Mientras el kirchnerismo y presuntos voceros del poder económico de esta Argentina pandémica pulsan a través de los medios y declaraciones públicas por este tema, la abogada Graciana Peñafort se despachó este miércoles a través de su cuenta de Twitter -tal su costumbre y gusto- con una larga explicación legal en defensa del planteo que presentó la semana pasada en la Corte Suprema en nombre de la titular del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández, y relacionado con la actividad parlamentaria en tiempos de cuarentena.
Lo novedoso, y de ahí el origen de este texto, es que Peñafort, directora de Jurídicos del Senado, le puso por vez primera nombre y apellido -o mejor dicho, razón social, valga la ocurrencia de palabras y significantes- a la movida kirchnerista casi mirada de costado por el llamado albertismo. Y ese nombre es el impuesto a la riqueza. ¿La razón social? Contar con recursos para afrontar la pandemia del Covid-19 ante el presagio de muertes, enfermos y eventual colapso del sistema sanitario en medio de un país cuya economía camina por la cornisa.
Pero también es curioso que una de las primeras respuestas de los usuarios de la red social de pocos caracteres puso del mismo modo el dedo sobre la llaga y prácticamente dejó sin palabras a la verborrágica -dicho esto en relación a su participación en Twitter- defensora de la ex presidenta en algunas de las graves causas penales que ésta enfrenta a la par que ocupa un cargo público de gran relevancia.
El «hilo» de 25 tuits de Peñafort fue replicado por Cristina Fernández en su cuenta de la misma red social con millones de seguidores y tuvo como eje cuestionar el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal, que se opone a que la Corte trate la acción declarativa de certeza solicitada por la cabeza del Senado para saber si la Cámara alta puede sesionar de manera remota por medios electrónicos y no en el clásico y habitual recinto.
Para refutar a Casal, Peñafort y Cristina argumentaron que «sí» hay un «caso» en el planteo del Senado que amerita la intervención de la Corte. Pero un tuitero de apellido alemán y probablemente de Bahía Blanca -por la foto del submarino ARA San Juan y los contactos de su usuario- le apuntó directamente al corazón del problema legal y dejó casi sin palabras a la abogada.
El argumento de Freddy Schickendantz resume lo que muchos otros piensan con lógica en el mundo legal. Esto es, que el Senado cuenta con absoluta libertad y legalidad para modificar su propio reglamento y disponer las sesiones de sus miembros sin necesidad de que ellos estén físicamente en el recinto donde habitual y tradicionalmente discutieron de manera pública las leyes.
Pero como siempre sucede con los Kirchner desde sus lejanos tiempos de gobierno en la provincia de Santa Cruz, sus opositores vislumbran una maniobra oculta y no la «razón social» de defender al pueblo. Esto es, obligar a la Corte a emitir ahora una opinión para que luego quede atada a ella cuando le toque intervenir en una causa en la que se objete la eventual ley del impuesto a los ricos si es que ésta logra prosperar. A su vez, el clásico prejuicio kirchnerista, o la paranoia de conspiraciones, fue puesto en palabras e incluido en la presentación de Peñafort firmada por Cristina: temen una cautelar de la Corte a favor de los ricos si la iniciativa llegase a ser aprobada.
Mientras los cinco ministros del máximo tribunal vacilan y cavilan, presionados como siempre desde todos los rincones, la oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio reclama sesiones presenciales en la Cámara de Diputados -con los recaudos que la situación sanitaria obliga-, el presidente de este cuerpo -Sergio Massa- organiza todo para hacerlo de manera remota y diversos observadores apuntan que se gobierna por decretos de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández porque el Poder Legislativo está «inactivo» y el Poder Judicial, «paralizado», argumentan contra la queja de la corporación tribunalicia.