La Corte y el desaguisado de Boudou con Ciccone

Confirmaron que el pago por la expropiación de la imprenta debe ser en efectivo.
Amado Boudou envejecido. Fotomontaje: Neus van der Javo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves sendos recursos del Estado y confirmó un fallo que lo obliga a pagar en dinero en efectivo los 275 millones de pesos que le había «abonado» indirectamente a la empresa Ciccone Calcográfica al expropiarla ocho años y medio atrás con una quita de su deuda con el Fisco a modo de compensación. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) era su principal acreedor reconocido judicialmente. Actualizaciones mediante, la cifra asciende hoy a unos mil millones de pesos que se pagarán de acuerdo con las previsiones presupuestarias estatales, según dice el fallo, al que Juez y Parte tuvo acceso. El tema es quién los cobra. ¿Alejandro Vandenbroele?

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Alberto Fernández, entre Cristina Kirchner y don Raúl

A la mañana descalificó al juez del caso Vicentin, pero luego apeló a Alfonsín.
Fotomontaje: Neus van der Javo

Algunos lo llaman «errores no forzados», quizás para comparar, para bien o para mal, con los del gobierno de su antecesor, Mauricio Macri. Pero uno se pregunta si no es deliberado. Tras el fallo contrario del viernes del juez del caso de la empresa Vicentin, el presidente Alberto Fernández avaló una fórmula que retiraba del juego la palabra tan maldita –expropiación– y atemperaba los ánimos. Pero a la mañana siguiente desayunaba con una larguísima entrevista con la radio y el periodista quizás más identificados con el kirchnerismo en la que prácticamente incitaba al «banderazo» que se haría horas más tarde contra la actuación del Gobierno en este tema, al tenor de sus dichos. Tras la protesta -no tan masiva como se la presentó, al parecer de este cronista en cuarentena y por TV, aunque aún importante- envió un tuit casi modo neutro con un discurso de Raúl Alfonsín. ¿Con cuál presidente quedarse?

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Vicentin y su as bajo la manga

La decisión del juez santafesino Fabián Lorenzini de declararse incompetente para resolver el planteo de inconstitucionalidad del decreto a través del cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dispuso la intervención de la empresa Vicentin dejó a la firma con un as bajo la manga en la pulseada con el Gobierno por conseguir un socio que inyecte plata para alcanzar un arreglo con sus acreedores y evitar una expropiación.

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