La ex ministra de Seguridad y titular del PRO denunció el asunto en Comodoro Py.
La ex ministra de Seguridad, ex diputada nacional y actual presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO) Patricia Bullrich denunció hoy penalmente en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py la aparición de unos carteles callejeros que incluyen su imagen y en los que figura con el uniforme de la Gestapo, la Policía del régimen de la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler, junto con el ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas.
El cartel, que habla de «la gestapro» como «la policía secreta que tiene el PRO», obviamente alude a la causa penal abierta en La Plata en diciembre pasado por los dichos de Villegas en el marco de una reunión grabada por servicios de inteligencia casi cinco años atrás y en la que dijo: «Si yo pudiera tener una Gestapo, lo haría», en alusión a la Policía nazi y en el marco del combate a las mafias sindicales.
La denuncia quedó radicada por sorteo en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, quien delegó su instrucción en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán, según dijeron fuentes judiciales. Consultada por Juez y Parte, Bullrich se excusó de brindar mayores detalles de la misma para evitar entorpecer la investigación pero dijo que apunta hacia quien haya diseñado, armado, imprimido y pegado los carteles en diversas calles y avenidas de la ciudad de Buenos Aires.
La ley 23.592 citada en el rubro «delitos» de la información publicada este miércoles sobre esta denuncia por el Centro de Información Judicial (CIJ) es la antidiscriminatoria, que en su artículo 3 allí aludido dice que «serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma» y que «en igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas».
Bullrich también imputó a quienes la Justicia determine como responsables de los carteles por «instigación a cometer delito» e «incitación a la violencia colectiva». Así como la grabación que involucra a Villegas, empresarios y otros ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) salió de este último organismo no sería extraño que en el futuro se descubra que estos afiches salieron de esa misma institución. En Juez y Parte no somos amantes de estas causas nacidas en las «cloacas» pero lamentablemente es lo que hay hoy día en nuestros tribunales.
A propósito de los afiches anónimos, la filmación clandestina y la utilización de la palabra o sigla Gestapo en boca de todos, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) salió públicamente esta semana a pedir terminar con la «banalización» del Holocausto sufrido por el pueblo judío durante la Alemania nazi encabezada por Hitler. También influyó en su llamamiento los dichos del músico Patricio Fontanet, condenado por la tristemente célebre Masacre de Cromañón, quien dijo que el diputado nacional Javier Milei «tiene cara de nazi».
«La utilización política del holocausto y su banalización deben finalizar. El ataque al diputado Milei donde se lo tildó de tener cara de nazi y la aparición de afiches callejeros con apelaciones a la gestapro son símbolos de una descomposición social inaceptable y de la malversación de la historia. Exigimos a las autoridades medidas ejemplares para terminar con este tipo de sucesos», dijo la entidad a través de su cuenta de Twitter.
La llamada «causa de la Gestapo» está en manos del juez federal platense Ernesto Kreplak, quien habilitó su tribunal para trabajar en el caso durante la feria judicial de enero -pese a tratarse de un hecho ocurrido en junio de 2017, casi cinco años atrás- y ordenó diversas medidas de prueba en torno a la gestión de Vidal en la gobernación bonaerense. Algunos de los imputados cuestionaron su competencia para investigar el asunto si es que la reunión ocurrió en las oficinas porteñas del Banco Provincia.