movida, según el procedimiento, sería pedirle un informe al Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano emisor de la resolución objetada, pero antes podría haber una decisión de mayor importancia.
Ocurre que el abogado que patrocina a ambos jueces, Alejandro Carrió, solicitó el dictado de una medida «precautelar» que impida de manera inmediata el corrimiento de los magistrados de los cargos que actualmente ocupan en la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal con sede en la Avenida Comodoro Py 2002 a partir de lo dispuesto en la resolución 183/2020 aprobada el jueves pasado por el Consejo de la Magistratura.
Carrió explicó el contenido de la demanda en la última edición radial de Juez y Parte, pero en el escrito de su inicio está claramente detallado el planteo de los camaristas. En la entrevista, el abogado evitó relacionar directamente la decisión de la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura con las últimas movidas del Gobierno en materia judicial, básicamente la reforma penal enviada al Congreso.
Pero Carrió dijo también que la prueba documental aportada es suficiente como para hacer caer la decisión administrativa que perjudica a sus representados por sus consecuencias institucionales y con un basamento constitucional: la inamovilidad de los jueces en sus cargos. Además criticó duramente a los consejeros que aprobaron la decisión sin tener en cuenta que la Corte Suprema ya se había expedido al respecto, esgrimió.
A partir de la decisión del Consejo, tomada por siete a seis con el voto clave de la diputada lavagnista Graciela Camaño, el presidente Alberto Fernández quedó habilitado para enviar al Senado los pliegos de Bruglia y Bertuzzi, donde difícilmente sean aprobados a no ser que exista un acuerdo macro del peronismo con la oposición de Juntos por el Cambio que abarque a otros temas en danza en la cuestión judicial.
No es ocioso sino más bien justamente necesario recordar que el Senado es presidido por Cristina Fernández, cuya suerte judicial en menor o mayor medida pasó por las manos de Bruglia y Bertuzzi. Ellos ratificaron, por ejemplo, su procesamiento y consecuente envío a juicio en la llamada causa de «los cuadernos de las coimas K», por la inicial del apellido de su fallecido marido y predecesor en la Presidencia de la Nación, Néstor Kirchner.
En parecida situación a las de Bertuzzi y Bruglia se encuentran otros siete magistrados federales pero todas las miradas apuntan especialmente a uno de ellos, Germán Castelli, «trasladado» durante el gobierno de Mauricio Macri al tribunal oral federal que interviene justamente en la causa de los cuadernos. Si el tribunal no convoca a debate antes que el Senado trate su caso es más que probable que quede fuera de esa causa.
Castelli analiza hacer un juicio similar al planteado por Bruglia y Bertuzzi. Por ahora sólo se dirigió al Consejo para pedirle una suerte de reposición de su decisión y plantear nulidades que difícilmente prosperen. Su eventual corrimiento de Comodoro Py -antes de ser trasladado cumplía funciones en San Martín- y, sobre todo, los de Bruglia y Bertuzzi generarían lugares a ocupar para resolver casos en puestos claves de la Justicia.