Un juez ordenó a la organización del torneo y a la AAT congelarle cualquier pago.
El juez nacional en lo Comercial Alberto Alemán ordenó a la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y la empresa Tennium abstenerse de pagar el premio que le corresponde al tenista profesional Juan Martín Del Potro en lo que se supone fue su partido despedida de este martes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC). El embargo fue pedido por uno de los acreedores de la empresa creada por su fallecido padre apenas se supo de su fugaz regreso a las canchas la semana pasada. Le reclaman dos cheques impagos de medio millón de pesos cada uno. El premio por perder en la primera ronda del certamen, como sucedió con Del Potro, derrotado por Federico Delbonis, es de 6.460 dólares. El asunto es que Del Potro tiene por lo menos otros cuatro juicios que en total suman una deuda de casi 120 millones de pesos, según pudo saber Juez y Parte de fuentes judiciales.
La orden judicial está dirigida a la entidad rectora del tenis local, la AAT, aunque ella tenga poca o nula injerencia en el asunto, pero principalmente a la empresa organizadora del Argentina Open 2022, el torneo que se disputa en el BALTC y con Del Potro promocionado a último momento como su principal participante. La empresa se llama Tennium Argentina, filial de una firma con sede en España y organizadora de otro torneo del circuito anual de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), el campeonato europeo de Amberes, Bélgica. Los premios de los tenistas profesionales se pagan en Ponte Vedra Beach, Florida, Estados Unidos, sede de la ATP, y se remiten a las cuentas bancarias que ellos hayan declarado ante la entidad. Un ex tenista argentino de primer nivel admitió a Juez y Parte que difícilmente los jugadores declaren una cuenta local.
El juez Alemán ordenó el embargo «sobre las sumas que perciba en cualquier concepto el codemandado Juan Martín del Potro» hasta cubrir una suma superior al 1,1 millón de pesos reclamados por la firma Integra Pymes SGR en el marco del juicio ejecutivo iniciado contra la empresa Agroganadera Reconquista S.A. creada por Daniel Del Potro y en la que también figuran su hijo tenista y su madre, Elisabet Patricia Lucas, presente el martes en lo que pareció ser el partido despedida de su hijo. Lucas nunca había acompañado a su hijo en los cientos de torneos que jugó a lo largo de su carrera profesional y jamás había salido en TV.
De acuerdo con fuentes judiciales, la familia Del Potro ya tenía embargadas cuentas bancarias en este mismo expediente y afronta al menos otros cuatro juicios similares iniciados por las firmas Garantizar SGR, Acindar Pymes SGR y Campos y Ganados SA. Las SGR son sociedades de garantía recíproca y en el caso de Integra se trata de dos cheques de pago diferido por $500.000 cada uno que la firma del padre del tenista no afrontó y por los que ella tuvo que hacerse cargo. Los otros juicios son por $1,5 millón, $27,5 millones, $82 millones y $6,4 millones.
El tenista, que podría haber llegado a ser el número 1 del ranking mundial de no haber sufrido las lesiones y operaciones que ahora lo alejarán definitivamente de las canchas de tenis, había dicho el fin de semana que esta reaparición más que un regreso era una despedida y que también jugaría la semana próxima el ATP500 de Río de Janeiro, un torneo al que fue invitado y con el doble de premios que el de Buenos Aires. También se habla de un documental de próxima aparición a través de la plataforma Star+.
Más allá de las lágrimas derramadas en la cancha y el imborrable recuerdo y huella que deja en los aficionados al tenis y el deporte en general, el regreso de Del Potro, más que un nuevo y autodeclarado fútil intento por regresar a los primeros puestos del ranking mundial parece un desesperado manotazo por recomponer las finanzas desajustadas por su padre. De acuerdo con la página de la ATP, la llamada «Torre de Tandil» ganó en premios más de 25 millones de dólares. Según programas de chimentos de la TV local y dudosas fuentes, le quedarían «apenas» 3 millones de dólares. Los papeles judiciales parecen desmentir ello. La deuda, al menos la judicializada, es de casi 120 millones de pesos, es decir alrededor de un millón de dólares al valor oficial de esta divisa.
