Lo denunciaron por haber violado la cuarentena a su regreso de Europa en su quinta Los Abrojos.
En las redes sociales sus detractores llegaron a decir que había viajado al exterior para eludir la causa judicial por espionaje durante su gobierno. Al final volvió un mes después y recibió el allanamiento menos pensado. La noticia dura dice que «la Policía Federal allanó este jueves la casa-quinta en la que vive el ex presidente Mauricio Macri en la zona noroeste del Gran Buenos Aires en el marco de una causa abierta en su contra por presunta violación de la cuarentena sanitaria al haber mantenido una supuesta reunión social y violar así el aislamiento obligatorio de dos semanas tras su regreso al país desde Europa. Los policías se llevaron de la quinta Los Abrojos copia de la información almacenada en el sistema de seguridad visual del lugar y el libro de guardia de visitas, según dijeron a Juez y Parte fuentes judiciales». Así, con lo que está encomillado, comenzaba el texto original de este post. Bien noticioso. Pero se agregó la introducción de las dos primeras oraciones tras el capitular para acomodarla a este sitio y enmarcarla en la actualidad política. Lo mismo la predefinición etimológica de la Real Academia. Abre y ojo.
El procedimiento se llevó a cabo este jueves a media mañana y duró alrededor de una hora. La orden de allanamiento fue firmada por el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, a pedido del fiscal Jorge Sica, en quien quedó delegada la instrucción de la causa. La orden del juez alcanzaba al resguardo informático de las cámaras de seguridad existentes en el ingreso de la casa-quinta, ubicada en una calle con nombre presidencial (John F. Kennedy) de la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.
Pero el fiscal también ordenó incluir en la requisa el libro de guardia de la garita ubicada en la entrada de la propiedad. Ambas cuestiones no requerían ingresar a la vivienda. Tampoco había instrucciones para ello, aunque técnicamente la orden fuera de allanamiento y no de presentación. Al parecer Macri no se encontraba allí sino en las oficinas en las que trabaja en la localidad de Olivos, partido de Vicente López, según consignaron varios medios. Como todo ex presidente Macri es custodiado por efectivos de la Policía Federal. El allanamiento fue realizado por personal de la Delegación San Martín de esa fuerza de seguridad.
La denuncia la hizo un comisario por instrucción de la Municipalidad
La denuncia fue realizada por el titular de la comisaría de Los Polvorines, la número 2 de Malvinas Argentinas, Gustavo Gabriel Cabrera, según consta en la causa. De acuerdo con las fuentes consultadas por Juez y Parte, el jefe policial dijo haber respondido a instrucciones de las autoridades del área de Seguridad del municipio gobernado por Leonardo Nardini, identificado con el kirchnerismo. Nardini se convirtió en las elecciones de 2015 en el intendente electo más joven en la historia de Gran Buenos Aires, cargo al que accedió con 35 años de edad.
La investigación judicial promovida por el sector político opositor al de Macri solo refirió como toda prueba las informaciones de los medios y los mensajes de Twitter que hablaron de un encuentro que él tuvo en Los Abrojos con tres intendentes de su espacio el 10 de setiembre, es decir una semana atrás. La denuncia judicial fue realizada al día siguiente. Macri había regresado a la Argentina de su periplo familiar europeo de un mes el 3 de setiembre. El protocolo sanitario vigente habla de 14 días de cuarentena para los viajeros que retornan al país.
El encuentro fue con los jefes comunales de Pinamar, Martín Yeza; de San Antonio de Areco, Francisco Ratto; y de Olavarría, Ezequiel Galli. Fue uno de ellos, incluso, quien lo difundió en las redes sociales ese día.
En la causa se investiga si el ex presidente cuadra en lo previsto en el artículo 205 del Código Penal, que establece una pena de seis meses a dos años de prisión para quien «violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia». Al ser inferior a los tres años de cárcel la pena no es de cumplimiento efectivo. La normativa fue citada taxativamente en el decreto original que dio inicio a las restricciones en marzo pasado y aplicada innumerables casos. Macri no fue el primero ni será el último.
El juez Culotta, duramente cuestionado en las redes sociales por haber ordenado el allanamiento, integra el Consejo de la Magistratura de la Nación por el estamento de los magistrados y desde ese puesto acompañó la gran mayoría de las iniciativas político-judiciales del gobierno de Macri. Este juez suele votar en ese organismo en contra de las posturas del actual oficialismo en cuestiones muy sensibles como por ejemplo lo pudo haber sido promover la salida de sus colegas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli de tres puestos claves en los tribunales de Comodoro Py.
