Tras el cacerolazo anunciaron medidas para mejorar las cárceles.
Hay un viejo axioma de la política que dice que todo lo que llega a la tapa de los diarios, llámense éstos como se llamen, es un problema que la política debe atender. No hace falta ponerse a contar cuántas leyes surgieron del Congreso a partir de la visibilidad que los medios dieron a tal o cual problemática de la sociedad en la que convivimos. Hay quienes redoblan y pervierten la cuestión al afirmar que un funcionario o personaje público no resiste tres tapas consecutivas negativas de tal diario. El kirchnerismo y la sociedad parecen haberlo desmitificado. El tema de las tapas de los diarios y las reacciones de la política bien podría aplicarse ahora en estos tiempos de pandemia y cuarentena para el coronavirus y la situación carcelaria, un problema tan evidente, insoslayable y viejo como la pobreza.
El querido y obligado pero olvidado diccionario de la Real Academia Española indica que un axioma es una «proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración». Era claro y evidente que el coronavirus COVID-19 llegaría a la Argentina porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo había declarado una pandemia y que la población carcelaria era de las más vulnerables por lógica y porque lo advirtieron la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta última con el argumento central de la superpoblación de las prisiones de la región. Hasta Estados Unidos, con el sistema penal más riguroso del mundo occidental y población carcelaria record, liberó miles de presos por este tema.
Sin embargo, casi tres meses después, el Gobierno nacional se apresta a iniciar la construcción de módulos sanitarios para mantener intramuros a posibles infectados con el virus y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el distrito más afectado por este tema, anuncia la creación de 1.350 plazas en las cárceles bajo su responsabilidad. ¿Por qué no se decidió antes? ¿Y qué pasó entremedio? Que el tema llegó a la tapa de los diarios y a la consideración de la opinión pública expresada luego a través de un importante cacerolazo de protesta por el otorgamiento de prisiones domiciliarias a posibles víctimas del virus en casos indignantes pero no por las advertencias que al respecto se habían emitido desde organismos internacionales.
En el mismo día, este martes 5 de mayo de 2020, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires suspendía los efectos de una polémica decisión unilateral de un juez de la Cámara de Casación penal provincial que permitió la salida de la cárcel de unos 700 presos y, casi en simultáneo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFN) emitía un comunicado en el que le recordaba al poder político que la manutención de los establecimientos penitenciarios no es responsabilidad de la Justicia.
Fue la respuesta corporativa de los jueces a la crítica corporativa del poder político que reaccionó con la iniciativa de llevar a cabo juicios políticos a los magistrados que otorgaron prisiones domiciliarias a quienes en principio no calificaban para tal beneficio, según los parámetros establecidos en las recomendaciones dadas por los tribunales rectores en materia penal a los jueces inferiores, ejecutores finales de las «morigeraciones de las penas». No está de más recordarle al lector desprevenido que se rechazaron muchísimos más pedidos de prisión domiciliaria que los que se otorgaron.
Bienvenidas las discusiones democráticas, por más corporativas que ellas sean. ¿Pero por qué no se dieron antes? Fuentes relacionadas con la problemática carcelaria habían advertido desde el vamos que bien podían utilizarse como salones de aislamiento los lugares reservados en las cárceles para las visitas, ya que éstas estaban vedadas desde antes de la cuarentena oficial decretada el 20 de marzo y, por ende, esos lugares vacíos.
Fue al mismo tiempo que, por lógica, se autorizó -blanqueó, para ser más exactos- algo que ya sucedía en las prisiones pero bajo fórmulas delictivas: el uso de teléfonos celulares por parte de los presos. Las protestas de los reclusos se viralizaron en las redes sociales gracias a esos teléfonos, con los cuales, por ejemplo, se pudo determinar que uno de ellos, alojado en la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el complejo de Florencio Varela, fue asesinado por un guardiacárcel prácticamente a sangre fría.
Sin haber leído todos los casos, ni mucho menos, este cronista detectó que en los pocos de los que se enteró pareció haber un patrón común. Este es que los jueces decidieron privilegiar, además de la situación de riesgo sanitario, la cercanía al cumplimiento de la pena de los presos a los que resolvieron sacar del encierro en lugares hacinados para que lo hicieran en la modalidad prisión domiciliaria, más allá de la gravedad de los delitos que los tuvieran tras las rejas.
«Las libertades que se someten a consideración de los magistrados y magistradas a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles encuentran fundamento en deficiencias estructurales del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales», dijo el comunicado de la AMFJN, que renglón seguido le dio el título del día a buena parte de los medios: «Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial».
La AMFJN resaltó que a la hora de decidir si permite salir de la cárcel o no a un condenado, aún por delitos graves, un juez «siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere (ley 27.372) y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve».
La mención de la ley 27.372, más conocida como «ley de las víctimas», no es graciosa ni casual ya que atañe a un problema central de la controversia entre los medios y las autoridades y que aún está irresuelto por la política y fue mal explicado por la prensa a la sociedad. Esa ley sancionada hace más de dos años por el Congreso obliga a un juez a consultar a la víctima antes de sacar de la cárcel a su victimario. El asunto es que muchas provincias no adhirieron a esa norma ni la reglamentaron ni la adaptaron a sus sistemas de procedimiento penal. Y por ello sus jueces no escucharon a las víctimas a la hora de resolver prisiones domiciliarias en este marco de COVID-19.
Aplícase aquí entonces otro oportuno axioma a modo de pregunta ante el cuadro presente. Dada la extraordinaria y pandémica situación mundial, la idiosincrasia argentina para la solución de sus problemas y el ruinoso estado económico-financiero del país ¿lo atamo’ con alambre? Pero a ello se le podría agregar otro interrogante. ¿Queda alambre?