Autor: Juez y Parte

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del médico Carlos Kambourian, que trabaja en las campañas electorales de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, por haber utilizado fondos del Hospital Garraham para gastos personales.

Kambourian -que actualmente trabaja en Pinamar con Martín Yeza- fue presidente del Consejo de Administración del hospital durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora está investigado por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. También fue procesado el exdirector Administrativo del Garrahan, Alan Norton.

En el fallo, los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah sostienen que Kambourian y Norton «utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al Hospital pero en beneficio propio».

La causa se inició con una denuncia del expresidente del Consejo de Administración del Hospital, Guillermo González Prieto, quien advirtió sobre las irregularidades en el manejo de los fondos de su antecesor. Tras una instrucción de la fiscal Alejandra Mangano, el juez federal Luis Rodríguez procesó a Kambourian.

La Justicia acusa a Kambourian de haberse amparado en la figura de los «gastos de representación, gastos operativos de oficina, actividades protocolares y movilidad», para utilizar indebidamente fondos públicos asignados al desenvolvimiento operativo regular del hospital en exclusivo beneficio personal.

La acusación sostiene que entre mayo de 2018 y enero de 2020 los imputados se valieron de tarjetas corporativas Visa emitidas por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para solventar gastos personales.

En un breve recuento de gastos injustificados, el tribunal citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de algún miembro de su familia, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron «torta de invitación».

«Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto», señalaron los jueces.

El médico del PRO salió a defenderse por redes tras la confirmación del procesamiento y buscó arrastrar a Macri. «En el Garrahan había una caja negra: todos los gastos de las autoridades eran en efectivo. Y yo terminé con eso. Me costó muchísimo: violencia física de forma permanente, me rompieron a las patadas las oficinas. El presidente Macri me apoyó, me dijo que vaya hasta las últimas consecuencias», escribió en Twitter.

Empezó con un genérico informe de gestión y luego vinieron las preguntas centradas en el narcotráfico en Rosario, con una agenda que coincide con la de Juntos por el Cambio.

Aníbal Fernández estuvo este jueves en la Cámara de Diputados para responder preguntas. Fue en la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos. El ministro de Seguridad comenzó con una exposición en powerpoint para mostrar resultados de su gestión durante el 2022. Números genéricos, programas con todo tipo de nombres presuntuosos. Luego de un rato empezó el bullicio y la ofuscación de las y los legisladores presentes, que pretendían hacer preguntas sobre lo que está ocurriendo en Rosario con el narcotráfico.

Las y los diputados de Juntos por el Cambio querían protagonismo más que escuchar el informe y los datos que traía Aníbal Fernández. Insistieron entonces con comenzar la ronda de preguntas. Luego de unos pequeños cruces, el ministro cedió.

Las preguntas de la oposición de derecha se concentraron en debatir en la cancha de la agenda del ministro y el presidente Alberto Fernández: la cantidad de fuerzas federales, el presupuesto destinado a seguridad, tasas de homicidios, los cargos de jueces vacantes, si el gobierno anterior tuvo mejores cifras que este.

Lopez Murphy (JxC) se quejó de la medida de enviar al Ejército, pero porque «van desarmados». El presidente Alberto Fernández anunció que la participación del Ejército será para “tareas de urbanización”.

En la vereda de enfrente, el diputado de la izquierda Nicolás del Caño, cuestionó el anuncio desde la experiencia de otros países y el nuestro. Recordó que cuando intervino el Ejército en México y militarizó el país para supuestamente combatir a los narcos el resultado fue peor: 350.000 asesinatos y 72.000 desaparecidos. “¿Cuál es el fundamento para decir que el Ejército no va a ser corrompido por el narcotráfico?” le preguntó a Aníbal Fernández a propósito de casos de gendarmes detenidos por estar vinculados al delito organizado. Agregó: “¿Por qué ahora sería distinto si es la 8° vez desde el 2014 que se envían fuerzas federales y no bajó la criminalidad?”.

El ministro eligió no meterse a responder sobre estos fracasos y experiencias planteados por la izquierda. Fue la manera de coincidir con lo que pedía Juntos por el Cambio: centrar el debate casi exclusivamente en reforzar con más presencia policial y de fuerzas federales. Casi como un slogan electoral que se repite a los dos lados de la grieta, desde Patricia Bullrich hasta Daniel Scioli. Y eso aunque sean las propias fuerzas de seguridad quienes han terminado involucradas en el negocio narco. Hay comisarios y gendarmes presos.

Cristian Ritondo (JxC) le preguntó “¿qué podemos hacer para colaborar en el Congreso?”. Aníbal Fernández aprovechó para pedir por la ley de prevención y control de lavado de activos. La misma que había pedido Sergio Massa para cumplir con recomendaciones de organismos internacionales y el pedido del propio FMI. Se había empezado a debatir su actualización a fines del 2022, pero se trabaron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por la disputa judicial que se agudizó y algunas diferencias sobre la Unidad de Información Financiera.

Aunque es de hace varios años, ya existe una ley de control de lavado de activos, pero no pareciera que se esté utilizando mucho para combatir al narcotráfico. Aníbal Fernández reconoció en varias de sus respuestas que “la cocaína se paga en dólar billete”, así como la necesidad de buscar “la ruta del dinero”. Una frase que quedó vacía cuando tuvo que responder sobre nombres propios.

Fue Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, quien puso sobre la mesa nombres. “En septiembre de 2022 se encontraron 1.300 kg de cocaína en Terminal Puerto Rosario, donde Vicentin es una de las propietarias. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué van a hacer con los 200 puertos privados que hay en esa zona?”. En el mismo sentido denunció: «¿Por qué los puertos siguen siendo privados y no se nacionalizan? Porque esas empresas son las que tienen el poder para que entre y salga cualquier cosa del país”.

El ministro de Seguridad tomó la pregunta para decir una generalidad: “Lo están analizando los especialistas, nuestros investigadores sostienen que es el camino del estupefaciente. Queremos meternos mucho más”.

Es curioso que hayan estado tantos años para sacar una conclusión tan elemental. Del Caño apuntó, además, contra las “inmobiliarias, constructoras, bancos, financieras, el agron”; los negocios legales por donde circula el dinero del narcotráfico.

El diputado santafesino Enrique Estévez (socialismo), sí mencionó los 800 km de Hidrovía y las rutas nacionales que conectan con países fronterizos, pero se concentró sobre todo en los cambios en el sistema judicial de la provincia. Este miércoles avanzaron los acuerdos entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal para dictaminar sobre un proyecto que deje sentada las bases para que Santa Fe avance en la implementación del sistema acusatorio que agilizaría las causas separando las tareas de investigación (fiscales) y sentencia (jueces). Puede ser el tema para una próxima sesión «de consenso» en la Cámara Baja.

Aníbal Fernández se vio obligado a responder sobre la desaparición de Julio Lopez y el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillan, a partir de la intervención de Myriam Bregman. La diputada del PTS-FITU sostuvo: “Seguimos exigiendo justicia por Maxi y Dario y porque hace 16 años nos dijo que Julio Lopez podía estar en la casa de la tía o abajo de un puente. Y no. Sigue desaparecido, ministro”. Romina del Plá, también diputada del FITU, le recordó además su rol como funcionario, cuando la Policía liberó la zona para que actúe una patota matando a Mariano Ferreyra.

Sobre Kosteki y Santillán, el ministro se deslindó, afirmando “yo estaba fuera del país” y “solo leí un parte que escribió otro”. Lo mismo repitió sobre Mariano Ferreyra. Al turno de responder sobre Julio Lopez, miró a Del Caño y le dijo “por lo que dijo su compañerita”, en referencia a Myriam Bregman que había dejado la sala con aviso. El murmullo no tardó, Del Caño le gritó que estaba hablando de la abogada de Julio López, y el ministro tuvo que pedir disculpas y corregirse: “Su compañera”. Pero evitó hablar de sus desafortunados dichos de aquel entonces. Solo se excusó, afirmando que investigaron como siempre.

Myriam Bregman también apuntó a los servicios de inteligencia: “Habló mucho de inteligencia ministro, y hay un órgano de inteligencia, el cuerpo de informaciones de la Policía Federal. Conocidos como Los Plumas. No se les conoce haber descubierto a ningún narco, pero sí mucho espionaje político”. Recordó que el próximo martes comienza el juicio oral por un espía de ese cuerpo, Américo Balbuena.

Fue curiosa la respuesta de Aníbal Fernández: “No existe eso de Los plumas. Eso del espionaje es del siglo XVI, nosotros solo tenemos inteligencia criminal”. Se escuchó la voz de Nicolás del Caño que le recordó el “Proyecto X”, el espionaje de gendarmería sobre la protesta social y organizaciones sociales y sindicales. Una fuerza de seguridad recordada por el “gendarme carancho”. La misma que ahora muchos vuelven a insistir que sería la solución al problema del narcotráfico en Rosario.

El camarista Eduardo Farah, cercano al kirchnerismo, dispuso que la causa donde se investiga al viaje al Lago Escondido de un grupo de jueces, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y exagentes de inteligencia deje de tramitarse en la justicia federal de Bariloche y pase a los tribunales de Comodoro Py, como pretendían los involucrados.

El juez de la sala II de la Cámara Federal porteña hizo lugar a un planteo realizado por el juez del fuero penal económico Pablo Yadarola, uno de los integrantes de la comitiva que se hospedó en la estancia del magnate Joe Lewis.

Ese viaje salió a la luz a partir del hackeo del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo ‘Alessandro. A partir de esa maniobra, se difundieron los chats de un grupo conformado por los viajeros, que comenzaron a diseñar estrategias para ocultar que les habían pagado el viaje y el hospedaje, lo que podía configurar el delito de dádivas.

La causa había recaído inicialmente en la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, que en principio no movió el expediente, pero a partir de la filtración de los chats empezó a profundizar la investigación y en diciembre imputó a los participantes del viaje.

Pero ahora los involucrados en el viaje a Lago Escondido, que temían ser llamados a indagatoria en Bariloche, lograron que el expediente pase a Comodoro Py, donde la mayoría de los integrantes del grupo conocido como «Los Huemules» tiene gran influencia. Pero además en los tribunales de Retiro ya hay un antecedente muy fuerte en contra de promover una causa basada en pruebas obtenidas mediante espionaje ilegal, en la denuncia derivada de los chats de D’Alessandro y el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles.

Lo paradójico es que el beneficio lo terminó concediendo un juez como Farah que supo ser muy cercano al kircherismo y que durante el gobierno de Mauricio Macri terminó pidiendo el traslado de su cargo de camarista a un tribunal de primera instancia, denunciando presiones del Gobierno. Farah era apuntado por el macrismo por haber firmado la liberación de Cristóbal López. Recién en diciembre de 2020 y a partir de un fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de jueces, Farah pidió su regreso a la Cámara.

Farah justificó su decisión afirmando que «todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito» de la Ciudad de Buenos Aires, como también «todos los asuntos que, conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante» en la capital. «Si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí», agregó. 

El camarista aseguró que «a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado», en línea con lo que había sostenido el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe. «En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio», sostuvo Agüero Iturbe.

Además de los mencionados Yadarola y D’Alessandro, en el viaje también estuvieron los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el publicista Tomás Reinke.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron el pedido de juicio político que el presidente Alberto Fernández impulsa contra los jueces de la Corte Suprema. Consideraron que no se cumplen los requisitos constitucionales para avanzar contra los ministros del alto tribunal y que la iniciativa es un hecho de gravedad institucional que atenta contra la independencia judicial.

Las dos asociaciones destacaron que el Gobierno busca destituir a los ministros de la Corte por su disconformidad con el contenido de los fallos que dictaron y por las supuestas comunicaciones -no verificadas, coinciden- entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte.

El Colegio Público, presidido por Ricardo Gil Lavedra, dio a conocer un comunicado en el que manifestó su “profunda alarma por el deterioro institucional” que implica este pedido del Presidente y un grupo de gobernadores, y afirmó que la propuesta “no cumple con la Constitución”.

“La manera en que los jueces deciden los casos que se les llevan -afirmó el comunicado- nunca puede ser motivo de mal desempeño para apartarlos de su cargo, pues si así fuera estarían siempre condicionados en la interpretación y aplicación del derecho, para tratar de agradar a quien tiene la potestad de removerlos.”

“Es lisa y llanamente inadmisible sostener el pedido de remoción en la discrepancia acerca de la interpretación de normas de la Constitución Nacional, pues precisamente la Corte Suprema es el único y exclusivo órgano al que le compete esa función”, afirmó el documento del Colegio Público. Y sostuvo: “Además, la total ausencia del indispensable consenso político resta toda seriedad a la iniciativa que parece perseguir un propósito censurable, exponer públicamente a los miembros de la Corte al trámite de investigación de la Comisión, lo que traerá aparejado un innecesario desgaste institucional y socavará la independencia de los jueces”.

El Colegio de la Ciudad, en paralelo, exhortó al Congreso de la Nación a rechazar el planteo del Presidente y sostuvo: “El juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar la función pública debido a faltas graves, debidamente comprobadas y en la medida en que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, o crímenes comunes, en el marco del art. 53 de la Constitución Nacional. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es menoscabada cuando las autoridades del gobierno de turno promueven la remoción de jueces, al margen de las causales que lo habilitan, porque no comparten las decisiones que ellos toman en el marco de casos concretos”.

En su comunicado, el Colegio de la Ciudad recordó su intervención en otro caso que resolvió la Corte el año pasado. En esa línea, argumentó: “Para comprobar que estamos ante una nueva agresión a la independencia de la rama judicial es suficiente advertir que no se invoca ninguna de las causales mencionadas por el citado art. 53. Por el contrario, una de las principales causas de remoción que se esgrime para fundamentar el pedido de remoción de los jueces de la Corte Suprema es el haber dictado sentencia en la causa ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento’ (Fallos: 344:3636). Dicha decisión, adoptada en una causa iniciada por este Colegio en el año 2006, es ajustada a derecho, y es compatible con sentencias anteriores pronunciadas en casos análogos por la propia Corte Suprema y por otros de tribunales extranjeros de diversos países del mundo, especialmente de los Estados Unidos”.

“Pretender que los jueces sean removidos por dictar un fallo justo porque el Gobierno lo considera inconveniente es incompatible con el Estado de Derecho y constituye una afrenta directa a nuestro sistema constitucional. Además, es una muestra de una clara vocación autoritaria en la medida en que se busca conmover la estabilidad de jueces que se limitaron a cumplir su deber, al hacer respetar la Constitución que había sido violada por la ley 26.080. En idéntico sentido, la pretensión de remover a los jueces de la Corte Suprema por el dictado de una medida cautelar en el marco de la causa iniciada por el gobierno de la CABA constituye un despropósito institucional que, una vez más, violenta la división de poderes y la independencia de la judicatura. Esa medida cautelar fue recurrida a instancias del Presidente de la Nación y la revocatoria presentada, junto con la recusación de los cuatro ministros de la Corte, se encuentra en pleno trámite. En ese contexto, la presentación de un pedido de juicio político, mientras se encuentra pendiente el tratamiento de un recurso contra la medida, es un intento de presión grave y directa sobre los jueces. Se trata de una maniobra condenable ya que es impropia de un Estado de Derecho e implica un verdadero alzamiento contra un poder creado por la Constitución Nacional”, continuó.

Finalmente, instó a los gobernadores a dar marcha atrás con el respaldo al Poder Ejecutivo en este pedido para remover al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Resulta también preocupante que se intente remover al Presidente de la Corte Suprema, quien además es Presidente del Consejo de la Magistratura, por supuestos intercambios de mensajes de un colaborador suyo, que no lo involucran directa y personalmente al Ministro y que, por otro lado, son actualmente objeto de investigaciones en sede penal. Hechos de esa naturaleza, utilizados livianamente sin aguardar los resultados de la investigación en curso, se erigen en un nuevo atropello a las instituciones de la república. La independencia del Poder Judicial, y en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de ese poder del gobierno federal, resulta imprescindible para respetar la vigencia de la estructura institucional que impone la Constitución Nacional, así como para proteger los derechos, garantías y libertades que corresponden a todos los habitantes de la República Argentina. Sería edificante que el Presidente y los gobernadores que con él firman la solicitud de juicio político depongan sus ataques a la Justicia y demuestren a la sociedad que ellos también están sometidos al imperio de la ley y acatan sin restricciones las decisiones judiciales”.

Juez y Parte 22-12-2022

Juez y Parte 17-11-2022

Juez y Parte 27-10-2022

El Diputado Nacional Jorge Enríquez pide la remoción de la diputada Fernanda Vallejos y la derogación de la ley previsional vigente. He presentado un proyecto de exclusión de la Cámara de Diputados de la diputada Fernanda Vallejos, por inhabilidad moral sobreviniente en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional. Las palabras pronunciadas por esa legisladora en unos audios que tomaron estado público son de una gravedad inusitada, no sólo por su lenguaje soez, impropio de quien ejerce una función pública relevante, sino por el grado de cinismo que exhiben al revelar que sus discursos públicos de defensa del gobierno eran opuestos a lo que verdaderamente pensaba y por la inmoralidad de reconocer que votó una ley previsional a sabiendas de que perjudicaba enormemente a los jubilados. No hacía falta que ella lo dijera para saber que así es, pero ante ese reconocimiento infame he presentado junto a los diputados Juez, Ritondo, Wolff; entre otros, un proyecto de derogación de la actual fórmula de movilidad y el restablecimiento de la anterior, notoriamente más favorable a los beneficiarios previsionales. La permanencia de Vallejos en la Cámara de Diputados sería un escándalo que afectaría la credibilidad del Poder Legislativo y socavaría todavía más la confianza pública en las instituciones. También lo es la permanencia de una norma previsional deliberadamente destinada a hambrear a los jubilados.

No tenemos la estadística, pero sí una respuesta muy probablemente efectiva ante la pregunta: ¿Quién no usa celular o internet en este 2020? Casi nadie, salvo niños muy niños o ancianos muy ancianos. Bueno, la Justicia depende de su sistema informático como nosotros de nuestras computadoras y celulares y resulta que éste estuvo caído durante una semana. Fue el tema insoslayable en Tribunales y todavía no se conocen las consecuencias del problema parcialmente solucionado este miércoles. Casi todo hoy día se maneja digitalmente y si el sistema falla, tragedia.

El asunto no alcanza sólo al gremio, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que fue el que primero tiró la piedra en defensa de sus afiliados que debían trabajar mal y de más, sino a todos los actores del sistema, como los abogados que hace varios años ya se notifican de las decisiones judiciales obligatoriamente vía digital y no papel, y hasta los molestos periodistas que seguimos causas judiciales a través del sistema de información pública que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace más de una década.

Todas las fuentes consultadas por este cronista en el Consejo de la Magistratura respondieron con tono de culpa, como asumiendo el papelón. La institución es poco conocida pero muy importante, ya se ha dicho en esta columna. Administra el Poder Judicial de la Nación y, además de seleccionar y sancionar a los jueces, es la responsable de su sistema informático. Según lo que pudo recabar este periodista, que de informática sabe poco y nada, se cayeron cinco de los siete servidores ubicados en un edificio existente frente a Plaza Lavalle.

Ello alcanzó para que no funcionaran debidamente las páginas del Poder Judicial (www.pjn.gov.ar) y del Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar). La primera de ellas es la más importante para los abogados, porque a través de ella hacen sus trámites digitales para el seguimiento de las causas en las que trabajan. La segunda tiene que ver con la transparencia de información pública de un poder público que históricamente trabajó a oscuras de la sociedad y dentro de cuatro paredes. Allí se pueden consultar las sentencias. Aún hay jueces que se niegan a difundirlas a todo el público sino sólo a las partes del proceso.

Lo que destapó la olla fue la queja del sindicato liderado por Julio Piumato, que denunció públicamente los problemas que la caída del sistema interno, llamado Lex100, generó en los trabajadores judiciales aún en funciones durante la feria veraniega de enero. “La situación actual es de extrema gravedad, no sólo porque la República Argentina se encuentra virtualmente imposibilitada de impartir justicia normalmente, sino que también, porque gran parte de la actividad judicial de los juzgados de turno se ve postergada para el momento de restablecimiento del servicio, algo que cada día parece más lejano”, dijo la UEJN el lunes en una presentación ante el Consejo de la Magistratura.

Luego se sumaron los planteos al presidente del cuerpo, el juez Ricardo Recondo, formulados por los también consejeros Graciela Camaño (diputada) y Alberto Lugones (juez y posible próximo presidente del organismo, ya informado en este sitio). Ni hablar de las quejas por las redes sociales de toda laya y color. Hubo quienes pidieron la extensión de la feria de enero hasta los que vieron una maniobra deliberada para beneficiar a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner en las varias causas judiciales que tiene sobre su mochila. Es decir, un sabotaje.

No es muy difícil recordar que el sistema de sorteos de causas en la Cámara Federal se cayó justo cuando se debía determinar a qué juzgado iría la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Todo es posible en la Argentina, pero al parecer en este caso se habría tratado de un problema de desidia e incompetencia. Típico argentino.

Con consejeros de vacaciones y firmando por mail, el organismo aprobó una nueva contratación con la empresa Hewlett Packard que implicará unos 170 mil dólares, según dijeron fuentes del Consejo. Al parecer, un servidor de la empresa Oracle que existía desde junio fue puesto en funciones para salvar las papas y el sistema volvió casi a la normalidad el miércoles 29, exactamente una semana después de su caída. Pero falta ahora que llegue un repuesto desde los Estados Unidos. “Una plaqueta”, dijo una fuente del Consejo.

La noticia dura y novedosa es que se abrió un sumario para determinar responsabilidades por la monumental y preocupante falla. Seguramente termine en la nada. Lo curioso es que el episodio se dio mientras el Consejo no renovó autoridades, como usualmente hace a fin de año. Quizás lo haga en una o dos semanas, luego que asuman sus cargos los senadores oficialistas Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, tal como se informó desde este espacio antes de fin de año en el marco de los repartos de poder en la coalición gobernante.

El otro dato, según fuentes judiciales, es que hubo permanente coordinación entre Recondo y el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, pero ello lleva a pensar que se trata de un remanido terreno pantanoso: el de la delimitación de las competencias institucionales de la Corte y del Consejo de la Magistratura, el organismo creado en la reforma constitucional de 1994, puesto en marcha cinco años después por las peleas políticas sobre su integración y reformado durante el kirchnerismo. Por ello se habla desde entonces del Poder Judicial como del “poder bifronte”.

Desde Brasil nos cuenta el Dr Germán Segré la situacion de Lula Da Silva ante la justicia.

Esto nos decía en nuestro programa por Fm Cultura 97.9

https://ar.radiocut.fm/audiocut/german-segre-con-luciofdezhumore/

FERNANDO CHINO NAVARRO. Militante del Movimiento Evita.»La democracia debería estar más vinculada a las necesidades de la gente».

Declaraciones en nuestro programa por Fm Cultura 97.9:

https://radiocut.fm/audiocut/chino-navarrook-con-luciofdezhumore/

El Banco Ciudad inaugura una nueva sucursal en la zona de Floresta y Vélez Sarsfield, sobre Av. Rivadavia al 8789, esquina Carrasco – CABA (*). Esta nueva posición se suma a las recientes inauguraciones de sucursales que viene realizando la entidad en el marco de un plan de crecimiento y expansión, tanto en el Área Metropolitana Buenos Aires como hacia el interior del país.

Luego de las aperturas de nuevos locales en el predio del ex Elefante Blanco en Villa Lugano a fines de octubre y en la esquina de Avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini en los primeros días de noviembre, el Banco Ciudad amplía ahora sus servicios en la Comuna 10, llegando a la zona de Floresta y Vélez Sarsfield, en una ubicación en pleno centro comercial sobre la avenida Rivadavia, por donde transitan numerosos medios de transporte que comunican la Ciudad con toda la zona oeste.

Al respecto, Javier Ortiz Batalla, presidente del BCBA, manifestó que: “avanzamos en paralelo con la expansión territorial y con la innovación tecnológica para brindar servicios y productos en forma ágil de manera digital, y también con atención personalizada a través de nuestra red de sucursales, que está sumando presencia y mayor cercanía con los vecinos de los distintos barrios de la Ciudad. Hace unos días inauguramos una sucursal donde estaba ubicado el demolido “Elefante Blanco” en Lugano, que ha sido motivo de mucho orgullo, y hoy también por primera vez llegamos a Floresta y Vélez Sarsfield”.

Recorrieron las instalaciones de la nueva sede el vicepresidente de la entidad, Fernando Elías, junto a miembros del Directorio y otras autoridades del banco.

Con una inversión de más de $32 millones, la nueva sucursal se desarrolla en una superficie de unos 700 m2 destinados a la atención, mediante un lobby con cajeros automáticos y terminales de autoservicio, y con la disposición de una plataforma con seis puestos de atención personalizada para gestiones comerciales. Los clientes podrán acceder a toda la amplia gama de productos y servicios del Banco, desde la apertura de cajas de ahorro y cuentas corrientes; tarjetas de crédito y débito; seguros e inversiones; así como con las distintas líneas de financiamiento con las condiciones más accesibles del mercado, en cuanto a requisitos, tasas y plazos.

La nueva sucursal busca ampliar los canales presenciales de atención, sumando una posición en una zona altamente comercial. Es por ello que entre los productos que ofrece el Banco Ciudad para el desarrollo de la actividad económica, se destaca una propuesta integral para los comercios que incluye la apertura de una Cuenta Corrientecon mantenimiento bonificado por 30 meses, el otorgamiento de una Terminal Posnet bonificada por 12 meses y la posibilidad de realizar las ventas en 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de la entidad. Asimismo, para los primeros 600 nuevos clientes, se ofrece un Paquete Bienvenida con amplios beneficios. Las primeras 500 familias e individuos que se acerquen a esta nueva sucursal, podrán contratar Caja de Ahorro en Pesos y Dólares, y Tarjetas de Crédito totalmente bonificadas, así como acceder a préstamos a tasas muy competitivas. A su vez, las primeras 100 empresas también podrán acceder a Cuenta Corriente y Tarjeta de Crédito Corporativa bonificadas. A su vez, están disponibles todas las líneas de financiamiento para empresas y familias, así como los productos específicos para los consorcios de propiedad horizontal.

Esta nueva inauguración se enmarca en el proceso de expansión territorial del Banco Ciudad a nivel nacional. La entidad ya cuenta con 100 puestos de atención distribuidos en CABA, Gran Buenos Aires, y también en el interior del país en la ciudades de Río Cuarto, Córdoba Capital, Mendoza, Tucumán, Salta y próximamente Neuquén.

PLAN DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE SUCURSALES
El Banco Ciudad ha alcanzado, a la fecha, 100 puestos de atención, y ha llegado a Río Cuarto, Córdoba Capital, Mendoza, Tucumán, Salta y próximamente Neuquén. En 2016, el BCBA reinauguró su icónica Casa Matriz de Florida y Sarmiento, a 50 años de su inauguración. Asimismo la entidad ofrece a sus clientes tres espacios digitales ubicados en su Casa Matriz -Florida 302-, en la sucursal frente al Obelisco -Carlos Pellegrini 471- y en la sucursal de Nuñez -Av. Cabildo 3061-, con el objetivo de brindar servicios bancarios y financieros en un horario de atención extendido, en pos de acortar la brecha entre los clientes digitales y los puramente presenciales, ayudando y asistiendo a estos últimos, a través de asistentes comerciales con horario extendido, en el uso de las distintas herramientas digitales.

Escucha a PAOLA GARCÍA REY. Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina:

https://radiocut.fm/audiocut/paola-garcia-rey-directora-adjunta-amnistiaar-con-luciofdezhumore/

Este miércoles, en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó una nueva reunión del Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación, organizado por la Secretaría de Planificación del Consejo, a cargo de Mariano Heller. La actividad contó con la presencia de los jueces del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Pablo Casas y María Julia Correa, la Secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, Gisela Candarle, la titular de la Oficina de Estadísticas del Consejo, Valeria Quiroga y la responsable del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, Jessica Malegarie y el Presidente del Centro de Planificación Estratégica, Carlos Mas Velez, entre otros.

El Secretario de Planificación, Mariano Heller, encabezó el encuentro destacando la consolidación de este espacio donde se debaten diferentes cuestiones vinculadas a la comunicación, la transparencia, el acceso a la información y la innovación judicial, entre otras. En esta ocasión, se intercambiaron ideas sobre los límites y alcances entre el derecho a la información y la protección de los datos personales.

La apertura del evento estuvo a cargo de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg de Roca, quien ofició de anfitriona y destacó la realización de este encuentro. Asimismo, Weinberg agradeció que se haya escogido la Sala de Audiencias del Tribunal para la realización del encuentro y recalcó la labor de la Secretaria de Asuntos Originarios del TSJ y disertante del evento, Alejandra Tadei, “por su voluntad de participar en áreas y temas en los que muchos prefieren no involucrarse”. El panel estuvo moderado por la responsable de acceso a la información pública del TSJ, Paula Rómulo.

El Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni, comenzó su ponencia destacando que “desde la Agencia se generan resoluciones de criterios interpretativos para evaluar el interés público”. Y agregó: “Una de las excepciones más complejas en materia de acceso a la información pública es justamente cuando están involucrados cuestiones vinculadas a los datos personales”.

Por su parte, la especialista en protección de datos y docente de la Universidad de Palermo, Johanna Faliero destacó que “los principios de acceso a la información y protección de datos personales se han visto enfrentadas por los principios subyacentes que inspiran ambas”. Y agregó: “Hay modos de conciliarlas a través de técnicas de aplicación que propendan a la protección y la tutela última de los derechos”. En otro sentido, Faliero describió algunas cuestiones sobre los peligros de la aldea digital como la pérdida de la guarda física de datos. “Es imposible que en el mar de datos que manejamos podamos traer ese dato y, frente a esta imposibilidad fáctica, lo único que podemos hacer es ceñirnos y enaltecer ciertos principios modernos como la proactividad, prevención y precaución” recalcó. Y concluyó: “De esta manera conjugamos estos principios con otros dos principios modernos de la protección de datos que son el de la privacidad por diseño y por defecto”.

En esa misma sintonía se expresó el titular a cargo del Observatorio de Derechos en Internet del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Javier Raimo, quien profundizó sobre el concepto de los datos personales haciendo énfasis en los datos sensibles. “El pilar esencial de los datos personales es el consentimiento y, para que un dato sea de calidad, el mismo debe ser cierto, adecuado y pertinente” recalcó. Y agregó: “Cuando hablamos de un dato o documento que está vinculado con algún fallo judicial entendemos que es un dato sensible que requiere de un mayor cuidado”.

Asimismo, la Subcoordinadora Operativa del Centro de Protección de Datos Personales de la Ciudad de la Defensoría del Pueblo, María Julia Giorgelli recordó que la Defensoría recibe constantemente casos que llegan a través de denuncias concretas de vecinos. “Por lo general nos llegan casos de vecinos que se presentan en nuestra oficina y nos dicen que su privacidad ha sido vulnerada” dijo y destacó que «todos los casos suelen ser por personas que han buscado sus nombres en los buscadores de Internet, en especial Google, y se han visto perjudicados por lo que allí aparece». «No hay una ley que regule la cuestión de Internet que los intermediarios tienen una cultura muy fuerte en que el generador del contenido es el responsable y quien tiene que bajarla” sostuvo. Frente a ello, aclaró: “Nosotros tomamos dos vías: en primer lugar vamos contra el responsable del contenido y también hemos tomado contacto con los abogados de Google, que suele ser el principal buscador donde las personas caen”.

Previo al intercambio de preguntas y respuestas entre los presentes y los disertantes, el cierre de la actividad estuvo a cargo la Secretaria en Asuntos Originarios del Tribunal Superior, Alejandra Tadei. “Existe una gran tensión entre los derechos a la privacidad y un principio que es muy importante de la ciudad que es la publicidad de los actos de gobierno” reflexionó Tadei, quien remarcó que en la Constitución de la Ciudad “se le brinda una enorme trascendencia a este concepto, por algo lo mencionan en el articulo 1° del texto”.

El quinto encuentro se realizó dentro del marco de los Laboratorios de Justicia Abierta e Innovación que se vienen realizando desde el mes de marzo. Anteriormente, se había presentado el #JusLab y se realizaron diferentes encuentros sobre datos abiertos, nuevas experiencias y los paradigmas de la comunicación.

Fuente: Consejo Magistratura CABA

El Instituto PyME del Banco Ciudad presento una conferencia a cargo del reconocido economista Luis Secco (Director de Perspectivas Económicas), en el marco del ciclo de encuentros sobre coyuntura económica que lleva adelante la entidad desde hace años, enfocado a empresarios y ejecutivos de empresas. La actividad se llevo a cabo en la Sala Chopitea de la Exposición Rural.

El Banco Ciudad estuvo presente en la 85va Exposición Rural de Río Cuarto, acompañando a la agroindustria y acercando toda su oferta de productos y servicios diseñados especialmente para al sector. El Ciudad cuenta con un stand en la Feria y con la presencia de sus equipos de atención a Pymes y grandes empresas, que recorren la muestra llevando una cartera crediticia donde se destacan líneas para Capital de Trabajo, Bienes de Capital, la asistencia a la cadena de pagos y los descuentos de cheques, así como los créditos para exportación y para proyectos de energías renovables. El financiamiento del Ciudad se distingue por la accesibilidad de sus tasas (4% fija para Financiamiento a Exportadores, y 42% fija para Bienes de Capital y Capital de Trabajo), los plazos extendidos y la agilidad de otorgamiento.

El Banco Ciudad tiene presencia en Río Cuarto desde el año 2016, con una moderna sucursal ubicada en la calle Alvear 765-769.

JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA JÓVENES EN CÓRDOBA

El Banco Ciudad, conjuntamente con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y con el apoyo del Ministerio de Educación de Córdoba, se encuentra desarrollando talleres de educación financiera orientados a jóvenes de entre 14 y 24 años, que comenzaron ayer y continúan en la jornada de hoy. Esta actividad se lleva a cabo en Casa del Futuro (ubicada frente a la Plaza de la Intendencia – calles Duarte Quirós y Simón Bolívar -), un espacio que gestionan INJUVE (Instituto Nacional de Juventud) y la Municipalidad de Córdoba.

Durante el primer taller, participaron más de 80 estudiantes de diferentes escuelas secundarias, convocados por la Municipalidad y el Ministerio de Educación de Córdoba; quienes promueven iniciativas en pos de una mayor bancarización de los jóvenes en la Provincia.

Esta actividad, abierta a todos los jóvenes que deseen participar, se encuentra a cargo de los equipos interdisciplinarios del Banco Central y el Banco Ciudad. Además, para las prácticas, cuenta con un Cajero Escuela Móvil del Banco Ciudad, que permite de forma didáctica y dinámica, aprender el uso de todas las herramientas y opciones vinculadas a los canales electrónicos, por donde, cada vez más, se realizan las operaciones del sistema financiero.

El Banco Central lidera distintas acciones y políticas de inclusión financiera y bancarización de las personas y de la actividades económicas. Este año se dio un paso importante en cuanto a la bancarización, al permitirles a los jóvenes de entre 13 y 17 años la apertura de una caja de ahorro en forma totalmente gratuita y sin la intervención de sus representantes legales. De esta manera, los menores de edad conocerán y tendrán acceso a distintos servicios y operaciones bancarias y financieras básicas como extracciones, depósitos, transferencias y compras por medios electrónicos de pago, a la vez que aprenden a ahorrar mediante la constitución de plazos fijos o la utilización de las promociones bancarias en los pagos con tarjetas de débito asociada a la cuenta.  El Banco Ciudad es la primera entidad en abrir este tipo de cuentas, y, a la fecha, desde el lanzamiento, han abierto su primera caja de ahorros en el Banco Ciudad más de 600 menores.

El Banco Ciudad, como entidad pública y en su rol de Banca Social, impulsa programas de inclusión financiera abordando esta temática desde tres dimensiones: educación financiera, bancarización y asistencia crediticia a microemprendedores, y lo hace con especial foco en los jóvenes, los adultos mayores y en los barrios o zonas vulnerables. Para esta tarea, el Banco dispone de equipos interdisciplinarios, tecnología y propuestas de formación a través de convenios con distintas universidades, ONGs y organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas. Asismismo, desde 2013 cuenta con una compañía de microfinanzas denominada , “Ciudad Microempresas”, que asiste a pequeños  emprendendores, brindándoles acceso al sistema financiero, créditos accesibles y herramientas de capacitación gratuita para colaborar con el crecimiento de sus actividades y el desarrollo del ecosistema emprendedor de las comunidades que integran.  En la actualidad, Ciudad Microempresas financia a más de 7.500 microemprendedores y tiene una cartera de $ 352.868.468. Entre las acciones de inclusión financiera se destacan la apertura de más de 6000 cuentas para Feriantes, Familias en situación de calle, y Jóvenes; a través de más de 70 jornadas de capacitación para este universo, y más de 300 talleres realizados en lo que va de 2019.