Magistratura: ¿conflicto de poderes o desobediencia?

La Corte ratificó su fallo y pasará a integrar el Consejo para el Poder Judicial.
Yendo de la cama al living. Apenas una manzana de plaza separa a las sedes de la Corte y el Consejo de la Magistratura.

Con una velocidad inusual y sin la firma del juez Ricardo Lorenzetti, quien está de viaje y se había opuesto al formato elegido por sus compañeros de tribunal para resolver el caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó hoy su sentencia de cuatro meses atrás y dispuso la inmediata puesta en funcionamiento del Consejo nacional de la Magistratura según los parámetros de «equilibrio» señalados por la Constitución Nacional e interpretados por ella en su fallo de diciembre pasado. Lo curioso es que si el Congreso no elige a sus dos representantes faltantes -un diputado y un senador- la institución podrá comenzar a funcionar aún sin ellos, solo con reunir el quorum para abrir sus sesiones, algo que parece lejano si el oficialismo mantiene su negativa a la decisión del máximo tribunal.

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Highton, su renuncia a la Corte y las piezas del poder

Razones o sospechas de la inesperada salida de la magistrada del máximo tribunal.

La Justicia no es Comodoro Py», me dijo la semana pasada en FM Radio Cultura la jueza Aída Tarditti, miembro hace más de un cuarto de siglo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Está en el audio posteado en el blog. Sus palabras eran casi didácticas pero su tono parecía de enojo. La habíamos llamado para entrevistarla en la última emisión radial de Juez y Parte por su rol de presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces a propósito de la renuncia de Elena Highton y la cobertura de la próxima vacante que se generará a raíz de ello en la Corte Suprema nacional. Pero los hechos parecen contradecir a Tarditti. O no, según como se mire. ¿Dependerá del lado de la balanza de la famosa señora de ojos vendados?

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El juicio del Presidente y su onerosa tasa de Justicia

Ya se ha dicho aquí, por observadores y cronistas habituales de estos temas que somos. Un presidente de la Nación está sujeto al escrutinio público y al inefable hecho de ser denunciado penalmente por su actividad casi todos los días o semanas o meses. «Una denuncia no se le niega a nadie», dice en ese sentido una frase hecha en la política. Y Comodoro Py es el norte. En este caso se trata de una acción privada pero que no deja de ser pública por el rol de quien la hace y eso que decíamos del escrutinio público.

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La denuncia del día: contra todos los jueces de la Corte

La presentó un abogado por lo de Boudou y los magistrados trasladados por Macri.

Una semana después de la carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con fuertes cuestionamientos a la Corte Suprema, un abogado no conocido en el «mundo Comodoro Py», Tomás Pérez Bodria, ex concejal justicialista en Pilar, presentó una denuncia penal contra los cinco jueces del máximo tribunal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento.

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AFIP había desistido de su reclamo a CFK en julio

Era por una deuda de Ganancias y esta semana avaló su denuncia de persecución.

En algunos medios se lo presentó como una nueva denuncia. En realidad se trataba de la vieja demanda planteada en febrero por la en aquel entonces flamante vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en sede administrativa y de un escrito presentado en sede judicial. Lo había hecho en su domicilio fiscal, jurisdicción del juzgado federal de Río Gallegos, porque allí la había demandado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la sede central de este organismo, que lo transformó inmediatamente en una denuncia penal ante los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py. La novedad es que ahora el organismo recaudador de impuestos llevó las conclusiones de su investigación interna a los tribunales de Retiro y de esa manera amplió su presentación inicial. Se acusa por «hostigamiento» a las autoridades de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri en perjuicio de la ex presidenta. Lo que no se dijo, ni antes ni ahora, es que entre una cosa y otra, hace tres meses, la actual conducción de la AFIP desistió de aquel juicio -una ejecución fiscal- planteado por el mismo organismo en la Patagonia en 2019.

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Elisa Carrió y los «presos políticos»

Gil Domínguez, Corte, CFK y Alberto: «son vías distintas»

El miembro de la «comisión Beraldi» trazó diferencias entre el Presidente y la vice.

Aunque a la luz de los hechos posteriores quizás pueda pensarse algo distinto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, trazó diferencias procedimentales entre la propuesta de la comisión que asesoró al presidente Alberto Fernández sobre reformas en el Poder Judicial y la carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con fuertes cuestionamientos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al sistema en sí.

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CFK y el balance 2020: carta abierta a la Corte Suprema

Cristina habló más de ella que del primer año de gobierno de su coalición.

Podría haberle puesto directamente «Carta a la Corte». O «Corte a la Corte», jugando con las palabras. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sinceró de manera brutal este miércoles que su principal inquietud política es su propia situación judicial. Utilizó la excusa del primer aniversario del gobierno que ella integra desde su rol parlamentario para enviar una carta pública a las redes sociales y dar algunos números de la gestión del Senado. Pero empleó el mensaje para cuestionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal que tiene la última palabra para su principal problema: sus causas penales. Ni siquiera mencionó al ejecutor de las medidas de gobierno de la coalición a la que se presume ella aportó los votos necesarios para volver a la Casa Rosada, Alberto Fernández. Sería algo así como ir a un cumpleaños y no saludar al que cumple años.

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Lawfare, Boudou y cadenas o la/s vuelta/s de Obligado

Harán un acampe la semana que viene «por una Navidad sin presos políticos».
Eslabones. Originales de la batalla naval de 1845. Foto: Wikipedia/Museo del Bicentenario/Casa Rosada

Si uno los cuenta, los del afiche son doce. Quizás sea por los apóstoles de Jesucristo. Pero si uno lo reduce al fútbol son un equipo entero más uno que no está preso, ni a domicilio ni en la cárcel, el elemento aglutinador del grupo. ¿Es Cristina Fernández de Kirchner el jugador número doce, la directora técnica del equipo o el árbitro del partido? Buena pregunta pero no apuntamos a ella en este texto sino a uno de los organizadores de la protesta, Fernando Esteche, y al juez que decidirá si Amado Boudou regresa a la cárcel o sigue en su casa, Daniel Obligado. Ya que en el afiche se habla de «presos políticos», «víctimas del «lawfare» y «patriotas» quizás faltó allí una mención a «la vuelta de Obligado» dados los antecedentes con Esteche. O a «las vueltas de Obligado» antes de resolver lo de Boudou.

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En línea con la Corte, rechazaron el amparo de Castelli

Una subrogante dijo que su traslado no es definitivo y que deberá ir a concurso.
Obediencia debida. Marra Giménez no se apartó de lo dicho por la Corte en los casos de Bruglia y Bertuzzi.

El tercer juez de los famosos traslados en el Poder Judicial que llegaron no solo a la tapa de los diarios sino hasta la Corte Suprema nacional, Germán Castelli, sufrió esta semana el mismo revés que sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. La jueza federal subrogante Macarena Marra Giménez rechazó este viernes su acción de amparo para permanecer en los tribunales de la Avenida Comodoro Py como vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF7) y deberá concursar para ejercer ese cargo de manera regular y «hasta que la vida nos separe», como debiera ser naturalmente para todo magistrado. Ahora tendrá plazo fijo. La misma solución había aplicado el máximo tribunal con los otros dos jueces y Marra Giménez vio ineludible pronunciarse de igual manera, pese al reclamo de Castelli de que se trata de un caso distinto.

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Amado Boudou, bajo la pollera de Cristina y sus votos

La Corte dejó firme la condena por Ciccone pero él aún dice ser víctima de lawfare.
Pollera polisón o semijaula. Revista Victoria (1870).

Este jueves quedó firme la condena contra Amado Boudou por el caso Ciccone. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el recurso de queja para que ella revisara la sentencia dictada en su contra dos años atrás por un tribunal oral. Pasará a la historia como el primer vicepresidente de la Nación condenado por la Justicia. Y por un caso de corrupción. Ya no es más presunto delincuente sino delincuente hecho y derecho. Sin embargo hoy habrá una manifestación en su defensa convocada frente a los tribunales de Plaza Lavalle bajo el remanido argumento de que es «víctima» de lawfare, algo que no figura en la legislación argentina y ni siquiera se sabe bien qué significa. ¿Negación? ¿Sedición? Difícilmente Boudou se sienta sorprendido por su destino.

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El lado B del fallo de la Corte sobre los traslados

Una advertencia sobre la reforma judicial que pasó de modo avión a modo tortuga.

Bastante tela dejó para cortar el fallo de la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que este lunes volvieron a los cargos de los que el oficialismo los había corrido y en los que los repuso el máximo tribunal al menos por un tiempo. La principal hilacha es la extensión de sus casos a los de «todos» los «trasladados», una cuestión rápidamente advertida aquí y demorada en llevar a los lectores. Pero hubo una mención al pasar en el voto mayoritario de tres sobre cinco -la proporción aplicable para toda decisión del máximo tribunal cuando se decidió acortar el poder del presidente, actualmente Carlos Rosenkrantz- que no fue desapercibida por lectores atentos tanto de este blog como de su difusión en Twitter y, sobre todo, de los documentos judiciales, uno de los leit motiv de Juez y Parte.

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Aníbal Fernández denunció a su antecesor en Río Turbio

Es por gastos con una tarjeta de crédito corporativa por $ 3,7 millones y US$ 8 mil.

El actual interventor en la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, denunció penalmente este lunes a su antecesor en el cargo en el gobierno de Mauricio Macri, Omar Faruk Zeidan, y otros dos ex funcionarios de la firma administrada por el Estado Nacional por la presunta comisión del delito de peculado a raíz de gastos con tres tarjetas de crédito corporativas por un total de 3,7 millones de pesos y unos 8 mil dólares. Así surge del detalle de los consumos incorporado a la demanda, a la que Juez y Parte tuvo acceso y que quedó radicada por sorteo en el juzgado 9 de los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, a cargo de Luis Rodríguez.

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El juez Castelli y volver a «cuando vinimos de Italia»

La Corte pasó a una subrogante su juicio al Estado por la anulación de su traslado.

Sí, ya sé. El dicho habla de «cuando vinimos de España» y aplica para la inmigración grande del siglo XX, pero resulta que Juan José Castelli era hijo de un italiano y no de un español. Desconocemos si el juez Germán Castelli es descendiente del famoso integrante de la Primera Junta de gobierno del 25 de mayo de 1810. Sospechamos que sí, por las patillas. Pero bien podría valer para él igual el dicho de regresar al lugar desde el que partimos al arrancar la historia. ¿Por qué? La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que su juicio contra el Estado por su traslado de cargo dispuesto por Mauricio Macri y anulado por Alberto Fernández con «desacuerdo» del Senado debe retornar a la primera instancia judicial y ser resuelto por la jueza que no es jueza sino secretaria de Cámara que subroga un juzgado y que ya le había fallado en contra. El mismo problema de siempre y el que ahora está de moda. Subrogancias y traslados. Casi lo mismo. Vacantes y cómo llenarlas. Política y Justicia. Justicia y política.

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