El ¿juicio? de Cristina Fernández contra Google o las cosas por su nombre.
Hay quienes no gustan del nombre o los nombres que les pusieron sus padres al registrar su nacimiento. Y tratan de ocultarlos. Al menos uno de ellos. Hay quienes quizás no pongan los nombres y apellido completos en un trámite menor por una simple cuestión de espacio. Ni hablar de los de doble apellido. Hay quienes fueron sustraídos de su identidad de niños y no tuvieron chance hasta adultos, si la tuvieron. Hay quienes no. Y hay quienes prefieren cambiar su nombre por una cuestión de percepción de identidad de género. Hay de todo. Pero hay trámites importantes inevitables y que aún así parecen ser diferentes aunque ambos sean ante la Justicia. Como una causa penal en la que uno está denunciado y otra civil en la que uno es el que demanda aunque aún no haya un juicio.
Esa es la diferencia, al menos, advertida al mirar papeles judiciales relacionados con la actual vicepresidenta de la Nación y ex presidenta de la República Argentina por dos períodos. En las causas penales en las que tuvo que «tocar el pianito» fue inevitable la exhibición de su documento de identidad y así quedó registrada en los expedientes, especialmente en los que llevó adelante el fallecido juez Claudio Bonadio, el primero que la citó a una declaración indagatoria en la que ya había surgido el asunto: Cristina Elisabet Fernández. En cambio, en la demanda que se dijo que había planteado este jueves en el fuero civil y comercial federal contra la megaempresa Google se presentó ante el juez como Cristina Fernández de Kirchner, la misma fórmula con la que firma como vicepresidenta, en su calidad de titular del Senado, y la que usó cuando era presidenta en los decretos y papeles oficiales. Con el Kirchner como sello de origen politico. Y sin Elisabet. El segundo nombre se supone que sí figura en el poder que acompañó su abogado. Parece una tontera. ¿Puristas? Sí. Pero hace a esta pequeña historia.
Su segundo nombre no es lo único que «ocultó» la vicepresidenta en su nueva presentación judicial que aún no es juicio formal. También pidió a la Justicia no exhibir la misma demanda a la propia demandada. Solicitó una «reserva de las actuaciones» con el argumento de evitar que se frustren las medidas de prueba solicitadas, lo cual alcanza a los propios abogados de Google, que dijo no estar formalmente enterada del juicio sino sólo por los medios. De hecho, la causa no figura en el sistema público de consultas del sitio web del Poder Judicial de la Nación (pjn.gov.ar), no estaba claro al principio si porque efectivamente fue reservada o porque directamente no hay juicio, como se verá.
Se trata de una «prueba anticipada» solicitada a la Justicia previo al inicio del juicio, que podrá o no comenzarse. Pero en caso de iniciarse una demanda formal, luego de la pericia informática aceptada este viernes por el juez Javier Pico Terrero, el caso debiera ir primero a una mediación, según explicaron fuentes judiciales. Por eso en Tribunales llamó la atención la difusión de la movida, sobre todo en un fuero desconocido para el gran público y alcanzado por la reforma judicial que se suponía sólo tenía como objetivo el más ruidoso Comodoro Py. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal firmó justamente el mismo día una acordada con críticas a la reforma impulsada por el Gobierno.
«Que mientras se encuentren tramitando las medidas solicitadas en el presente expediente, solicito a V.S. la ESTRICTA RESERVA de estos obrados, solicitando que únicamente sea exhibido a la parte actora y/o a sus letrados y/o autorizados expresamente», escribió y pidió a la Justicia su abogado en las causas penales, Carlos Alberto Beraldi, al final del escrito difundido por varios medios presumiblemente por su aporte. La vicepresidenta le reclama a Google por haber reemplazado su cargo en el resultado más inmediato de su buscador en internet por la siguiente descripción: «ladrona de la Nación Argentina». Una palabra en lugar de otra. Un «mote», dijo Beraldi en el escrito. Según la Real Academia Española (rae.es), mote significa «sobrenombre que se da a una persona por una cualidad o condición suya». Ella lo advirtió en la madrugada del 17 de mayo por los medios, al parecer por las redes primero y una nota del diario Clarín después. Luego desapareció esa descripción, se supone que por propia corrección de Google.
Beraldi es otro caso con los nombres. En los escritos judiciales él firma como Carlos Alberto Beraldi pero prefiere que se lo llame Alberto y no Carlos. Por lo menos así se lo dijo una vez a este periodista a la hora de difundir un artículo sobre la otra reforma penal en la que trabajó al principio del gobierno de Néstor Kirchner. Ahora preside una comisión reformadora que a otro periodista se le ocurrió llamar «Comisión Beraldi» y que propondrá al presidente Alberto Fernández cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su designación generó un obvio y generalizado reclamo ético dada su condición de abogado defensor de una persona de relevancia política e institucional en graves problemas judiciales que algún día pasarán por ese tribunal, como ya ocurrió sin éxito en las apelaciones con algunos de sus casos.
Pero la saga es encabezada, indubitable y justamente, por un juez que supo integrar la Corte durante los tres gobiernos kirchneristas y que tras su renuncia al cargo al cumplir los 75 años fijados por la ley para un nuevo acuerdo del Senado por la edad avanzada se convirtió en quizás el máximo referente judicial del kirchnerismo. De Eugenio Raúl Zaffaroni hablamos. Siempre fue Raúl a secas, no sólo familiar y académicamente sino en los medios y la política. Hasta que tras su prolífico pasado como juez penal y en la política (presidió la comisión redactora de la Constitución reformada en 1994) llegó a la Corte y algún periodista novato o algún experto olvidadizo vio los papeles de su postulación al cargo y de buenas a primeras le puso Eugenio, como indica su primer nombre. A secas, sin el Raúl. Y así quedó. Aún hoy el Eugenio perdura en muchos medios, pese a que en el sello, debajo de su firma en las sentencias de la Corte, se leía y aún se lee «E. Raúl Zaffaroni». ¿Será que no entraba todo en el sello? Las fotos de su función actual como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) lo muestran en el estrado con sus dos nombres y apellido completos en el cartel sobre la mesa.
¿Dime cómo te llamas y te diré quién eres? ¿O mejor lo dejamos así?
Dicen los penalistas -de uno y otro lado del mostrador, jueces y defensores o acusadores- que el delito o la calificación legal no importan tanto durante la investigación de un hecho delictivo sino el hecho en sí. «Después se ve», afirman. Por eso ese nombre no llega tanto a la hora de una imputación o procesamiento sino cuando de pedir o imponer una pena se habla, es decir en el juicio. Traspolado el ejemplo a los nombres y las personas, no hay nada mejor que un apodo y se acabó el problema. Por algo se le dice «sobrenombre». Moraleja: si la vicepresidenta es o fue una ladrona, como se dice en internet y los robots de Google «cazaron», lo dirán los juicios que tiene en su contra. ¿Tendrá tiempo Google hasta una sentencia penal o podrá demostrar su inocencia antes en el fuero civil? ¿Habrá juicio o vamos sólo a la mediación?