Lo hicieron dos acreedores y la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe.
El juez santafesino Fabián Lorenzini no sólo fue cuestionado dura y públicamente el fin de semana por el presidente Alberto Fernández sino que también comenzó a recibir similares críticas, planteos y apelaciones dentro del propio expediente del concurso de acreedores de la empresa Vicentin, el caso que llevó su nombre a la tapa de los diarios a nivel nacional.
Lorenzini fue elogiado por la oposición parlamentaria y las organizaciones representativas de la producción agropecuaria por la resolución a través de la cual restituyó a los directivos de Vicentin al frente de la empresa y corrió a los interventores que el presidente Alberto Fernández había puesto allí por decreto cuatro días antes.
Fue a pedido de la propia empresa, que también reclamó de parte del juez una declaración de inconstitucionalidad de ese decreto. Sin embargo, el magistrado se declaró incompetente para resolver ese punto. Por eso fue que el kirchnerismo primero y luego el propio Presidente de la Nación cuestionaron al juez por haber desconocido el decreto, ya que no analizó su legalidad, pese a lo cual modificó una de las disposiciones allí establecidas.
Las duras declaraciones presidenciales del sábado se replicaron dos días después en argumentos dentro del propio expediente del concurso de acreedores de la firma que exporta soja procesada a China y otros países a cambio de 4 mil millones de dólares anuales. Primero fue la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, quien apeló la resolución del juez justamente por no haber fundado lo que resolvió.
Stratta sostuvo que la resolución de Lorenzini «es un conjunto de contradicciones, confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas». Y sintetiza al inicio de su escrito, al que Juez y Parte tuvo acceso: «El magistrado se declara incompetente para juzgar un hecho administrativo (el decreto de la discordia) pero suspende parcialmente sus efectos y lo modifica invocando normas de derecho privado».
Para la representante del Plan B del Gobierno -una intervención ordenada dentro del concurso para que en Vicentin pueda participar el Estado Nacional a través de una vía que no sea la expropiación anunciada en el decreto- con su decisión y por los efectos de ésta «en realidad» Lorenzini «lo revoca» (al decreto), «al menos en lo atinente a la intervención» porque «reinstala a los directores (de la firma) por todo el tiempo que queda de vigencia del DNU 522/2020».
El escrito firmado por la titular de la IGPJ de Santa Fe tiene once carillas, constituye un pedido al propio juez para que revoque lo que dispuso y si no que conceda el pase del caso a la Cámara de Apelaciones para que se revise su decisión a la vista de otros jueces superiores, además, claro está, de reiterar su solicitud de designar como interventores a los mismos que había propuesto el decreto de Fernández con Gabriel Delgado a la cabeza.
Pero luego, y aquí la otra novedad de la semana, un abogado en nombre de dos acreedores que se supondrían de acuerdo con el resultado final de la decisión del magistrado de correr a los interventores gubernamentales, también cuestionó su negativa a estudiar y declarar inconstitucional el decreto 522/2020.
«Implica una visión absolutamente sesgada visualizar el DNU 522/2020 exclusivamente relacionado con el directorio. No. El DNU, sin fundamento ni razón legal ni constitucional, cuestiona y afecta la propia competencia de V.S. (Vuestra Señoría, el juez) designando un interventor extrajudicial para que actúe dentro de una persona jurídica privada en concurso que tramita ante V.S.», señaló el abogado rosarino Hernán Augusto Martínez, según dice en el texto, al que Juez y Parte tuvo acceso.
El abogado le advirtió a Lorenzini que el decreto de Fernández «lo desplaza (al magistrado) directamente respecto de sus potestades funcionales (designar interventor) e imperativamente le asigna funciones (recibir un informe del interventor designado), marco de actuación exigida que no está dispuesta en la ley de concursos ni en disposición procesal local alguna».
Martínez, quien se presentó en el expediente en nombre de las firmas Delfino Carlos Porporato, de Leones, provincia de Cordoba, y C&B Commodities, de la localidad santafesina de San José de la Esquina, reclamó del juez «un pronunciamiento expreso» sobre la legalidad del decreto presidencial a partir de una exigencia del «consabido principio que (indica) que ‘cada juez es juez de su propia competencia'».
Al cabo también de once páginas de fundamentación, el abogado rosarino pidió que el magistrado «declare la inconstitucionalidad del decreto 522/2020″, el aspecto que Lorenzini había eludido en su resolución de la semana pasada. Habrá que ver si Lorenzini lo acepta como parte en el expediente o dice que no tiene legitimación, como ya lo hizo ante sendos planteos en igual sentido formulados por otro acreedor cuyo crédito aún no fue verificado, Juan José Passadore, y el ex intendente santafesino y ex titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical Mario Barletta.