El miembro de la «comisión Beraldi» trazó diferencias entre el Presidente y la vice.
Aunque a la luz de los hechos posteriores quizás pueda pensarse algo distinto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, trazó diferencias procedimentales entre la propuesta de la comisión que asesoró al presidente Alberto Fernández sobre reformas en el Poder Judicial y la carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con fuertes cuestionamientos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al sistema en sí.
«No comparto. Para lo que ella quiere hacer hay que reformar la Constitución. Son dos vías distintas», dijo Gil Domínguez al ser entrevistado en la última edición radial de Juez y Parte por FM Cultura (97.9), el jueves 10 a la mañana. Le habíamos preguntado si la carta de la Vicepresidenta del día anterior «engarzaba» de alguna manera con las conclusiones de la comisión asesora convocada por el Presidente.
Fue unas horas antes que los miembros de la llamada «comisión Beraldi» (por el abogado penalista que la presidió y defiende a Cristina Fernández en varias de sus causas penales) se reunieran con el Presidente y que éste compartiera luego un acto público con la Vicepresidenta en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), convertida en Espacio de la Memoria para no olvidar los crímenes perpetrados allí durante la última dictadura militar. La fórmula ganadora de la elección presidencial del año pasado no se veía personalmente hacía tres meses.
De acuerdo con Gil Domínguez, la tarea que le encomendó Fernández a la comisión que le envió sus conclusiones el mes pasado pero que recién este jueves pudieron discutir personalmente es «para que la Justicia funcione mejor y no para cambiar el modelo constitucional vigente», como surge de la lectura de la carta pública de la Vicepresidenta. «Son dos maneras de ver el mismo problema», añadió durante la entrevista, cuyo audio adjuntamos.
Gil Domínguez también habló sobre el famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que le permite a la Corte rechazar apelaciones sin tratar el fondo del caso, como sucedió en los últimos días con la confirmación de la condena impuesta al ex vicepresidente Amado Boudou. «Esta atribución que tiene la Corte viola la Convención Americana de Derechos Humanos», dijo, y añadió que «si un tribunal inferior dicta una sentencia sin fundamento eso es una sentencia arbitraria».
A la luz de los últimos hechos y las públicas declaraciones de los protagonistas (el Presidente diría luego que compartía en gran parte el contenido de la carta de la Vicepresidenta) todo parece perfilarse a que al menos haya una iniciativa oficial para rever la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y si se crea un tribunal previo a la máxima instancia del Poder Judicial de la Nación.