Son los de las comisiones de Acusación y Selección de jueces.
El oficialismo se apresta a remover en su próxima sesión plenaria del Consejo de la Magistratura de la Nación a los secretarios de planta de las dos principales comisiones de la institución y al parecer uno de esos casos tiene que ver con la situación del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, uno de los «históricos» del edificio más conocido de los tribunales: Comodoro Py.
Se trata este último de Andrés García, secretario de la comisión de Disciplina y Acusación, donde el expediente de mayor ruido mediático en los últimos meses fue el que atañe a uno de los dos jueces más veteranos de la primera instancia del edificio de Retiro y conocido por acumular indignos apodos a partir de su apellido, Canicoba Corral. Sólo es superado en edad en ese ámbito por su colega María Servini.
Si bien existe una vaga explicación formal, fuentes judiciales dijeron que García quedó señalado como quien le pasó a la prensa información pública (sic) sobre las acusaciones que tiene Canicoba Corral y el trámite de su expediente. El juez iba a ser beneficiado por la mayoría oficialista con una desestimación de las denuncias en su contra pero ahora quedó en un limbo, presuntamente a la espera de su jubilación y sanseacabó.
Canicoba, el de apodos indignos, estaba acusado de haber cobrado coimas del secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) al que procesó y encarceló durante el gobierno anterior, Omar «Caballo» Suárez, y sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem, además de viajes aéreos presuntamente solventados por empresarios bajo proceso en el tribunal a su cargo y presunto enriquecimiento ilícito.
Tras tres intentos fallidos del oficialismo, Canicoba Corral, titular del juzgado 6 de los famosos federales de Comodoro Py, volvió a perder en el cuarto, cuando pensaba que zafaría, al incorporarse una nueva denuncia de los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López sobre una propiedad que alquilaría a cambio de unos tres mil dólares mensuales.
Esa denuncia permitió retirar su caso del plenario y derivarlo al limbo de Labor para determinar si va a la comisión de Disciplina y Acusación para su investigación individual y permite el regreso de las otras denuncias al plenario o si se suma a ellas y demora el asunto. Todo indica que su situación seguirá en la indefinición a la espera de que cumpla 75 años, la edad límite para retirarse del cargo, lo que ocurrirá el mes que viene.
La situación de Canicoba Corral recuerda a la del inolvidable Norberto Oyarbide, quien renunció no sin sorpresas al año siguiente de asumido el gobierno de Mauricio Macri, atemorizado de que fuera enviado a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento cuando el oficialismo de entonces apenas había conseguido para ello los votos necesarios en comisión mas no en plenario, donde se requiere una mayoría especial.
Tal como pasaría ahora con Canicoba Corral, su ex colega Oyarbide, con quien al parecer no tendría mucha estima dados los escándalos públicos de su vida privada, logró con su renuncia obtener la jubilación especial destinada a los jueces bajo la ley 24.018 y evitar el riesgo de perderla al zafar de un juicio político y una probable destitución.
De hecho, García y el otro secretario, José Francisco Elorza, de la comisión de Selección de Magistrados, ya fueron desplazados la semana pasada por el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, pero esa decisión quedó «ad referendum» de la aprobación en la próxima reunión plenaria de la institución, prevista para este jueves a las 10.
La cuestión figura en el último punto del temario previsto para ese día y los consejeros oficialistas contarían con los siete votos necesarios para aprobarla ya que apenas se necesita de una mayoría simple sobre trece miembros. El punto previo es la aceptación de la renuncia de Carlos Bedetta como administrador general, quien podría ser reemplazado por Claudio Cholakian, quien ya desempeñó ese cargo la década pasada.
Los desplazamientos de García y Elorza fueron decididos por Lugones a través de la resolución 27/2020 de la presidencia del Consejo bajo el argumento de que «resulta necesario procurar una reasignación de funciones» en ambas comisiones. Por ello se colocó como secretarios provisorios a María José Schiaffino Bouchet (Acusación) e Ingrid Ivone Jorgensen (Selección).
Lugones dijo a Juez y Parte que Elorza tiene un sumario abierto por una presunta falta en el trámite de un concurso aún sin concluir y que en ese marco habría intentado ocultar información sobre esa cuestión en una computadora.
El titular del Consejo, juez de la Cámara Federal de San Martín y con previo paso por el órgano que ahora preside, planteó el tema de ambos secretarios ante sus colegas en la última reunión de Labor, justamente el mismo día en el que trascendiera un mensaje privado enviado a un grupo de whatsapp de jueces de su agrupación, la Lista Celeste, con incómodas referencias a la Corte Suprema y un comentario que se agrandó a partir de una interpretación dudosa.
En ese mensaje privado publicado por el portal Infobae, Lugones explicaba a sus colegas, casi 400, que en la Corte no hay una mayoría de votos necesarios para liberar al Consejo la plata que ella tiene atesorada en un «fondo anticíclico» y que la única manera de modificar eso es generar una nueva relación de fuerzas en el máximo tribunal, lo cual fue interpretado como una adhesión al proyecto kirchnerista de ampliación de miembros de ese cuerpo colegiado.
Lugones está convencido de que su mensaje no fue reenviado por alguno de sus colegas hacia la prensa y sí en cambio de que fue víctima de una intrusión ilegal en su teléfono. Por ello formuló una denuncia penal en el juzgado federal de Zárate-Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
