Tal como era de prever las declaraciones y acciones del kirchnerismo contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, tuvieron su inmediata repercusión en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py. Adrián Bastianes, titular del partido Voz Ciudadana y habitual denunciante ante situaciones similares de repercusión pública, reclamó que la diputada oficialista Vanesa Siley sea investigada por la presunta comisión del delito de extorsión en perjuicio del titular del máximo tribunal. ¿El motivo? La reactivación de un viejo pedido suyo de juicio político al magistrado tres días después que éste convocara a un acuerdo extraordinario de ministros de la Corte para tratar el recurso de per saltum interpuesto por tres jueces federales desplazados de sus cargos clave en Comodoro Py finalmente abierto a discusión y tramitado ahora en el máximo tribunal.
La denuncia quedó radicada en el juzgado 1, a cargo de María Servini. Lo que no dice la foto de los sorteos de denuncias publicados por el Centro de Información Judicial (CIJ) es que Bastianes también pidió que Siley sea investigada por la presunta comisión de los delitos de abuso de poder y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática. Ahora deberá ratificar su presentación, oportunidad en la que probablemente incluya al también diputado oficialista Leopoldo Moreau, por declaraciones públicas posteriores que incluyeron a todos los miembros de la Corte, según le dijo el propio denunciante a juezyparte.com.
Siley, también integrante del Consejo de la Magistratura y secretaria general de la federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (más conocida por SiTraJu), había pedido el juicio político de Rosenkrantz en 2017 por su fallo en el llamado «caso Muiña», por el apellido de un represor excarcelado por decisión mayoritaria del máximo tribunal. La legisladora amplió su solicitud en medio de la discusión de los jueces trasladados con el argumento de las demoras en los juicios a los represores de la dictadura y la falta de convocatoria por parte del presidente de la Corte a la comisión Interpoderes que monitorea el asunto, lo que luego se hizo.
La difusión pública de la solicitud de Siley en la cámara Baja motivó una inusual respuesta también pública de Rosenkrantz, quien dijo ser «blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades» desde un «tiempo» que no circunscribió aunque obviamente tiene que ver con su designación para ocupar una vacante en la Corte a través de un decreto del ex presidente Mauricio Macri apenas asumido en el cargo desde el campo privado y el desacuerdo con algunos de sus fallos en minoría. Rosenkrantz finalmente desembarcó en el máximo tribunal con el acuerdo del Senado, al igual que Horacio Rosatti, el otro jurista propuesto por el gobierno de Cambiemos cuando la Corte tenía solo tres miembros sobre cinco previstos.
«Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución. Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno», sostuvo Rosenkrantz en una carta pública. Siley aclaró luego que lo acusaba a Rosenkrantz de haber fallado a favor de las excarcelaciones de represores aun después de una ley del Congreso surgida como consecuencia del fallo Muiña y que corregía el vacío legal allí señalado.
La denuncia de Bastianes, tras su ratificación, pasará a estudio del fiscal Eduardo Taiano, quien deberá determinar si existen elementos para abrir una investigación penal o si se la desestima por inexistencia de delito, como a veces ocurre ante situaciones de este tipo aunque no siempre.