Era por una deuda de Ganancias y esta semana avaló su denuncia de persecución.
En algunos medios se lo presentó como una nueva denuncia. En realidad se trataba de la vieja demanda planteada en febrero por la en aquel entonces flamante vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en sede administrativa y de un escrito presentado en sede judicial. Lo había hecho en su domicilio fiscal, jurisdicción del juzgado federal de Río Gallegos, porque allí la había demandado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la sede central de este organismo, que lo transformó inmediatamente en una denuncia penal ante los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py. La novedad es que ahora el organismo recaudador de impuestos llevó las conclusiones de su investigación interna a los tribunales de Retiro y de esa manera amplió su presentación inicial. Se acusa por «hostigamiento» a las autoridades de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri en perjuicio de la ex presidenta. Lo que no se dijo, ni antes ni ahora, es que entre una cosa y otra, hace tres meses, la actual conducción de la AFIP desistió de aquel juicio -una ejecución fiscal- planteado por el mismo organismo en la Patagonia en 2019.
En efecto, tras las presentaciones simultáneas de la flamante Vicepresidenta de febrero, el organismo conducido en esa fecha y actualmente por Mercedes Marcó del Pont desistió cuatro meses después de la demanda que habían planteado sus antecesores en reclamo de una deuda «por la suma de pesos ocho millones ciento treinta y tres mil ochocientos doce con setenta y un centavos ($8.133.812,71) con más intereses –resarcitorios y punitorios- en concepto de Impuesto a las Ganancias (Boleta de Deuda Nº832/40022/01/2019 por la suma de $3.605.594,70 y Boleta de Deuda 832/40022/02/2019 por la suma de $4.528.218,01)», dice en el expediente, al que Juez y Parte tuvo acceso.
Fue el 16 de julio. Dos semanas después el juez Javier Leal de Ibarra cerraba la causa por no existir más juicio ya que quien lo había iniciado ahora lo retiraba. La demanda se había iniciado el 26 de setiembre de 2019, un mes después de la derrota de Cambiemos en las elecciones primarias que preanunciaron el recambio de signo político en el máximo poder en diciembre. Lo curioso es que el fallo es público a partir de la apelación de la abogada de Cristina Fernández, su sobrina política y ex fiscal de Estado provincial Romina Mercado.
La hija de la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, apeló por «bajo» el monto de los honorarios por su actuación profesional: $162.676,25. Para sustentar su pedido, Mercado dijo que por el tipo de juicio, una ejecución fiscal, «indagar en la causa de la obligación (tributaria) resulta improcedente». Los jueces de apelación, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo, ratificaron el monto el pasado 24 de setiembre. Leal de Ibarra también integra la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia pero como actuó en el caso como subrogante del juzgado de primera instancia no intervino en la apelación por obvias razones.
Los fiscales siempre explican a los periodistas que su ministerio público es uno solo. Y hablan de la unicidad. Esto es que si el fiscal de primera instancia dijo A en un caso X, el fiscal de la instancia superior debe mantener la postura A de su colega inferior en el mismo caso X. No siempre ocurre, pero me pregunto si ese principio no debiera operar también en otras dependencias públicas del organigrama estatal. Como la AFIP, por ejemplo. O la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que en 2016, en el gobierno de Macri, hizo algo parecido y revisó y denunció delitos en las obras en Santa Cruz concedidas por sus antecesores kirchneristas y que hace un año y medio tienen a la Vicepresidenta por vez primera en el banquillo de los acusados en un juicio penal. Claro, no era vicepresidenta, ni siquiera candidata, pero ahora es distinto. Y no son casos iguales, digo lo de AFIP y lo de Vialidad. Perdón, pero pienso en voz alta. Y me pregunto, periodista al fin.
Mientras tanto, en el Congreso y a propuesta del kirchnerismo se discute reformar la manera de designar y mantener en su cargo al jefe administrativo de todos los fiscales federales y nacionales, el procurador general de la Nación, por la falta de acuerdo para aprobar al postulante presidencial, el juez Daniel Rafecas, y desplazar mientras tanto a través de otra iniciativa a quien ejerce ese cargo en forma interina por disposiciones legales, Eduardo Casal.
La ampliación de esta semana de la denuncia de la AFIP de febrero en Comodoro Py -hecha entonces en simultáneo con la presentación de la Vicepresidenta en el juzgado de Río Gallegos, ya se dijo y se adjunta aquí debajo- sí llegó a los medios esta vez, a diferencia de aquel desestimiento de setiembre en la fría y lejana Río Gallegos. Quedó en manos de la fiscal Paloma Ochoa, en quien había delegado la instrucción de la causa el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
En su formulación participó la ex senadora por Santa Cruz Virginia García, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según dijeron fuentes cercanas al caso. García integró en nombre del Senado el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y promover la destitución de los jueces, un lugar siempre caro al kirchnerismo. Pero ya había trabajado en la AFIP como directora regional en Río Gallegos cuando comenzaban a arreciar las denuncias contra el detenido -a domicilio- «empresario» Lázaro Báez, mucho antes de la llegada de Macri a la Casa Rosada. Y era la cuñada del diputado Máximo Kirchner, el hijo mayor de la Vicepresidenta.
En rigor -y acá lo más ¿divertido? de este posteo- los siempre misteriosos sorteos de denuncias en Comodoro Py -sospechados de no ser puro azar sino algunas veces determinismo hecho y derecho, no solo en ese fuero- establecieron que la denuncia inicial de la AFIP por la presentación de Cristina quedara en manos de su principal verdugo judicial, el juez Claudio Bonadio, quien fallecería ese mismo día, cuatro de febrero del fatídico 2020, el año de la pandemia. Su juzgado, el 11 del cuarto piso de Comodoro Py, es subrogado ahora por Martínez de Giorgi, quien compite en el Consejo de la Magistratura para ascender a camarista, el cargo al que jamás llegaría ni aspiraría Bonadio en vida.
Algunos lo llaman lawfare. Otros, destino. O efecto-consecuencia. O responsabilidad penal. Pero la casualidad y el azar todavía o también existen. Aunque si se habla de política y Comodoro Py siempre se piensen en conspiraciones y operaciones de prensa, que las hay, tanto como lo de las brujas.