El juez Casanello investigará a los ex ministros Lemus, Rubinstein y Stanley.
Tres ex ministros, cuatro ex secretarios y dos subsecretarios de Estado y cuatro directores del gobierno de Cambiemos fueron denunciados este lunes en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py por la Oficina Anticorrupción (OA) por presunta comisión de delito por el vencimiento de 600 mil dosis de vacunas que implicaron un gasto de casi 7 millones de dólares para el Estado Nacional. El sorteo determinó que el caso sea investigado por el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.
Como surge de la foto del sistema de sorteos publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ) que ilustra esta nota y de la investigación de la OA que acompañamos junto con este texto, la denuncia incluye a los ex ministros de Salud Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein y a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley. Y en ella se pide investigar si ellos y los otros denunciados incurrieron en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y «envenenamiento culposo de medicinas», todos ellos excarcelables.
«De las constancias remitidas por el Ministerio de Salud de la Nación y aquellas reunidas en el marco de esta investigación preliminar, se puede concluir -con el nivel de provisoriedad requerido para esta etapa- que los montos indicados se habrían abonado en perjuicio del erario público estatal», se señala en la denuncia tras detallar los montos involucrados. Las vacunas en sí, del tipo dTAP (triple bacteriana acelular), costaron US$ 6.610.306; por almacenaje en «TCA-AA2000», un depósito del aeropuerto de Ezeiza, se gastaron U$S 52.739,36; por el almacenaje en el Frigorífico Oneto, US$ 205.207,69; y por la «disposición y destrucción» de las vacunas, US$ 83.150,98.
La OA, encabezada por el fiscal Félix Crous, dijo en su denuncia que a partir de un informe de la directora de Asuntos Jurídicos de las actuales autoridades del Ministerio de Salud «se tomó conocimiento de la existencia de seiscientas mil dosis (600.000) de la vacuna dTap adquiridas con el objeto de cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación, las cuales se encontraban vencidas en una cámara perteneciente al Frigorífico Oneto y Cia. SAIC -sito en esta Ciudad- el cual fuere contratado por la Cartera como operador logístico».
«Dieron asimismo con una contratación directa -sustanciada entre los años 2018/2019- cuyo objeto resultó la recolección, tratamiento y disposición final de aproximadamente 40 toneladas de residuos peligrosos alojados en el mencionado Frigorifico Oneto dentro de las cuales se encontraban las 600.000 dosis de dTap previamente aludidas», añadió la OA al citar el informe del ministerio encabezado por Ginés González García.
«Refirieron que el Estado Nacional -a través del Ministerio de Salud- habría invertido la suma de U$S 6.610.306 (dólares estadounidenses seis millones seiscientos diez mil trescientos seis) en la adquisición de las dosis importadas y la de $ 4.370.000 (pesos cuatro millones trescientos setenta mil) en el tratamiento y disposición final de las mismas», concluyó el resumen del informe llegado a la OA.
El derrotero de las dosis
La partida de la vacuna triple (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa) fue dispuesta a través de una resolución firmada el 16 de setiembre de 2016 por el entonces ministro Lemus y estaba destinada a mujeres gestantes y niños de once años de edad. El vendedor fue el laboratorio Glaxo Smith Kline Biologicals y las dosis vencían entre abril y agosto de 2018. Llegaron a Ezeiza en diciembre de 2016 y allí permanecieron hasta julio del año siguiente, cuando fueron trasladadas al Frigorífico Oneto, ubicado en Barracas.
Pero las vacunas entraron en cuarentena -vaya paradoja en medio de la pandemia del coronavirus Covid 19- porque no estaba garantizada la «cadena de frío» ya que sus sensores de temperatura habían expirado en diciembre de 2016. Allí permanecieron hasta el 16 de julio de 2018, cuando pasaron al sector «vencimientos» para su destrucción. La cartera de Salud dijo que no hay registro de la manutención en el depósito de Ezeiza porque «no se han hallado los requerimientos de los termogramas». Se trataba de un «elemento de suma importancia para proceder a la distribución y posterior aplicación de las dosis adquiridas», se explica en la denuncia.
«En otras palabras, desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento», dice la investigación de la OA llevada a la Justicia.
«Eran 3 millones y medio, no cuatro, y esto no es una auditoría que hizo Ginés (González García), es un relevamiento que hicimos nosotros en nuestra gestión, en mayo de 2019. De estas 3 millones, la mayoría eran vacunas antigripales. En 2016 hubo una gripe muy fuerte y en la gestión de Lemus, yo no estaba, se compraron muy justas las vacunas. Por eso, anticipando una temporada invernal en 2017 difícil, se hizo una compra mayor. La temporada fue más suave de lo previsto. Por eso sobraron dos millones de vacunas», había dicho Rubinstein dos meses atrás, cuando su sucesor en la cartera anunció el hallazgo de «cuatro millones de dosis de vacunas vencidas» en el frigorífico de Barracas.