Pidieron investigar una asociación ilícita y saber si reciben ayuda del Gobierno.
No. No es broma. No estamos en la sección Carátulas. Esto es Actualidad. Y también Denuncias. Este martes ingresó una en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py contra la «nación mapuche», según quedó registrado en el sistema informático de sorteos de la Cámara Federal penal porteña y así lo reflejó el Centro de Información Judicial (CIJ). El tema es obvio: las tomas de terrenos en el sur del país. Y el delito, varios resumidos en uno: asociación ilícita. Quedó radicada en el juzgado 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Jorge Di Lello, e identifica a las comunidades o grupos que protagonizaron los últimos hechos que llegaron a los medios de alcance nacional. Junto con esta nota, la denuncia completa.
La amplitud del rubro denunciado se reduce si nos atenemos al comunicado de prensa difundido por los propios denunciantes, los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Carlos Traboulsi y Alejandra Muchart, junto con su abogado, José Console. Muchart y Traboulsi también son abogados, la primera del Gran Buenos Aires y el segundo, porteño. Allí se identifican a siete comunidades que participaron últimamente de tomas de tierras y propiedades en el Sur.
Ellas son los lof (clanes o grupos de parientes) Gallardo Calfú, de El Foyel, Río Negro; Lafken Wikul Mapu, de Villa Mascardi, Río Negro; Nahuel/Colhuan, de Villa Mascardi, Río Negro; Millalonco/Ranquehue, de San Carlos de Bariloche, Río Negro; Paillako Mew, Chubut; Peñi/Amgen, Chubut; y el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, conocido por el caso del artesano primero desaparecido y luego hallado muerto Santiago Maldonado en plena campaña electoral de 2017. El de El Foyel fue el último que llegó a la prensa nacional. Esos grupos son mencionados -aunque sin identificar personalmente a sus miembros- en el texto de la denuncia, al que Juez y Parte tuvo acceso.
El PDC tiene un bloque de tres miembros en la Legislatura de la provincia del Neuquén, de 35 integrantes. Ellos son Carlos Alberto Coggiola, Elizabeth Campos y José Raúl Muñoz. Neuquén, Río Negro y Chubut son las tres provincias en donde se registran los reclamos territoriales de personas identificadas con la comunidad mapuche. La Corte Suprema nacional ratificó la semana pasada un fallo de la Justicia de Chubut que rechazó un habeas corpus del Pu Lof de Cushamen, que se sentía perseguido y hostigado por las autoridades a raíz de sus acciones, previas al caso de Santiago Maldonado.
El reclamo ancestral, la Constitución y los delitos
En la denuncia radicada este martes en Comodoro Py se sostiene que «desde hace varios años, la NACION MAPUCHE se ha presentado a través de distintas células integradas por más de 10 personas, organizadas militarmente que se autodenominan LOF». Los denunciantes aclararon que las siete agrupaciones por ellos identificadas «se autodenominan como forma organizativa NACION MAPUCHE».
«Estas células vienen ejerciendo en forma sistemática y habitual actos delictivos que ponen en peligro la Constitución Nacional ya que se desconoce entre otras cuestiones la autoridad de la República Argentina y sus leyes sobre ellos, es decir se rechaza la Constitución Nacional, sobre la base del reclamo ancestral de tierras y pertenencia a una Nación distinta a la Argentina que es la Nación Mapuche», se añadió en la demanda y nos explicó este jueves Traboulsi en el programa radial.
Los denunciantes situaron en las tres provincias patagónicas mencionadas el «teatro de operaciones» de los LOF identificados y que ellos tienen «conexiones con organizaciones similares en la República Argentina y en la República de Chile (RAM – Resistencia Ancestral Mapuche) como así colaboración asociativa con funcionarios del Gobierno Nacional en particular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)».
«La infinidad de delitos presuntamente cometidos no tienen límites, siendo estos investigados en su gran mayoría por distintos Juzgados competentes y con la intervención de autoridades nacionales y locales. Lamentablemente, por motivos desconocidos, no se ha puesto coto a la situación de desarticular esa Asociación Ilícita, la que estaría conformada por los distintos Lof», señalaron Traboulsi y Muchart.
Entre esos delitos mencionaron los de «usurpación de tierras, robo de ganado, robos generales, lesiones y asesinatos, amedrentamiento a la comunidad de la zona, apología del delito, instigación al delito, amenazas, disparos de armas de fuego, incendios, cortes de rutas, destrucción de bosques y matanza de fauna, sabotajes, ocupaciones de edificios públicos, entre otros».
Los denunciantes pidieron medidas de prueba como informes de los juzgados en los que tramitaron las causas relacionadas con los hechos de las comunidades identificadas, de los medios de prensa que reflejaron el tema y del estatal INAI, para determinar «la relación de los Lof con el Instituto en cuanto a ayuda y logística durante las ‘Tomas’ de tierras que efectúan» y también la «vinculación de estos Lof con otras organizaciones nacionales o internacionales, en particular la Resistencia Ancestral Mapuche».