Dos juicios, dos sistemas y ¿un mismo hecho?

Una de cal y otra de arena. Después de las críticas de las últimas semanas y meses por la ¿(in)actividad? judicial durante la pandemia del coronavirus Covid-19 y las miles de especulaciones políticas tejidas en medios y redes sociales, las dos principales causas en etapa de juicio que tienen como eje al presunto testaferro de la familia Kirchner, el «empresario» Lázaro Báez, tuvieron este martes su regreso al ruedo pero de manera dispar. Uno subió un escalón, otro sigue en el descanso y Báez todavía no logra salir de la cárcel que es su hogar hace cuatro años y tres meses.

Después de tres pruebas -dos fallidas y la última relativamente satisfactoria para lo que hay- el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) reanudó el juicio por la llamada «ruta del dinero K». La Oficina Anticorrupción (OA) pudo completar el alegato que había quedado trunco en marzo y, contra especulaciones contrarias alimentadas por opositores al Gobierno, sus abogadas pidieron una pena de ocho años y medio de prisión para Báez y condenas menores para sus hijos, entre otros. Había quienes aseguraban que el cambio de gobierno incluiría la postura en el juicio del organismo ahora conducido por el fiscal Félix Crous. Pero no.

Casi en continuado -en rigor ambos encuentros virtuales se superpusieron por un rato- el TOCF2 hizo su primera prueba para determinar si se puede reanudar de manera segura el juicio de la causa conocida como «Vialidad» y que además de Báez tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este caso el sistema no funcionó de la mejor manera y el reinicio de este debate sigue sin fecha cierta de concreción.

«Salvo algunos problemas al principio después se pudo terminar sin problemas con el alegato previsto», dijo una fuente sobre el juicio más avanzado de los dos. «Regular», dijo otra fuente que participó del ensayo en la causa Vialidad. El primero se hizo con el sistema Zoom y se pudo seguir por la plataforma youtube por iniciativa del tribunal. El segundo se intentó hacer por Jitsi-Meet, el sistema recomendado por el Consejo de la Magistratura pero que ya había demostrado ineficiencia en el otro caso.

Curiosidad o no del destino, el lento regreso de estos juicios a la actividad fue al día siguiente que la Corte Suprema dispusiera el levantamiento de la feria judicial extraordinaria impuesta en marzo para los tribunales federales y nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires, aunque con las restricciones sanitarias aún recomendadas por las autoridades del área a raíz de la pandemia.

Pese al avance visto el árbol, el pronóstico no es alentador visto el bosque. El juicio por la ruta del dinero K, que antes de la pandemia se preveía ya finalizado para esta época del año, aún debe celebrar los alegatos de la fiscalía -que expondrá durante tres jornadas, es decir esta semana y la siguiente- y de las 27 defensas. Si se cuentan las réplicas y dúplicas a los alegatos previstas para todas las partes en esta etapa, como en cualquier juicio oral, éste es virtualmente imposible que tenga veredicto antes de fin de año a razón de dos audiencias por semana.

Ni hablar del caso Vialidad, que comenzó hace casi un año y medio pero todavía no escuchó a una decena de testigos cuando hay previstos alrededor de 160. El final en este caso se extenderá quizás con suerte hasta finales de 2021. El otro juicio en curso por presuntos actos de corrupción ligados al kirchnerismo, el de la petrolera Oil Combustibles del sí empresario Cristóbal López, a cargo del TOCF3, seguramente tendrá sentencia antes que el de Vialidad. Y aquí el resultado parece ser más incierto.

Y se sabe en Tribunales el viejo dicho. Justicia lenta no es justicia. El ex empleado bancario Báez se había ilusionado hace dos semanas con una pronta libertad, pero debe sortear un escollo de 632 millones de pesos para lograr la caución que lo saque de la cárcel y lo devuelva a una de sus múltiples propiedades en modo prisión domiciliaria.

Todavía no fue condenado aunque todo indica que ésa será su ruta y que deberá saldar un tiempo más entre las rejas por más excarcelaciones o prisiones domiciliarias que logre entre el tiempo que medie hasta una sentencia definitiva. Y tiene más juicios en espera. Se supone que el lavado de dinero que se le imputa en uno de los que está en marcha es producto del presunto favoritismo que tuvo por parte del kirchnerismo para quedarse con el 90% de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz que se ventila en el otro en curso.