El Presidente, Bullrich y la vacuna: dos pájaros de un tiro

Acumularon el juicio de Ginés al de Fernández por los dichos de la líder del PRO.

El juez Luis Sáenz acumuló la demanda que el ex ministro de Salud Ginés González García tiene planteada en otro juzgado contra la titular del partido Propuesta Republicana (PRO), la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con el juicio similar que ya tiene avanzado en el tribunal a su cargo e iniciado por el presidente Alberto Fernández. En ambos casos se trata de los públicos dichos de hace un año de la referente opositora sobre la demora del Gobierno en la adquisición de vacunas del laboratorio Pfizer para combatir el coronavirus Covid-19 en la primera etapa de la pandemia, a mediados de 2020. Bullrich había sugerido que el Gobierno exigió a la multinacional de origen estadounidense Pfizer el pago de una coima a través de la contratación de un socio local, lo que fue negado por la firma.

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Ocaña denunció a Volnovich por el viaje a México

Es por haber ido de vacaciones con su segundo y dejado así acéfalo al PAMI.

La diputada nacional Graciela Ocaña (JxC-Buenos Aires) formalizó este jueves su adelantada denuncia penal contra la titular de la obra social de los jubilados (PAMI), Luana Volnovich, y su segundo, Jorge Martín Rodríguez, por el reciente viaje de vacaciones realizado por ambos a una playa de México. Ocaña, directora del PAMI durante la presidencia de Néstor Kirchner, hace casi dos décadas, los acusa a ambos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por haberse ausentado de sus labores en simultáneo y haber dejado así «acéfalo» al organismo y «desprotegido a sus afiliados».

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¿El juego del Gran Bonete o el toro por las astas?

El ultimátum de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y los pasos que vienen.

El ultimátum de la Corte en el reciente fallo sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación parece haber surtido efecto. De la Corte al Consejo y de allí a los otros dos poderes del Estado: la Casa Rosada y el Congreso. La institución a la que la Corte ordenó volver a su composición estamentaria original envió este miércoles sendos oficios a los presidentes de la Nación, la Cámara de Senadores y la de Diputados para apurar una nueva ley sobre el organismo nacido de la reforma constitucional de 1994. Pero a la vez advirtió sobre una eventual paralización de sus funciones dentro de tres meses y medio. Un descalabro institucional. ¿Los destinatarios de la misiva? Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, la tríada del poder emergente en las últimas elecciones presidenciales de 2019.

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Highton, su renuncia a la Corte y las piezas del poder

Razones o sospechas de la inesperada salida de la magistrada del máximo tribunal.

La Justicia no es Comodoro Py», me dijo la semana pasada en FM Radio Cultura la jueza Aída Tarditti, miembro hace más de un cuarto de siglo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Está en el audio posteado en el blog. Sus palabras eran casi didácticas pero su tono parecía de enojo. La habíamos llamado para entrevistarla en la última emisión radial de Juez y Parte por su rol de presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces a propósito de la renuncia de Elena Highton y la cobertura de la próxima vacante que se generará a raíz de ello en la Corte Suprema nacional. Pero los hechos parecen contradecir a Tarditti. O no, según como se mire. ¿Dependerá del lado de la balanza de la famosa señora de ojos vendados?

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El juicio del Presidente y su onerosa tasa de Justicia

Ya se ha dicho aquí, por observadores y cronistas habituales de estos temas que somos. Un presidente de la Nación está sujeto al escrutinio público y al inefable hecho de ser denunciado penalmente por su actividad casi todos los días o semanas o meses. «Una denuncia no se le niega a nadie», dice en ese sentido una frase hecha en la política. Y Comodoro Py es el norte. En este caso se trata de una acción privada pero que no deja de ser pública por el rol de quien la hace y eso que decíamos del escrutinio público.

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Patricia Bullrich, las vacunas y los juicios en su contra

No sólo la demanda el Presidente sino también Sigman, por sus dichos en la TV.

La ex ministra de Seguridad y actual titular del partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, habló el domingo a la noche en el canal de TV del diario La Nación de la demanda civil que le hizo el presidente Alberto Fernández por declaraciones previas suyas en el mismo programa conducido por el colega Luis Majul sobre la vacunación contra el Covid-19 y la no contratación inicial por parte del Gobierno del laboratorio estadounidense Pfizer para combatir al coronavirus de la pandemia.

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Alberto Fernández, «Olivosgate» y el «control de daños»

¿Reparación y paternidad? ¿O una inconstitucionalidad que le podría jugar a favor?

Todo junto y en un mismo día pareciera no ser casualidad. Inició con la promesa de pagar sus culpas vaya a saber cuándo y terminó con el chimento en TV de que será padre de mellizos. Entre medio, el presidente Alberto Fernández quizás encontró una fórmula que podría ayudarlo a zafar del problema. La única denunciada en el llamado Olivosgate que no es defendida por el abogado que sí representa a su pareja y los otros acusados pidió que se declare la inconstitucionalidad del famoso decreto 260 inaugural de la eterna cuarentena y con ello, santa solución. No habría delito ni culpa ni reparación. Sí, hablamos del famoso festejo de cumpleaños en la quinta de Olivos en plena época de restricciones ciudadanas y su incomodidad para el peronismo gobernante a solo tres semanas y media de las elecciones primarias.

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La denuncia del día: Alberto, Albistur y la vía pública

Es por presunto favoritismo al publicista y esposo de la candidata en Buenos Aires.

Ya se sabe. Y lo hemos dicho en este espacio. Comodoro Py 2002 es un mundo aparte. Y suceden cosas con alta repercusión pública como otras que no tanto, aunque aquí las consignemos. Doce horas después que el programa Periodismo Para Todos (PPT) conducido por Jorge Lanata en Canal 13 emitiera este domingo un informe sobre el publicista amigo presidencial Enrique Albistur un denunciante habitual en los tribunales federales penales porteños se presentó vía digital este lunes para pedir que el empresario sea investigado junto con Alberto Fernández y otras personas por la presunta comisión de delito. No hay mucha más prueba que la que se vio por TV: los números de contrataciones de publicidad oficial en la vía pública.

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No haz lo que digo pero mejor tampoco lo digas

Confusión de Alberto Fernández en la acusación que le pesa por el Olivosgate.

La subterránea defensa del presidente Alberto Fernández en la causa por el festejo de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta del año pasado, omite un dato y confunde otro. A diferencia de cualquier ciudadano al que se denuncia por la violación de las normas atinentes al aislamiento para evitar contagios del coronavirus Covid-19 a él también se lo investiga en la Justicia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de sus deberes como funcionario público al ser el titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y emisor de la norma supuestamente inobservada. Pero además, y aquí lo principal, no se lo acusa de haber propagado un virus sino de haber violado las medidas adoptadas para impedir ello.

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El peluquero, el Presidente y el subsidio (no es película)

En medio del Olivosgate denunciaron a Alberto Fernández otra vez en Comodoro Py.

Mientras su pareja, Fabiola Yáñez, y seis de sus amigos se presentaban a través de los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo en la causa por el «Olivosgate» de las visitas en cuarentena a su residencia oficial, el presidente Alberto Fernández fue denunciado este martes en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por la presunta comisión de delitos en la concesión de un subsidio de 600 mil pesos al peluquero conocido como Marcelo Cuggini.

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Mirar al costado mientras las balas ¿pasan?

Alberto Fernández, en la mira judicial por las visitas a Olivos en cuarentena.

La foto es fortuita pero cae como anillo al dedo. Cuando vi el resultado de la captura de TV no era lo que planeaba. El tipo estaba mirando al costado. Y no escuchando una pregunta, como pareciera, sino hablando él. Seguramente enfocaba a alguien de la platea funcionaria. No precisamente a su pareja, Fabiola Yáñez, porque ella no estaba allí en el acto. Pero segundos después el presidente Alberto Fernández a ella culparía por el escándalo más incómodo de su gobierno y para colmo en campaña electoral: el infractor festejo de su cumpleaños en plena cuarentena. El de ella, no el de él, que bien podría haber sido algo parecido. Mientras él hablaba en público una nueva denuncia en su contra ya se había presentado en los tribunales de Comodoro Py y el fiscal a cargo del «Olivosgate», Ramiro González, ordenaba medidas de prueba que lo involucran. El Presidente bajo investigación.

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La denuncia de la semana: la agenda de Pandora

Las visitas al Presidente en cuarentena dura, a la luz pública y bajo la lupa judicial.

El final de la presentación hizo desistir de su publicación la semana pasada apenas leída, sobre todo al pensar en un eventual rápido archivo judicial por desánimo del juez al que le tocara el caso ante las palabras allí utilizadas. En definitiva, otra denuncia contra un Presidente en ejercicio de su cargo a partir de una publicación periodística y con un remate quizás innecesario y prejuicioso. Pero a la luz de la repercusión del caso, el fondo de la discusión, el anclaje en datos de registros públicos oficiales y las respuestas posteriores desde altos estamentos del Poder Ejecutivo y sus candidatos electorales, cambiamos de idea y la publicamos, por más olor de campaña electoral que tenga y que fuera hecha en plena feria judicial de invierno.

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Críticas de los jueces por una nueva idea presidencial

La federación que los nuclea acusó a Fernández de debilitar su independencia.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) expresó este domingo su «categórico desacuerdo» con la opinión pública del presidente Alberto Fernández sobre la duración del mandato de los magistrados al acusarlo de debilitar con sus palabras la independencia judicial y «sembrar dudas» sobre las garantías establecidas en la Constitución Nacional en torno a sus funciones. La FAM se convirtió así en la más rápida voz institucional contra el nuevo comentario presidencial sobre un paño que se supone conoce bien de cerca y que ya generó más de una vez al menos sorpresa en su mandato, sobre todo en el mundo del Derecho.

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El largo trecho entre lo primero dicho y luego no hecho

El presidente Alberto Fernández habilitó el regreso del juez Farah a Comodoro Py.
¿Reforma judicial? Alberto, Perón y el teorema de Baglini. Fotomontaje: Neus van der Javo.

En la quiniela el 53 significa «el barco». El presidente Alberto Fernández parece embarcado en una travesía que dijo no haría. Esto es la influencia de los servicios de inteligencia en la Justicia. Lo afirmó al asumir el cargo hace más de un año, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso el año pasado y varias veces más y a través de diversos medios. Pero ya se conocen los dos refranes populares. Del dicho al hecho hay mucho trecho y ya ha pasado mucha agua bajo el puente.

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Sobre un error de tipeo o la paja en el ojo ajeno

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