Jaime, el hipertenso que no se cuida, seguirá en la cárcel

Pidió la prisión domiciliaria por problemas de salud pero no toma uno de los remedios.

No era difícil de suponer que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara, como hizo este martes, el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa del condenado ex secretario de Transporte Ricardo Jaime con el polémico apoyo del Gobierno a raíz de sus problemas de salud y el riesgo de contraer el temido y fatal coronavirus en la cárcel. Lo que sorprende al revisar los documentos del caso es que el ex funcionario alegó entre sus padeceres una hipertensión pero aclaró que «por decisión propia» no toma actualmente el remedio respectivo para controlar ese problema.

«Ricardo Raúl Jaime cuenta con 65 años de edad, se encuentra privado de su libertad mediante pena de encierro desde el 2 de abril de 2016, es hipertenso desde hace años, sin medicación actual por decisión propia…», dice al inicio del informe sobre su estado de salud presentado por su defensor oficial a la Secretaría de Derechos Humanos con la rúbrica del doctor Jorge Rachid, un viejo conocido del peronismo pero no precisamente del mismo ala ideológico que el kirchnerismo. El dato figura en la presentación que esta dependencia del Ejecutivo, a cargo del hijo de desaparecidos Horacio Pietragalla, hizo como «amicus curiae» ante la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal para respaldar su solicitud de prisión domiciliaria.

El sinsentido no es únicamente que Jaime pida salir de la cárcel por sus problemas de salud y los riesgos que allí corre de contraer el coronavirus por su edad y sus afecciones preexistentes pero a la vez admita que no toma el remedio prescripto para ello, en este caso un hipotensor con la droga enalapril, sino que la Secretaría de Derechos Humanos, que alega cuidar al preso que pidió su asistencia, avale la solicitud sin reparar en esa ilogicidad.

Si el propio Jaime dice ser hipertenso pero que no toma el remedio para ello, ¿cómo va a esgrimir sus problemas de salud y las supuestas deficiencias del Estado para resguardarlo si no se cuida él mismo? Quizás este texto haga foco en una estupidez, pero de estupideces están hechas también muchas cosas que ocurren en la vida pública argentina.

Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani no hicieron mención en su fallo de este martes del contrasentido avalado por el Estado. Simplemente demolieron los argumentos de la defensa del ex funcionario, incluso los de la adhesión del Poder Ejecutivo. Dijeron que Jaime está controlado dentro del penal con el hospital que funciona allí dentro, que cuidar de su madre y su hermano enfermos no está entre las causales de otorgamiento de una pena alternativa a la cárcel y que él no es un procesado, como pretendió la Secretaría de Derechos Humanos.

Los miembros de la sala III de la Casación Federal recordaron que el ex secretario de Transporte cumple una pena unificada de nueve años de cárcel por tres condenas que pesan sobre él por casos de corrupción, el más grave de ellos el «accidente» de tren en la terminal de Once el 22 de febrero de 2012 que causó la muerte de 51 personas, una de ellas embarazada. Y recordaron, para refutar el principal argumento del Gobierno, que en caso de mandar a su casa a Jaime el Estado se expondría a sanciones internacionales por violar los convenios regionales de lucha contra la corrupción.

La Secretaría de Derechos Humanos había anclado su solicitud en las posibles sanciones que podría recibir la Argentina por violación a otros convenios regionales sobre la situación de las personas privadas de su libertad, como ya ocurrió con la también condenada líder de la organización jujeña Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien finalmente se le concedió la prisión domiciliaria para poder cumplir fuera de la cárcel las penas que se le impusieron.

La excusa del coronavirus -esa palabra utilizaron los jueces Riggi y Catucci- ya había sido planteada con suerte dispar por otros de los que el kirchnerismo llama presos políticos. Así fueron liberados y enviados a sus casas, entre otros, los ya también condenados Amado Boudou y Luis D’Elía. El ex vicepresidente debe estar con sus hijos pequeños y su esposa, dijo el juez Daniel Obligado, y el ex líder piquetero pudo salir de la cárcel por sus problemas de salud. Lo curioso es que, al igual que sucedió con Jaime, D’Elía no tomó sus remedios, alcanzó un cuadro febril que obligó a llevarlo a una clínica privada y la jueza Sabrina Namer se vio obligada a evitar su regreso a prisión para que no propagara eventualmente el coronavirus entre la población carcelaria.

El ejemplo del caso de D’Elía abre la pregunta obligada digna de ser respondida en otra nota en los próximos días en Juez y Parte. ¿Qué harán los jueces con los condenados y/o procesados beneficiados con la prisión domiciliaria cuando se pase al pico de la pandemia, ahora estirado a junio por el ministro de Salud? ¿Ordenarán su regreso a prisión, bajo riesgo de que contagien a los otros presos si es que se pescaron el virus extramuros? ¿O los mantendrán en sus casas por un tiempo indefinido?