Lo dijo Germán Castelli, uno de los jueces que espera una definición de la Corte.
Pese a las versiones -por no decir otra palabra que termina muy parecido- sobre una inminente definición del caso de los tres jueces trasladados por el gobierno de Mauricio Macri y retornados a sus puestos anteriores por el de su sucesor Alberto Fernández, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resolvió esta semana el recurso de salto de instancia o per saltum más famoso de la historia judicial argentina. Mientras se esperaba una señal este jueves al mediodía, Juez y Parte entrevistó en su versión radial a uno de esos magistrados que acudieron al máximo tribunal, Germán Castelli, quien no se quejó tanto por ello pero sí por la indefinición sobre los recursos humanos pedidos desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF7) para afrontar la llamada «causa de los cuadernos» que tiene como principal acusada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
«En este caso concreto habilitó el per saltum, lo cual en sí mismo es una buena noticia, le dio pocas horas para que se pronuncien el Consejo (de la Magistratura) y el procurador general de la Nación y ellos están hace diez o quince días hábiles con este tema», respondió Castelli sobre los jueces de la Corte cuando le preguntamos sobre la conveniencia o no de que se manejen sin plazos para resolver los casos que llegan a su estudio.
«Sabemos que lo están tratando de cerrar. No es que no están tratando el tema. De modo que uno está confiado que a la brevedad esto va a ser resuelto. Tampoco puede haber un juez o tres jueces parados tanto tiempo sin administrar justicia humana», agregó el magistrado sobre la indefinición del máximo tribunal y la situación por la que atraviesa a la par de sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal penal porteña.
Castelli, retornado por el oficialismo a su anterior puesto en el TOCF3 de San Martín aunque ahora en un limbo y de licencia por la inusual situación planteada, dijo esperar «con respeto» lo que decida la Corte pero a la vez «confiado» en su «postura jurídica» porque se apoya en «aplastante prueba» a su favor.
«Lo que se está discutiendo es haberse llevado puesto ilegalmente a un juez de la Constitución. Es arrancar ilegalmente a un juez de su lugar de trabajo. No es solamente sacarlo del Tribunal Oral Federal 7, que es mi caso, sino que en el Tribunal Oral Federal 7 hay causas de extrema sensibilidad nacional e internacional ahí radicadas», expresó Castelli en obvia alusión a la causa de los cuadernos y otras de presuntos casos de corrupción.
El magistrado, que hizo toda la carrera judicial, dijo entender que «esta Corte Suprema va a reconocer la gravedad» del caso y confiar en que «obviamente va a estar a la altura de las circunstancias, más allá de las presiones explícitas que todos estamos viviendo en estos días, hechas por el poder político, o bien que esté revisándose el trabajo de la Corte para ver si se va a ampliar el número de miembros, si se le va a poner condiciones a su trabajo».
«Los jueces estamos para defender los valores republicanos», enfatizó Castelli, quien recordó, al comparar los recursos para afrontar la causa de los «cuadernos», la infraestructura lograda por el TOCF3 cuando él era el coordinador del juicio oral por el atentado contra la AMIA durante el gobierno de la Alianza, hace ya veinte años, y también su actuación, ya como juez, en otro caso complejo como lo fue el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura.