Los tres jueces federales desplazados por decreto volvieron a acudir a la Corte.
Por distinta vía, los tres magistrados a los que el Senado se negó el miércoles a dar su acuerdo para los estratégicos puestos que ocupan en los tribunales federales de Comodoro Py acudieron este jueves a la Corte tras la decisión parlamentaria y la publicación de los decretos presidenciales que dejan sin efecto los traslados de cargo que habían sido dispuestos durante el gobierno de Mauricio Macri e incluso durante el de su predecesora y actual titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi acudieron al máximo tribunal por la vía de la superintendencia, para pedir licencia y tener certeza sobre su situación funcional, Germán Castelli se presentó directamente a través del pedido de per saltum -salto de instancia- formulado ante la Corte para insistir en que ordene, ahora más que nunca, una medida cautelar que lo mantenga en su cargo hasta que se resuelva el fondo del asunto. Es decir, directamente en el expediente. Los otros dos jueces también tienen en trámite un per saltum pero la única respuesta que recibieron hasta ahora fue la del martes, en la que les dijeron «ni» y ello dio vía libre a la sesión de ayer del Senado.
Castelli pidió a la Corte que «con carácter urgente» admita su per saltum, revoque la decisión de la jueza que no es jueza (secretaria subrogante) y que menos aún tiene aval parlamentario, Macarena Marra Giménez, y que disponga la medida cautelar solicitada para que se suspenda la resolución del Consejo de la Magistratura que inició el camino de su desplazamiento del cargo y «todos sus actos posteriores», esto es el rechazo a su acuerdo y el decreto presidencial que dejó sin efecto su traslado de hace dos años.
Bruglia y Bertuzzi integran la estratégica sala I de la Cámara Federal penal porteña, por donde pasan la mitad de los casos de corrupción en la administración pública nacional tramitados en los juzgados de Comodoro Py. Ahora deberán regresar a los tribunales para los que sí tenían acuerdo expreso del Senado: el 4 de Comodoro Py y el 1 de La Plata, respectivamente. Castelli estaba en el 7 de Capital Federal pero ahora deberá retornar al 3 de San Martín. De esta manera queda afuera del juicio por el caso de los «cuadernos» que tiene a Fernández de Kirchner como principal acusada.
En su nota al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, los desplazados Bruglia y Castelli sostuvieron que con sus decretos matinales el presidente Alberto Fernández «consumó un acto ilegal y de suma gravedad institucional». Al igual que Castelli ellos argumentan que la vía para desplazarlos de los cargos que ocupaban en la actualidad era la de un juicio en el que se dispusiera ello por cuanto sus traslados cumplieron con los requisitos vigentes. Por el contrario, el Gobierno considera que Macri debiera haber pedido el acuerdo del Senado antes de disponer por decreto sus traslados.