La decisión del juez santafesino Fabián Lorenzini de declararse incompetente para resolver el planteo de inconstitucionalidad del decreto a través del cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dispuso la intervención de la empresa Vicentin dejó a la firma con un as bajo la manga en la pulseada con el Gobierno por conseguir un socio que inyecte plata para alcanzar un arreglo con sus acreedores y evitar una expropiación.
Esto es porque el magistrado no dijo qué colega o qué fuero es competente para resolver la cuestión administrativo-constitucional. No había conflicto de competencia con colega alguno que lo obligara a ello. Así los abogados de la firma pueden aún llevar ese planteo a cualquier otro tribunal del país. Lo más lógico y probable es que sea a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Capital Federal, sede del Gobierno central. Igualmente, los abogados de la firma ya consiguieron lo que buscaban: restituir al directorio y desplazar a los interventores designados a través de ese decreto del PEN. Ese era su principal objetivo.
Por lo que pudo saber Juez y Parte de fuentes cercanas al caso no sería intención de la empresa acudir inmediatamente a otros estrados para conseguir una respuesta al planteo de inconstitucionalidad que se negó a tratar el juez santafesino. Pero ello no quita que pueda hacerlo en cualquier momento. Lorenzini ya había evitado expedirse sobre la constitucionalidad del decreto ante un planteo de un acreedor, Juan José Passadore, y del ex jefe de la Unión Cívica Radical y ex intendente de Santa Fe Mario Barletta. El argumento fue que no eran parte interesada, porque en el caso del primero su crédito, como los de todos los acreedores, aún no fue verificado.
La primera respuesta del poder político, quizás a sabiendas de la decisión que tomaría el magistrado -fuere por intuición o por información-, fue pedir una intervención judicial, sin lugar para una expropiación, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia de Santa Fe. Llamó la atención la casi simultaneidad con la resolución firmada el viernes por el juez y que dejó en «off side» al Gobierno.
La gambeta de Lorenzini a expedirse sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 522/2020 fue cuestionada desde sectores identificados con el kirchnerismo, la pata de la alianza de gobierno que más énfasis había puesto en una expropiación que ahora parece haber quedado más lejana. Muy distinto es que el proyecto legislativo al respecto sea presentado por un senador o diputado kirchnerista aislado a que lo haga el propio Poder Ejecutivo con la firma del presidente Alberto Fernández. Lo cierto es que hasta ahora no ingresó proyecto alguno en ese sentido en el Senado, donde se suponía lo haría la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la legisladora que estaba junto al presidente el día del anuncio de la intervención de Vicentin, casi tres semanas atrás.
Convertida ya en una referente mediática legal del kirchnerismo a partir de la moderna comunicación a través de las redes sociales, la actual directora jurídica del Senado, la abogada Graciana Peñafort -defensora de la ex presidente Cristina Fernández en algunas de sus causas penales, así como de otros ex funcionarios de sus dos gobiernos- explicitó a través de un «hilo» en su cuenta de Twitter su rechazo a lo resuelto el viernes por Lorenzini. Allí dijo que el juez desobedeció el decreto presidencial.
El «hilo» fue replicado por el presidente Alberto Fernández, pero ya se sabe. No está del todo claro si el Presidente tiene pleno control sobre el contenido de su cuenta en esa red social a la luz de mensajes «políticamente incorrectos» que luego debieron ser rectificados. Casi a la misma hora de su «retuiteo», el gobernador santafesino, Omar Perotti, anunciaba el apoyo presidencial a la fórmula pergeñada en su provincia tras el fracaso de la intervención oficial inicial en la empresa. Pero a la mañana del sábado hacía verbo la letra del tuit en una entrevista radial, en una suerte de intimación del Presidente al juez, nada feliz en este marco y con palabras descalificadoras sobre su actuación: es esto o la expropiación. ¿Conflicto de poderes? Parece que sí. Desde el vamos. Pero será motivo de otra nota.