En su apertura a tratar cuestiones por fuera de las habituales para una situación de feria en los tribunales, la Cámara Federal penal porteña comenzó a aplicar el jueves pasado lo dispuesto en una acordada firmada ese mismo día y una de las primeras causas tratadas refiere a una situación de extrema actualidad ya que está relacionada con una cárcel e implica la confirmación de un procesamiento, acto que normalmente, a no ser en un caso urgente o una flagrancia, no se dicta en un receso, en este caso el extraordinario vigente por la pandemia del coronavirus COVID-19.
La resolución fue firmada este lunes por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la sala II de la Cámara de apelaciones del fuero, y allí se confirma el procesamiento de un preso llamado Sergio Silvero por la presunta comisión del delito de tentativa de extorsión en perjuicio de la pareja de otro recluso alojado en la misma prisión para evitar que éste sufriera daños físicos en su lugar de detención, según dijeron fuentes judiciales.
Los magistrados también confirmaron el monto de 20 mil pesos del embargo sobre los bienes de Silvero dispuesto por el juez instructor, Sebastián Ramos, por lo que se infiere que esa misma suma sería la que se le habría exigido a la pareja del recluso a quien se le prometía proteger a cambio de dinero.
Con las cárceles en el tapete de las noticias durante los diez últimos días a raíz de las prisiones domiciliarias otorgadas a reclusos en el marco de las medidas de protección sanitaria por la pandemia, el fallo de la Cámara Federal porteña, de escaso interés público, toma color noticioso a partir de la actuación de la Justicia para tratar de revertir su imagen de inactividad ante la opinión pública.
Los cuatro jueces en funciones en la Cámara Federal con asiento en Comodoro Py 2002 firmaron el jueves pasado la acordada 7 de este año en la que habilitaron a los doce juzgados de primera instancia y a ella misma a resolver cuestiones por fuera de lo habitualmente tratado en épocas de feria judicial, que en materia penal refieren a temas urgentes o relacionados con los pedidos de libertad de gente detenida.
«Nosotros ya veníamos resolviendo cosas por fuera de la feria antes de la acordada 7», dijo a Juez y Parte uno de los once jueces en funciones en la primera instancia de Comodoro Py, donde sólo está vacante el juzgado 12 que ocupaba Sergio Torres, ahora miembro de la Suprema Corte bonaerense. Los once magistrados están conectados en un chat, según dijeron fuentes judiciales.
Otro de los magistrados criticó ante este cronista los términos de lo dispuesto por sus superiores de la Cámara de Apelaciones, más específicamente en cuanto a un vacío legal que frena la elevación a juicio de las causas que ya están con su investigación concluida. En lo general se trata de casos menores, dijeron las fuentes.
El problema insalvable son los plazos procesales, ya que están suspendidos por disposición de la Corte. Es decir que ellos no corren hasta que termine la cuarentena y la feria extraordinaria. Ergo: los abogados, defensores y querellantes, así como los fiscales, tendrán más tiempo para elaborar sus recursos y apelaciones.
Según pudo saber Juez y Parte, la Cámara emitirá en los próximos días otra acordada para regular otras cuestiones, entre ellas la de dar la oportunidad a las partes para que eviten extender los plazos de apelación y la regulación de la toma de declaraciones vía remota, como están trabajando en estos tiempos los magistrados y los funcionarios y empleados de los tribunales, al menos en Comodoro Py.