El juez santafesino Fabián Lorenzini rechazó hoy un pedido de «aclaratoria» formulado por el Banco Nación para dilucidar el alcance del rol que dispuso el magistrado respecto de los interventores designados por decreto presidencial en la empresa Vicentin al rebajarlo el viernes pasado al de «veedores controlantes» del concurso de acreedores de la firma.
«Del pedido de aclaratoria, y atento a lo resuelto en similares circunstancias (ver Resolución de fecha 18/06/2020 (A 192, F 142, T 46), a lo solicitado no ha lugar. Estese a lo resuelto en fecha 11/06/2020, en relación al rol procesal invocado», expresó el juez en apenas cuatro líneas incorporadas al flamante duodécimo cuerpo de expedientes del gigantesco y casi nuevo concurso de acreedores de la firma cerealera, según pudo saber Juez y Parte de fuentes judiciales.
La aclaración había sido solicitada por Eleonora Sartor, la apoderada judicial del Banco de la Nación Argentina (BNA) presentada en el expediente, quien dijo actuar en este pedido por «expresas instrucciones del directorio» de la entidad.
Sartor envió su escrito por mail el viernes pasado, pocas horas después de la decisión del juez de restituir al directorio de Vicentin en la administración de la firma y desplazar a los interventores gubernamentales al rol de veedores. El escrito se incorporó formalmente al expediente papel el lunes 22.
En ese lapso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, criticó con dureza y descalificaciones al juez Lorenzini durante una extensa entrevista radial y pocas horas después de eso manifestaciones en diversas ciudades y pueblos del interior, incluida la Capital Federal, reclamaron el «respeto a la propiedad privada» y se expresaron en contra del subyacente proyecto expropiatorio del Gobierno nacional.
Las dos referencias que dio hoy el magistrado a cargo para rechazar sin miramientos el planteo del Banco Nación, principal acreedor local de la firma por los multimillonarios créditos a ella otorgados e impagos, tienen relación con el Comité Provisorio de Control que la entidad bancaria integra con otros acreedores en el marco del proceso concursal.
Ese comité está compuesto, además del Banco Nación, por los trabajadores de Vicentin, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), International Finance Corporation (IFC) y Netherlandese Financerings-Maatschappij Voor Ontwikkenlingslanden NV (FMO).
El asunto es que los trabajadores aún no pudieron elegir a sus representantes en ese cuerpo por las restricciones ambulatorias derivadas de la cuarentena por la pandemia del coronavirus Covid-19, según le informó la sindicatura del concurso al juez. Provisoriamente cumplen ese rol dos delegados pero no alcanza para la toma de decisiones.
Por ello el magistrado rechazó propuestas del Banco Nación que requieren de la mayoría de votos en el comité. Eso figura en la resolución firmada el 11 de junio y citada en la respuesta que hoy dio Lorenzini al banco. La otra resolución a la que el juez alude, la del 18 de junio, es un rechazo a un recurso de aclaratoria planteado por otro acreedor, Argentrading, en el marco de la apertura del concurso.
La aclaración pedida por el BNA sobre la resolución del viernes pasado del juez se constituyó en la primera expresión del rechazo legal que luego expresaron abogados identificados con el kircherismo en redes sociales -como Graciana Peñafort, directora de Jurídicos del Senado- y que al día siguiente haría propia el Presidente en la entrevista radial.
«No resulta razonable que no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del decreto 522/2020, con lo cual se acepta que el mismo continúa vigente, pero obste su aplicación. Más irrazonable resulta que asumiendo funciones de legislador se modifique la normativa y confiera el rol de veedor -la norma los declara interventores-«, advirtió la abogada del BNA al juez sobre el punto objetado de su resolución de la semana pasada.
El juez se declaró incompetente para analizar la constitucionalidad del decreto, lo que había sido pedido expresamente por los abogados de Vicentin, además de la restitución del directorio, a lo que sí accedió el magistrado.
El argumento del Gobierno y que primero incorporó en el expediente el Banco Nación fue luego tomado por el abogado de dos acreedores y la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina, María Victoria Stratta. El primero pidió que el juez resuelva el pedido de inconstitucionalidad y Stratta apeló para que revise su fallo y si no que lo haga el tribunal superior.